Los diferentes contratos de obras y servicios que tuvieron que ver con el abastecimiento de las numerosas unidades militares de las fuerzas norteamericanas de ocupación en Irak han generado toda suerte de investigaciones y dificultades. Particularmente (por razones políticas) aquellos que tienen que ver con el grupo Halliburton, en el que alguna vez se desempeñó el actual vicepresidente de los Estados Unidos, Dick Cheney.

No obstante, lo cierto es que la enorme mayoría de las acusaciones finalmente resultaron (después de ser investigadas) ser infundadas.

Pese a ello, las acusaciones de que, en algunos casos, se habrían “inflado” los precios y costos de los contratistas del Estado siguen acumulándose, unas sobre otras, respecto de Irak.

En algunos episodios, ellas se canalizan a través de procedimientos judiciales, ante los tribunales federales.

En un caso reciente, iniciado por una ex empleada de una de las subsidiarias de Halliburton (una empresa conocida como KBR), hay algunas lecciones que pueden quizás extraerse para un medio, como el nuestro, en el que también parece haber un altísimo grado de corrupción en el capítulo de la obra pública, que también se extiende al de la publicidad oficial y contrataciones de asesores, a juzgar –siempre– por los rumores de toda índole que circulan abundantemente, por doquier. (Esto parece ser tan así que un ex ministro de Economía decidió, hace apenas algunos meses, abandonar su cargo ante la sospecha de que en este capítulo (el de la construcción y obra pública) de la actividad estatal las cosas están hoy lejos, bien lejos, de ser transparentes.)

La acción, en el caso aludido de los Estados Unidos, se inició bajo las normas de la llamada “False Claims Act”, una ley que permite al Estado norteamericano obtener una indemnización en aquellos casos de corrupción que se descubran a partir de una denuncia realizada por un ex empleado de la empresa involucrada. A éstos (los denunciantes) se los llama, gráficamente, “whistleblowers” (los que “tocan el silbato”).

El incentivo para que los “whistleblowers” se animen a promover, pese a los obvios riesgos e incomodidades, este tipo de denuncias, es que el ex empleado que –conociendo la existencia de corrupción– decide transformarse en denunciante puede obtener para sí entre un 15 y un 30% de la indemnización que en definitiva corresponda, si en el caso se demuestra efectivamente la existencia de corrupción.

¿Se imaginan la que se armaría si algún partido político argentino lo propone en sus postulados para la campaña que viene?

Otra que las “coimas en el Senado”. Es posible que muchos crean (y no sin razones) que entre nosotros no alcanzarían los juzgados para atender a los denunciantes que un incentivo de esta naturaleza puede generar. Sería higiénico, ciertamente.

¿Les gustará la idea a nuestros políticos de la oposición? Me refiero a los Lavagna, Binner, Carrió, Macri o López Murphy? Ojalá que sí.

Porque cuando el río “suena”, dicen generalmente que “agua trae”. Y está “sonando” mucho y flota en el aire una suerte de tufillo especial que huele –cada vez más– a las prácticas que se atribuyen a la “normalidad contractual” en Santa Cruz. Veremos si esto es así. Y en qué, al final, termina.

Pero la fórmula norteamericana para “detectar” la corrupción luce interesante. ¿No es así? © www.economiaparatodos.com.ar