A medida que la política económica se va enredando cada vez más en la maraña de controles de precios, los aprietes para “controlar” la inflación comienzan a crecer hasta llegar a la política del “buchoneo” o delación. ¿En qué consiste esta política? En apretar a los diferentes sectores dentro de la cadena de producción para que delaten a sus proveedores en caso de que estos les aumenten los precios de los insumos que les venden o bien cuando no quieren bajar los precios que les cobran para que el Índice de Precios al Consumidor (IPC) muestre los resultados dibujados que sean acordes a las necesidades políticas del Gobierno.

Por ejemplo, si el Gobierno aprieta al comerciante de indumentaria para que baje los precios, éste tiene que “buchonear” al que le alquila el local donde trabaja o al que le vende los insumos si no le bajan los precios para poder cumplir con las presiones gubernamentales. Es decir, el Estado autoritario aprieta a uno para que este transmita, como una cadena de transmisión, el apriete hacia otros sectores productivos.

En este contexto, deja de operar el mercado como un proceso de intercambio voluntario y pacífico, para dar paso al enfrentamiento entre los diferentes sectores productivos. Un esquema propio de los sistemas totalitarios como el de la Alemania nazi, la Italia fascista o la Unión Soviética comunista. La delación pasa a formar parte de la vida de los ciudadanos, quienes tienen que cuidarse constantemente de lo que hablan y frente a quién lo hacen por miedo a ser delatados. Es el caso típico de la Cuba castrista, en donde los “jefes de manzana” tienen como misión controlar a los habitantes de la zona y denunciar al gobierno cubano cualquier caso de intento de ejercicio de la libertad bajo cualquiera de sus formas.

Ahora bien, el mecanismo de los aprietes provoca dos situaciones: a) la economía puede seguir funcionando agónicamente si el Estado ejerce cada vez más presión y terror sobre los ciudadanos y b) los bienes más indispensables empiezan a escasear. Este último punto conduce a crecientes grados de autoritarismo para controlar el descontento de la población ante la falta de productos más elementales. Obviamente, el creciente autoritarismo se hace presente si es que quienes detentan el poder pretenden seguir controlándolo. Dicho en otras palabras, la política del apriete lleva a que el gobierno de turno pierda el poder si no quiere incrementar el grado de autoritarismo que aplica, o bien tiene que llevar al extremo el autoritarismo para evitar los desbordes políticos y sociales derivados del descontento popular ante la escasez creciente.

La generalización del apriete y el “buchoneo” hace que nadie invierta en un país en el cual los funcionarios públicos usan el monopolio de la fuerza para violar los derechos de los habitantes con el objeto de mantener el control del poder. Si nadie está dispuesto a invertir para ser “apretado” por los burócratas de turno, el resultado inevitable es la escasez. En consecuencia, si poco y nada se invierte por la política de apriete, la creciente escasez deriva en crecientes presiones de los burócratas para tratar de paliar el malestar popular. Justamente, bajo este tipo de políticas despóticas, los sectores que menores inversiones reciben y en los que más se siente el impacto de la falta de mercaderías es en aquellos que producen bienes muy utilizados por la población. Es decir, todo producto que la gente demande cotidianamente (alimentos, indumentaria, transportes o combustibles, por ejemplo) cae bajo el férreo control de los burócratas. Ellos suponen que sus controles contendrán los precios de estos productos, lo cual es probable que ocurra transitoriamente, pero lo que no pueden evitar es que pocos estén dispuestos a proveer esos bienes y servicios al precio que él dispone. Cuando los productos más elementales comienzan a escasear, el burócrata reacciona con mayor autoritarismo y comienza a amenazar con la cárcel a los empresarios que producen los bienes “sensibles” para la población. Sin embargo, lo único que consigue esta amenaza es incrementar la fuga de productores de esos sectores. Veamos el problema de esta otra manera: ¿usted qué prefiere producir? ¿Trigo que se consume en el mercado interno e impacta en el precio del pan o soja que se exporta y no influye sobre el IPC? A igual tasa de rentabilidad, usted va a elegir producir aquellos bienes y servicios que no sean consumidos internamente porque todo aumento de precios o escasez de esos bienes es una complicación política para el Gobierno, complicación que los funcionarios se la transferirán a usted para zafar políticamente. Así, usted pasa asa a ser el enemigo del pueblo ya que quiere lucrar con su hambre.

¿Qué es lo que se consigue con esto? Que usted elija producir bienes y servicios que políticamente pasen desapercibidos.

La política económica del apriete tiene, entonces, el curioso efecto de generar menos inversiones y oferta en aquellos bienes y servicios de alta demanda interna. Justamente al revés de lo que se supone deberían lograr las amenazas de los funcionarios públicos.

Una economía manejada con estos criterios propios de Atila (el rey de los hunos recordado por su crueldad y rapiña) provoca que los escasos recursos productivos que se destinan a la inversión se vuelquen a los sectores que producen bienes menos demandados popularmente, porque producir, por ejemplo, carne, significa estar en el centro del escenario; en cambio, producir soja no es problema porque no se consume internamente y se exporta al sudeste asiático.

Si las inversiones se desvían de los productos de consumo masivo y popular, la única forma de seguir manteniendo el poder consiste en, primero, “apretar” a los que producen esos bienes y, luego, ante la cruda realidad de la escasez, apretar a la población cuando se queje por la falta de los bienes más elementales.

En definitiva, si el burócrata quiere controlar los precios y el abastecimiento y, además, pretende sostenerse en el poder, tiene que estar dispuesto a llegar al extremo de anular todas las libertades civiles y políticas. © www.economiaparatodos.com.ar