No hay ninguna duda de que estamos navegando por un período inusualmente próspero para nosotros y toda la humanidad.

Desde hace cuatro años hasta el presente, el gobierno del presidente Kirchner gozó de un formidable viento de cola porque en este período, y sin mérito de su parte, aquella misteriosa relación cepaliana de los “términos del intercambio” dio una vuelta de campana y dejó de operar en favor de los exportadores de manufacturas tecnológicas para beneficiar a los productores de materias primas y alimentos naturales.

En estos mismos años, simultáneamente se produjo el fenómeno de la masiva emigración de empresas de alta tecnología que -como una bandada de patos- levantaron sus plantas del Silicon Valley y del eje Tokio-Nagoya-Osaka para trasladarse hacia las ciudades costeras del mar de la China, con lo cual ocasionaron una sustancial caída en dólares de los precios de productos electrónicos, informáticos y artefactos para el hogar, que importamos en abundancia.

Al mismo tiempo, la política de la Reserva Federal de EE.UU. mantuvo las tasas de intereses más bajas de la historia moderna, lo cual sirvió para doblegar la intransigencia de los inversores en bonos argentinos defaulteados.

Asombrosa, también, resultó la ayuda brindada por el presidente George W. Bush a los propósitos oficiales de reestructurar la deuda externa argentina. No debe olvidarse que el Departamento del Tesoro y la diplomacia americana estuvieron decididamente al lado del presidente Kirchner apoyando activamente su enfrentamiento con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y los bonistas internacionales mediante votos y gestiones favorables a la inédita propuesta de reestructurar la deuda con una enorme quita del capital y extensión de plazos fuera de lo común.

En la administración norteamericana quizás haya predominado la estrategia de dejar sentado un fundamento jurídicamente sólido reconociendo la “doctrina del derecho de precedentes”, típica de las prácticas del common law. En la legislación sajona, el “derecho de precedentes” permite convertir las sentencias innovadoras en antecedentes judicialmente válidos, siempre que sean pacíficamente aceptadas por la comunidad financiera internacional. En este caso, el default y la reestructuración argentina, eventualmente, podrían servir de “derecho de precedentes” para una utópica –pero hoy impensable– decisión sobre la astronómica deuda pública americana.

Con este marco tan favorable, de 2003 a 2006 transcurrieron cuatro años de bonanza económica, donde el producto bruto interno (PBI) creció realmente a tasas asiáticas, la industria recuperó su lugar, el campo comenzó a llenar sus arcas con los altísimos precios de la soja, el Estado recaudó impuestos hasta las orejas, se incrementaron notablemente los consumos corrientes, aumentaron los viajes turísticos, se construyeron innumerables inmuebles de lujo, se compraron gran número automóviles de alta gama y los teléfonos digitales tuvieron una difusión explosiva.

Confesión de un fracaso

Sin embargo, después de un período saturado con tan increíbles ventajas y cuando todo parecía consolidado, comenzaron a aparecer dos viejos fantasmas: la inflación real no registrada en los índices oficiales y la crisis energética del gasoil y el gas natural.

Esto comenzó de a poco, afectando algunas pequeñas cosas y revelando que no todo andaba bien. Los subsidios direccionados por el gobierno contribuyeron a mantener ocultos estos problemas y agravaron la situación al distorsionar las señales de escasez y abundancia demostradas por los precios intervenidos. Algunos analistas económicos imparciales comenzaron a señalar esta distorsión de precios relativos, pero no tuvieron acogida en los medios estatales y privados porque ambos estaban ocupados en ganar mucho dinero sin reparar que el modelo estaba agotando las reservas acumuladas durante los años de la convertibilidad.

De pronto la inflación volvió por sus fueros y ello obligó al presidente a designar un agresivo funcionario que, con leyes o sin ellas, comenzó a presionar a los empresarios, negociar congelamientos nominales de precios y disponer la prohibición de las exportaciones básicas cuando afectaban el índice oficial de precios. Tal como estaba escrito en los manuales elementales de economía, hicieron su aparición todas las tretas conocidas para eludir el cerco impuesto por la Secretaría de Comercio y la escasez comenzó a mostrar su impiadoso rostro en el abastecimiento de insumos imprescindibles para la industria y el campo: gas y gasoil.

Entonces, la acumulación de incoherencias y distorsiones provocó el atascamiento en la dirección del proceso económico, que perdió su espontánea automaticidad. El Estado se puso a sustituir el sistema de precios libres por un improvisado esquema de órdenes dictadas por un comisario político a quien se le atribuyeron facultades ilegales para disponer penas de prisión si no se obedecían sus instrucciones.

Al cabo de cuatro años triunfales, se llega a imponer una ley de abastecimiento que fue dictada en el año 1974 por el presidente Lastiri, cuyos méritos consistían en su casamiento con la hija del preceptor del gobierno justicialista y en la exhibición pública de una formidable colección de lujosas corbatas.

A pesar de que esa ley fue derogada en 1991 por otra ley de desregulación económica, el funcionario de marras dispuso su rehabilitación fáctica y amenazó con aplicar castigos y penas de prisión que no tienen poder legal alguno, pasando por encima a toda cuestión de seguridad jurídica.

No existe demostración más contundente de este nuevo fracaso del dirigismo económico que la adopción irregular de estas medidas coercitivas en reemplazo del orden espontáneo basado en el mercado.

Los errores de conducción

Llegados a esta altura de los acontecimientos, las complicaciones sustanciales que sufre la dirección del proceso económico están señalando gruesos errores de conducción política y económica.

Hay dos formas de conducir la política económica. Una consiste en actuar como un brigadista desorientado que corre de un lado para otro con precarios equipos para apagar incendios. La otra, en obrar como un arquitecto que diseña un proyecto global muy bien pensado y que se dedica pacientemente a dirigir la ejecución de la obra asegurándose de su funcionalidad, solidez, practicidad y hasta de la belleza artística de su fachada y proporciones.

Existe una diferencia sustancial entre obrar con libertad o gobernar con arbitrariedad. Del mismo modo que hay dos clases de libertades: la libertad para poder desplegar las propias posibilidades en el proceso económico y la libertad para estructurar el orden económico.

El problema fundamental de la economía consiste en encontrar el criterio supremo para que la dirección del proceso económico se haga en un marco que respete las libertades individuales y permita superar la escasez económica cotidiana. De la solución de este problema depende la solución de muchos otros aspectos políticos, económicos y sociales.

Pero cuando las necesidades económicas no son consideradas preeminentes sino como algo secundario y subalterno a las consideraciones políticas por acumular poder personal, la vida de cada uno de nosotros comenzará a depender en mayor o menor grado de la vehemencia o displicencia de los comisarios políticos que detentan un poder ilegítimo pero que usan la fuerza del Estado para condenarnos o perdonarnos la vida.

En este caso, la libertad económica se encuentra en peligro y es reemplazada por una economía concentrada hegemónicamente en manos de funcionarios políticos a quienes sucede el totalitarismo, con sus consecuencias destructivas para la sociedad.

Lo importante consiste en establecer un orden social que permita solucionar los problemas económicos con espíritu de libertad, para lo cual hay que renunciar al palabrerío ideológico y las manipulaciones políticas. Para poder organizar de este modo a la sociedad nos hace falta una capa directora de dirigentes políticos que comprendan lo que es ponerse en la tarea de establecer un orden económico basado en la libertad y el respeto de los derechos individuales, no sólo como un orden económico sino también como una condición para organizar la sociedad sobre la base de los dos grandes principios que la rigen: la solidaridad voluntaria y la subsidiariedad del Estado.

Hoy, es necesario repetir aquellas palabras de Friedrich von Schiller (1759-1805), inolvidable autor de la universalmente famosa “Oda a la alegría” incorporada al último movimiento coral de la Novena Sinfonía de Beethoven: “Nada puede herir tanto al espíritu humano como el que se le prive de su libertad, porque ella le permite exteriorizar su capacidad de dar forma a lo que es informe. Donde sólo imperan las masas amorfas de muchedumbres arreadas por agitadores y donde oscilan premeditadamente los oscuros límites del poder y de la instigación a la violencia, tiene su asiento el temor. Pero el hombre es superior a cualquier temor desde el momento en que puede encauzarlo en instituciones, darle forma civilizada y transformarlo en un objeto socialmente útil”. © www.economiaparatodos.com.ar

Antonio Margariti es economista y autor del libro “Impuestos y pobreza. Un cambio copernicano en el sistema impositivo para que todos podamos vivir dignamente”, editado por la Fundación Libertad de Rosario.