Acostumbrados a un estilo de gobierno en el que la intimidación demonizante (cuando no la amenaza directa) se han transformado en instrumentos de la política nacional que son utilizados frecuentemente, no debiéramos sorprendernos ante las crecientes noticias de ataques o “aprietes” a distintos periodistas.

Estos apuntan a aquellos que no se pliegan (como lamentablemente lo hace –todos los días– una verdadera legión de periodistas argentinos) al discurso oficial, al único “verdadero”, al único que debemos escuchar porque –por definición– no puede, ni debe, haber ningún otro. Esto sucede mientras estamos pretendiendo ser democráticos, sin serlo.

Al grave caso del conocido –y respetado– Joaquín Morales Solá, cuya seguridad personal ha sido amenazada, se suma el bastante menos conocido de Carlos Furman, un periodista radial de Santa Elena, Entre Ríos, de 33 años, que ha osado desafiar con sus críticas a uno de los hombres fuertes del horrendo gobierno peronista entrerriano, que –curiosamente– con los de Jujuy, Misiones, y Tucumán, es uno de los más cercanos al estilo y discurso de Néstor Kirchner.

El caso de Furman, denunciado recientemente en una nota espléndida de Daniel Tirso Fiorotto desde las valientes columnas de La Nación, contiene todos los elementos de una Argentina que –de la mano arrogante de sus líderes circunstanciales– ha descendido a niveles preocupantes, cuando de asegurar las libertades esenciales se trata, especialmente la libertad de opinión, una de las más temidas por los autoritarios y los autócratas.

En efecto, en este hecho hay toda suerte de connotaciones gravísimas, que son desgraciadamente típicas de la situación que hoy vive la Argentina: abuso de poder, despotismo, corrupción y, como si eso fuera poco, también una cuota de antisemitismo.

Furman –que ha sufrido agresiones físicas y verbales, así como volanteadas antisemitas– se ha enfrentado a uno de los más conocidos políticos peronistas de Entre Ríos, un personaje íntimo del cuestionado gobernador Jorge Busti, que va ya por su tercer mandato. Tan cercano que fue, hasta no hace mucho, su vicegobernador. Me refiero a Domingo Daniel Rossi, hoy intendente de Santa Elena. Tras de Rossi, informa Fiorotto, se han acumulado –a lo largo de toda una década– toda suerte de denuncias.

Rossi –lo que es gravísimo– ha sido condenado, hace ya cuatro meses, a tres años de prisión condicional por enriquecimiento ilícito, el delito típico de muchos políticos (pocas veces purgado, sin embargo).

Luego de condenado, Rossi ha interpuesto, nos dicen, un “recurso de casación” contra la condena que le fuera impuesta que está, en apariencia, empantanado (como, quizás, cabía esperar) en los recovecos más altos de una justicia provincial, en cuyo Superior Tribunal el gobernador Busti acaba de designar (no sin una cuota de descaro) a uno de sus socios políticos de mayor envergadura, un hombre con diez años de legislatura local que, además, presidió la bancada justicialista: Emilio Castrillón.

Esta sospechosa designación cosechó, como cabía esperar, el rechazo más amplio de todas las instituciones vinculadas al quehacer judicial entrerriano, sin excepción. Porque es un sonoro y desafiante sopapo a la buena fe de todos, cuando de contar con mecanismos para designar jueces independientes e imparciales se trata. Esa reacción adversa de la comunidad jurídica local (toda) poco sueño hace perder a un Busto, ocupado en otros menesteres, aunque aparentemente preocupado por “cubrir sus espaldas” para un mañana que se le acerca, al galope.

Busti apoya abiertamente a su amigo Rossi, insistiendo en que no debe renunciar “hasta que el fallo no esté firme”. La justicia local, presumiblemente instruida desde lo alto, se excusa por la demora aduciendo “estar colapsada”, con lo que presumiblemente se tapa –o inmoviliza– un caso que parece tener una mayúscula gravedad institucional. Todo se demora entonces, presumiblemente en busca de una prescripción que todo lo purgue, sin que nadie pague por lo que hizo. Como suele ocurrir.

Esto es así aunque, como aclara La Nación, Rossi haya reconocido que “se guardaba en el bolsillo todo el dinero de los gastos reservados cuando era vicegobernador, en la primera gestión de Busti” y que “movía millones de dólares a nombre de su esposa y su madre en bancos del Uruguay”. Lo que debiera ser suficiente para que su socio político Busti, en lugar de cubrir a su amigo y correligionario Rossi, le pidiera que –por lo menos– se tome una licencia, o se excuse de seguir actuando, como si no pasara nada.

Sin embargo, las cosas no son así. Para muestra de lo que hemos devenido, basta este botón, que tiene que ver con una de las administraciones provinciales de corte feudal que tiene nuestra República. En la que los poderosos son los amos de todo y de todos. Más allá de los “fuegos artificiales” o “cortinas de humo” que ellos mismos arman, pícaramente, para así distraernos a todos, con discursos de otro orden, hasta que luego de perder tiempo, imagen y dinero, los organismos internacionales nos dicen la verdad. Tristísimo, pero real. © www.economiaparatodos.com.ar

Emilio Cárdenas se desempeñó como representante permanente de la Argentina ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU).