| Primero fue el corralito, después el corralón, después la pesificación, ahora las autoridades de la provincia de Buenos Aires quieren meterse con las cajas de seguridad que los contribuyentes tienen en los bancos. Pareciera ser que los políticos argentinos están lanzados en una enloquecida carrera por no dejar vestigios del derecho de propiedad bajo el argumento de que el bien común (vaya uno a saber qué quiere decir esto) está por encima del bien particular.
Cuando el subsecretario de Ingresos Públicos de la provincia de Buenos Aires, Santiago Montoya, dice que va a perseguir a los evasores dónde sea y cómo sea, no advierte que, en su objetivo por recaudar, no sólo está vulnerando derechos básicos que deberían ser respetados, sino que, al adoptar una actitud persecutoria tipo KGB, lo único que está logrando es igualar hacia abajo a la sociedad. ¿Por qué? Por es tal la actitud persecutoria que el Estado tiene hacia aquellas personas que han logrado alguna mejora económica en su vida, que quienes consiguen hacer alguna diferencia sólo piensan en poner a salvo sus ahorros de las manos depredadoras del Estado. Al buscar refugio del latrocinio estatal, la gente deja de invertir sus ahorros, lo que produce un menor nivel de actividad, genera menor cantidad de puestos de trabajo y salarios reales miserables. En otras palabras, todo parece indicar que los políticos que hoy dominan el país prefieren que todos sean pobres con tal de no tener que tolerar a un solo rico. En realidad, los únicos que en la Argentina pueden tener un nivel de vida digno para esta dirigencia política que controla el poder, son ellos mismos. Cualquiera que no pertenezca al “selecto” grupo de políticos que detenta el poder tiene que ceder sus riquezas para que ellos, “solidariamente”, puedan distribuirlas.
Es evidente que cada paso que el Estado avanza en su violación al derecho de propiedad es un paso más hacia la miseria generalizada, porque ante tanto robo por parte del Estado del fruto del trabajo de la gente hay menor inversión, crecimiento y puestos de trabajo.
La Argentina se ha transformado en un país donde si a uno no lo roban los delincuentes comunes, le roba el Estado. ¿Cómo nos roba el Estado? Cobrando impuestos confiscatorios que sólo sirven para financiar a una legión de empleados públicos innecesarios, que no son otra cosa que parte del aparato político que domina el poder en la Argentina. Y si no le roban a la gente honesta para financiar el aparato político le roban para financiar a los piqueteros que, además de ser movimientos políticos violentos, constituyen una especie de “fuerzas armadas” paralelas a las que constitucionalmente corresponde sostener.
Quien hoy tiene la osadía de tener un auto nuevo relativamente caro o una casa llamativa pasa a ser el blanco de los secuestradores, de los ladrones o del fisco.
La medida que impulsa el subsecretario de Ingresos Públicos de la provincia de Buenos Aires confirma, una vez más, que es altamente peligroso tener bienes en la Argentina, con lo cual estamos condenando al país a seguir su camino de larga decadencia.
También es falso que el argentino sea un evasor compulsivo. Realmente estoy cansado de escuchar esa estupidez de que los argentinos somos evasores por tradición. ¿De dónde salió esa idiotez? ¿Acaso cayó algún meteorito en la Argentina con un virus que nos hace evasores de impuestos? Falso. Lo que ocurre en nuestro país es que el sistema impositivo es tan agresivo con el ciudadano y el Estado ofrece tan pocos bienes públicos a cambio de los impuestos que cobra que, finalmente, el contribuyente termina arbitrando entre pagar altos impuestos para no recibir nada a cambio o poner el fruto de su trabajo a salvo del Estado depredador.
Insisto, en la Argentina tener éxito económico es mal visto por los políticos. Por ejemplo, si algún sector ganó lo que algún burócrata considera “mucho” durante la década del 90, entonces ahora tiene que perder o ganar menos por “solidaridad”. En realidad no es por solidaridad, sino que es porque ellos quieren controlar algunos precios para evitar aumentos en la tasa de inflación. Por eso escoden detrás de la palabra solidaridad un arbitrario control de precios que a ellos los beneficia políticamente.
Si un sector gana más porque aumentó en el mercado internacional el precio del producto que vende, entonces hay que aplicarle impuestos a las exportaciones para redistribuir “solidariamente” esa mayor utilidad.
Si alguien hace una inversión en el sector real de la economía y contrata personal, le aplican todas las leyes “solidarias” que puedan inventarse para que el tipo quede fundido y ni se le pase por la cabeza tomar gente.
En síntesis, es manifiesta la hostilidad de los que controlan el poder en la Argentina contra los que quieren progresar y tener éxito. No debe sorprendernos, entonces, que las calles estén llenas de gente mendigando, revolviendo los tachos de basura y la pobreza haya llegado a niveles alarmantes. Es el resultado lógico de las políticas que se aplican en la Argentina, políticas que tratan de destruir y perseguir a todo aquel que quiera invertir y generar riqueza en el país.
Quienes controlan el poder en la Argentina son máquinas de fabricar pobreza y, a esta altura del partido, no es por equivocación: todo parece indicar que fabricar pobres es un acto deliberado para que cada vez sean más los que dependan de ellos para poder sobrevivir. © www.economiaparatodos.com.ar |
