| El Ministerio de Educación de la Nación, encabezado por Daniel Filmus, lanzará el próximo lunes -con la presencia del presidente Néstor Kirchner- una gran consulta general, entre gremios, universidades y especialistas, para formular una nueva ley de educación que derogue la actual.
Que la Ley Federal de Educación no rindió los frutos que se esperaba de ella no es ninguna novedad. Tampoco es una noticia que hay jurisdicciones en donde ni siquiera la aplicaron y en las cuales los resultados educativos tampoco fueron muy distintos a aquellos lugares donde sí se aplicó (es gracioso comprobar que muchas de las críticas hacia la Ley Federal de Educación salen, precisamente, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, lugar donde no fue implementada, y que cuando el ministro Filmus fue secretario de Educación de ese distrito tampoco lo hizo).
Con el mismo criterio que pretende cambiarse la mencionada ley (que como toda norma es perfectible, eso no está en duda, y hay muchísimas cosas sobre su implementación que deben mejorarse), habría que hacer lo mismo, por ejemplo, con las leyes de tránsito, ya que si nos guiamos por los resultados han surtido menos efecto que la Ley Federal de Educación: mueren más de 10.000 personas al año a causa de los accidentes de tránsito, sólo poco más de un tercio de los automovilistas usan el cinturón de seguridad, se estaciona en cualquier parte, quien circule por rutas o autopistas sabe que la velocidad máxima es simbólica, etcétera. ¿No es mejor hacer que la ley de tránsito se cumpla en vez de sancionar otra nueva, que probablemente diga lo mismo que la anterior, o cosas muy parecidas?
Lo mismo sucede con la Ley Federal de Educación. Graciosamente, el año pasado, el Congreso de la Nación sancionó con bombos y platillos la Ley de Financiamiento Educativo para que de aquí al 2010 se eleve al 6% el porcentaje del PBI aplicado a la educación, cosa que ya se había sancionado a través de la Ley Federal 14 años antes y por supuesto no se había cumplido. ¿No era más fácil cumplir con la ley en vez de sancionar una nueva que dijera lo mismo?
¿Que dirá una nueva ley de educación? ¿Qué la educación es obligatoria? Ya está. ¿Qué debe ser gratuita? Ya está. ¿Qué el Estado es el responsable de la política educativa? Ya está. ¿Fijará una nueva estructura? Esto es posible, pero ¿por qué no probamos primero la que la ley actual manda?
La actual ley sanciona, por ejemplo, la obligatoriedad de la sala de 5 años. Esto no se ha conseguido. ¿Por qué no intentan conseguirlo y, una vez logrado, ven si es bueno o es tan malo como para cambiarlo? Los contenidos básicos comunes que en su momento fijó el Consejo Federal de Educación para cada ciclo no son malos: todo lo contrario. Quizá exceden las posibilidades de muchas escuelas. Pero, ¿por qué no arbitramos los medios para que al menos una mayoría de los alumnos alcancen esos objetivos y después evaluamos si fue bueno o malo? ¿Por qué las autoridades no hacen algo tan sencillo y que está dentro de sus obligaciones como es que la ley se cumpla?
La manera de que una nación crezca no es haciendo leyes: es haciendo cosas. Reconozco que hacer un “lanzamiento” de “vamos finalmente a cumplir con la ley” debe ser políticamente incorrecto. Pero mientras los gremios, las universidades, los expertos y las demás organizaciones sociales “debatamos” la nueva ley, estaremos perdiendo un tiempo precioso para tratar de cumplir con la actual, habida cuenta de que “total ya va a cambiar”.
No recuerdo ningún librepensador que haya dicho “argentinos, a las leyes”. Por lo visto, al que dijo “argentinos, a las cosas” no lo recuerdan nuestros gobernantes. © www.economiaparatodos.com.ar
Federico Johansen es Licenciado en Ciencias de la Educación (UBA). |
