En su reciente visita a la Argentina, el historiador y académico francés Pierre Nora dio a los argentinos un sabio consejo: “No confundan memoria e historia; la memoria es el recuerdo de un pasado vivido o imaginado difundido por quienes experimentaron aquellos hechos o creen haberlo hecho. Por naturaleza es afectiva, emotiva, inconsciente de sus sucesivas transformaciones, vulnerable a toda manipulación. La memoria depende en gran parte de lo mágico y sólo acepta las informaciones que le convienen. La historia, por el contrario, es una operación puramente intelectual, laica, que exige un análisis y un discurso críticos. La historia es una construcción siempre problemática e incompleta de aquello que ha dejado de existir, pero que dejó rastros. A partir de esos rastros, controlados, entrecruzados, comparados, el historiador trata de reconstruir lo que pudo pasar, y, sobre todo, integrar esos hechos en un conjunto explicativo… La historia no puede ser dictada por los legisladores. Eso sucede sólo en los países totalitarios, no en una democracia”.

Hemos asistido en estos últimos tiempos a una vigorosa e incesante campaña del gobierno nacional en pos de imponer una parcial e incompleta memoria en relación a la lucha fraticida que ensangrentó el país durante la pasada década del setenta. Una memoria hemipléjica, lesiva de la unión nacional y de la verdad histórica, que pretende instaurar la falsa versión de que hubo entonces un solo demonio: el militar.

Difundida desde los colegios, las universidades y el grueso de los medios de comunicación, esta idea ha calado hondo en la población, pero difícilmente sobreviva a la mirada crítica y objetiva de los historiadores del futuro.

Cuando ellos vayan en busca de los rastros de ese pasado doloroso, hallarán entre ellos una huella profunda e imborrable: la marcada por el horroroso cautiverio y martirio del coronel Argentino del Valle Larrabure.

Un primer dato, tal vez, los sorprenda: Larrabure fue secuestrado el 11 de agosto de 1974 y asesinado el 23 de agosto de 1975. Ninguna dictadura gobernaba entonces el país. Lo hacía Isabel Perón, quien, junto a su esposo, había sido elegida por el 62% de los votos.

Seguramente se preguntarán qué razón hubo entonces para secuestrarlo y retenerlo durante 372 interminables días en una lóbrega, húmeda y minúscula celda; qué motivos tuvieron para torturarlo y finalmente ahorcarlo por la espalda.

Hurgando en los diarios y decretos dictados en los años 1974/75, los cotejarán con los publicados y dictados en la primera década del siglo XXI y verificarán cómo se ha manipulado la memoria. Hoy, los asesinos de Larrabure han dejado, como miembros del ERP, de ser terroristas; ya no forman parte de una organización ilegal que el gobierno constitucional de entonces no trepidó en calificar en sus decretos como “terrorista”. Se han transformado, mágicamente, en “jóvenes que tan sólo pensaban diferente”.

¿Eran realmente así? El interrogante ha sido respondido por la víctima en su diario del cautiverio, donde narra el sadismo y la crueldad de sus verdugos, imputación que probó con el estado que su propio cuerpo tenía cuando fue hallado. Había perdido 47 kilos, sus testículos presentaban signos evidentes de sucesivas torturas y en su cuello podía verse la marca profunda de la cuerda o el alambre con que lo ahorcaron.

Murió sin quebrarse, sin ceder a la vil propuesta de canjear su libertad por la colaboración en la fabricación de explosivos para los subversivos. Murió de pie, invocando a Dios y cantando el Himno Nacional. No es ello, sin embargo, lo más admirable. Lo que especialmente conmueve y admira es que murió perdonando a sus asesinos, pidiendo a su mujer e hijos que, aunque sucediera lo peor, no odiaran a nadie y devolvieran la bofetada poniendo la otra mejilla.

Esta elevada exigencia moral ha sido honrada por los suyos. Quien lea el libro “Un canto a la Patria”, escrito por Arturo, su hijo, no hallará odios ni pedidos de venganza, sino una convocatoria a la reconciliación, al perdón y al arrepentimiento por parte de todos los sectores que olvidaron el sagrado valor de la vida.

Tiempo atrás, al votar en la causa “Simón”, el ministro de la Corte Suprema de Justicia, doctor Maqueda, definió al crimen de lesa humanidad como aquél en que la persona no cuenta.

Coincidiendo, Juan Pablo II denunció en su hora que “el terrorismo se basa en el desprecio de la vida del hombre. Precisamente por eso, no sólo comete crímenes intolerables, sino que, en sí mismo, en cuanto que recurre al terror como estrategia política y económica, es un auténtico crimen contra la humanidad” (1).

El caso de Larrabure es un ejemplo palpable de estos condenables crímenes, como también lo son los atentados a la AMIA y a la Embajada de Israel que causaron casi cien víctimas y que se encuentran a punto de prescribir si no se los califica de esa manera.

“La historia permanece, la memoria va demasiado rápido. La historia reúne, la memoria divide”, advierte Nora, mientras los jueces de la Corte –urgidos desde el atril presidencial a expedirse en determinado sentido– enfrentan el dilema moral de fallar conforme a la memoria o a la historia. © www.economiaparatodos.com.ar

(1) Cfr. “No hay paz sin justicia. No hay justicia sin perdón”.