Todavía no sabemos si el discurso pro inversión que acaba de lanzar el Gobierno tiene que ver con una intención de contrarrestar el “efecto Aguas Argentinas”, si es solo jueguito para la tribuna de cara a las elecciones o si se debe a que comienza a advertir que la reactivación tiene un techo determinado por el escaso stock de capital disponible para producir. En todo caso, si el gobierno tiene una verdadera vocación de atraer inversiones de capitales extranjeros y nacionales, el gran interrogante que queda por dilucidar es: ¿incentivará inversiones para que el empresario se gane el favor del consumidor o el esquema estará basado en empresarios prebendarios que sólo buscan rentas extraordinarias gracias a los privilegios que les otorgan los funcionarios de turno?

La definición del marco en el cual se pretenda incentivar las inversiones no es un tema menor. En el primer caso, tiene que darse un profundo cambio en las reglas de juego y, sobre todo, un profundo cambio en la forma de pensar de los actuales gobernantes. Si se opta por la segunda alternativa –es decir, acordar con empresarios prebendarios- el resultado será una mayor concentración del ingreso en los pocos elegidos por el gobierno como ganadores y, como mínimo, una nueva frustración de progreso para la población en general.

Para que tengamos inversiones competitivas, las que buscan ganarse el favor del consumidor, el gobierno tiene que girar por completo en su ideología. Tiene que dejar de aislarnos del mundo, tiene que respetar el derecho de propiedad -no sólo en los stocks, sino también en los flujos (leáse respetar las ganancias)-, debe modificar la legislación laboral y tributaria para quitarle ineficiencias al sector privado, tiene que abrir la economía y es preciso que deje de lado su discurso prepotente y de enfrentamiento social.

Ahora bien, si el gobierno pretende captar inversiones con las actuales reglas de juego, manteniendo la debilidad de los derechos de propiedad y definiendo arbitrariamente ganadores y perdedores, el tipo de inversiones que recibiremos estarán limitadas en la cantidad y en su calidad. Pero, sobre todo, la mayoría de los escasos inversores, al ser cortesanos del poder, establecerán una alianza con los funcionarios que se caracterizará por extender un amplio manto de sospechas de corrupción. ¿Por qué? Porque las inversiones basadas en las actuales reglas de juego sólo pueden darse si hay un intercambio de “favores”: “Si vos, Estado, me das subsidios, mercados cautivos, ventajas impositivas, etcétera, yo empresario pongo algunos dólares. Lo que me tenés que asegurar como Estado es que yo logre ganancias que no obtendría si tuviera que competir por el favor del consumidor”.

La respuesta del funcionario puede ser: “Bueno, yo te doy esa renta extraordinaria pero tiene un costo. Dame un porcentaje de las utilidades futuras que vas a lograr con mi firma y cerramos el negocio. Yo violo el derecho de terceros, pero haceme partícipe de tus ganancias”.

Así, una vez más, la Argentina terminará siendo víctima de una alianza entre funcionarios corruptos y pseudo empresarios, también corruptos. Alianza que tendería a afianzarse con el tiempo, porque a más renta en base a privilegios más corrupción y así sucesivamente.

Por supuesto que dentro del periodismo siempre estarán disponibles los mercenarios de siempre, que publicarán en primera plana y con letras gigantescas una inversión de 3 millones de dólares para construir un edificio de tres pisos. Las máximas autoridades de la Nación aparecerán en la correspondiente foto con sus socios pseudos empresarios tratando de venderle al público el interés que tienen los empresarios por invertir en esa “nueva” Argentina.

Mientras tanto, el discurso que tratará de tapar el negociado consistirá en resaltar la creación de nuevos puestos de trabajo, en la defensa de lo nacional y cosas por el estilo.

Obviamente, las rentas extraordinarias logradas entre funcionarios y empresarios corruptos irán a parar a alguna cuenta en el exterior y, por si acaso, pondrán algunos pesos para hacer un tinglado mostrando cómo se sigue invirtiendo en Argentina, previa invitación y movilización de radios, noticieros de televisión y periódicos.

El marco institucional que fije las reglas de inversión que se están proclamando nos dará la pauta de si vamos hacia un país que seguirá en una orgía de corrupción o, por el contrario, vamos hacia un modelo en el cual el stock de capital por trabajador aumentará, y el salario real y la calidad de vida de toda la población subirá.

¿Vamos hacia el dominio de una nomenclatura que vivirá a cuerpo de rey con un pueblo cada vez más pobre o vamos hacia un capitalismo democrático en el cual volverán a tener valor el trabajo, el ahorro, el esfuerzo personal, el espíritu emprendedor, la inversión de riesgo y el despliegue de la capacidad de innovación de la gente? ¿O vamos a tener un Estado empresario que constituirá otra fuente de ineficiencia y corrupción?

Decir que uno quiere inversiones no significa nada si no se establece claramente qué tipo de inversiones se desean para el país. Y si uno opta por captar inversiones competitivas, tiene que estar dispuesto a adoptar las reglas de juego que las generan.

¿Habrá voluntad en el gobierno para cambiar y buscar inversiones competitivas? No lo sé. Lo que sí sé es que, por ahora, no se observan señales que indiquen que se desea recorrer la senda del capitalismo democrático. © www.economiaparatodos.com.ar