Los datos del INDEC indican que la población en edad activa entre 20 y 65 años de edad se ubica en 19 millones de personas. El 50% de estas personas no terminó la educación media. En este segmento de la población la pobreza es sustancialmente mas alta que entre los que tiene mejor formación y, en gran parte, se debe a las serias dificultades para la inserción laboral. Los datos son elocuentes:

– La tasa de desempleo supera el 20%, es decir 7 puntos por encima de la que se observa entre quienes alcanzaron o superaron la educación media.

– El 80% trabaja en pequeñas empresas con menos de 25 trabajadores.

– La incidencia del empleo no registrado es del 63% contra 38% entre los mayor nivel de educación.

– El salario promedio es de $460 mensuales, es decir, un valor muy parecido al salario mínimo y representa el 57% del salario de los de mayor nivel de educación.

Frente a este delicado panorama la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el fallo “Vizzoti, Carlos A. c/AMSA S.A. s/ Despido” señala correctamente que “es el mercado el que debe adaptarse a los moldes fundamentales que representa la Constitución\». Por esto, es de vital importancia evaluar el impacto que las decisiones de la Corte provocan en el funcionamiento del mercado laboral y, a través de él, en la situación social.

¿Cómo se adaptará el mercado de trabajo a estas nuevas reglas de juego? En lo inmediato, aumentan los costos de la extinción del contrato de trabajo. El fallo referido al tope de la indemnización por despido afecta de manera directa a una reducida fracción del mercado de trabajo que disfruta de los salarios más altos. Esta elite no representa más del 5% del total de los trabajadores. El fallo referido a la Ley sobre Riesgos del Trabajo podría tener un impacto mucho más amplio y generalizado si la consecuencia de apartarse de la letra de la Ley es restablecer el esquema vigente con anterioridad a 1996.

Pero los fallos tienen una señal más importante aún. En el fondo, lo que transmiten que en la Argentina todo es posible dentro del péndulo de los vaivenes políticos. Mientras que en otros países la alternancia política es un aspecto saludable de su sistema político, en Argentina, pareciera ser un factor generador de inseguridad jurídica e incertidumbre.

Desgraciadamente, quienes mas sufren las consecuencias de esta distorsión del sistema político son los segmentos mas vulnerables del mercado laboral. Los puestos de trabajo de baja productividad no generan ingresos suficientes para pagar un salario digno, cumplir con los elevados impuestos al trabajo, afrontar los costos regulatorios y burocráticos, y acumular una “reserva” para futuros juicios o cambios en las reglas de juego que determinen alguno de los tres poderes que integra el Estado argentino.

Por esto, el destino de al menos 50% de la fuerza de trabajo cuya calificación sólo le permite desarrollar actividades de baja productividad tiene un panorama muy desalentador. Bajo las actuales reglas de juego, que se han visto consolidadas con las intervenciones recientes de la Corte Suprema de Justicia, se consolidan como únicas alternativas el desempleo, el plan asistencial o, en el mejor de los casos, un puesto de trabajo en una pequeña empresa que opera en la informalidad, donde los salarios además de pagarlos “en negro”, son manifiestamente insuficientes.



Fuente: Instituto para el Desarrollo Social Argentino (www.idesa.org)