Aquellos equipos que compitan con la industria nacional pasarán a pagar una tasa extra del 14% para poder ingresar al país. Así, el Gobierno busca asegurarse una ganancia fiscal superior a los u$s611 millones. Expertos aseguran que la medida no llega en el mejor momento, dado el actual escenario.Finalmente el gobierno argentino modificó el régimen que regula la importación de bienes de capital.
El anunció corrió por cuenta de la propia presidenta Cristina Fernández de Kirchner quien, durante un acto en la Casa Rosada, aseguró "esta es una reforma muy importante" porque "estamos dando equilibrio fiscal y, al mismo tiempo, sostenemos una medida de ayuda a la industria nacional".

En concreto, la decisión del Gobierno fue la de eliminar el "waiver" y subir los aranceles de importación, a partir del 1 de julio, a todos los bienes de capital que ingresan desde el exterior, con la diferencia que, aquellos que tengan equivalente de fabricación nacional pasarán de tributar una tasa de 0% a una de 14%, mientras que los que no posean competencia local pasarán del 0% a tener una tasa del 2 por ciento.

Esta iniciativa ya había sido comunicada a principios de año por el Gobierno, desde donde se había informado, inicialmente, que la medida iba a entrar en vigencia el 30 de abril pasado. Sin embargo, las dificultades para definir las listas de bienes de capital, discriminados en función de cuáles compiten con la industria doméstica, demoraron la entrada en vigencia de la medida.

Hay otro punto clave: hasta ahora, los fabricantes locales gozan de un bono fiscal del 14% con el que el Gobierno los compensa por tener el arancel de importación en 0% y así resguardarlos frente a la competencia importada.
La idea original del Ejecutivo era que, con el cambio de sistema, este bono desaparecería para ser reemplazado por un fideicomiso que se iba a formar con un 50% de lo recaudado por la vía de la importación de bienes de capital y que iba a financiar capital de trabajo, inversiones y las ventas a aquellos que se encuentren incluidos en el Registro de Fabricantes de Bienes de Capital.

Sin embargo, tal como se conoció en la Casa Rosada, este bono fiscal finalmente se mantendrá vigente hasta fines de diciembre.

De este modo, los fabricantes nacionales tendrán doble beneficio: por un lado, seguirán recibiendo dicho bono fiscal y, además, serán protegidos con el arancel externo de importación que, tal como se señaló, pasará del 0 al 14% en aquellos casos en los que los productos traídos del exterior compiten con la industria local.
 
El impacto fiscal de la medida

De acuerdo a un informe realizado por la consultora Abeceb.com, las importaciones de bienes de capital representaron el 12% del total, por un valor cercano a los u$s9.000 millones.
Sobre este universo, aproximadamente u$s4.370 millones (48%) corresponden a la compra de productos alcanzados por el "waiver", es decir, que tienen contrapartida "Made in Argentina".

De este modo, en términos de recaudación, el fin de la excepción para todos los bienes de la lista (es decir, pasar de una tasa del 0% a una del 14%) significaría una ganancia fiscal de aproximadamente u$s611 millones.
Los bienes de capital involucran a un amplio espectro de bienes, tales como grupos electrógenos, maquinaria agrícola y todo tipo de máquinas para llevar adelante procesos productivos, desde la fabricación de autopartes hasta la confección de indumentaria.

Temor por el impacto en la inversión

En este contexto, Mariano Lamothe, economista jefe de la consultora Abeceb, destacó que "estimamos que el 50% de las importaciones de bienes de capital pasarán a estar alcanzados por el arancel del 14%".

"Esta medida no llega en el mejor momento y es una decisión un poco miope. Encarecer el costo del capital no suena muy lógico cuando lo que se tendría que hacer es, justamente, alentar la inversión", acotó el experto.

Lamothe aseguró que "para ser productiva, cualquier empresa necesita tecnología de punta. Y este 14% extra que se tendría que pagar por los bienes de capital importados que compiten con los nacionales obviamente termina siendo un condicionante extra que va a pesar a la hora de tomar una decisión".

En este contexto, son diversas las dudas que surgen tras conocerse la iniciativa oficial. Por un lado, ninguna cámara del sector privado conoce cuáles son los bienes de capital considerados por el Gobierno. Por otra parte, directivos temen que maquinaria y equipos que realmente no se producen localmente, queden alcanzados por el nuevo arancel del 14% y termine encareciendo su importación de manera injustificada.

El directivo de una las cámaras de línea blanca, que pidió estricto off the record, se quejó de que "si bien estamos de acuerdo con la necesidad de proteger a la industria local, no creemos que la manera de hacerlo sea encareciendo el acceso a las máquinas para aquellas empresas que tienen que invertir. En un escenario de pérdida de rentabilidad como el actual, en el cual necesitamos vender más para que cierren los números, no es bueno saber que un equipo que traías de afuera ahora haya que pagarlo un 14% más".

Y si bien pidió cautela para ver cuáles son finalmente los bienes de capital alcanzados, el directivo no ocultó su temor de que surjan inconvenientes hasta tener una radiografía certera de qué es lo que realmente fabrica el país y, de ese modo, definir qué es necesario proteger y qué no.
"Es una línea muy delgada, hay productos que podrían ser tomados como similares cuando, en realidad, son equipos diferentes, con prestaciones distintas. En la industria, un tornillo más o menos, termina influyendo", graficó el empresario.

Dudas pendientes

En diálogo con iProfesional.com, Diego Pérez Santisteban, presidente de la Cámara de Importadores (CIRA) consideró que la medida no debería generar mayores inconvenientes "si las listas que deben establecer qué bienes de capital están fabricados en el país o no están bien hechas".

El problema es que, según explicó el directivo, "todavía no se conoce qué bienes pasarán a estar incluidos bajo el arancel del 14 por ciento".

"Nosotros, así como otras cámaras, trabajamos en la confección de un listado que finalmente se lo presentamos al Gobierno. Sin embargo, desde que Eduardo Bianchi dejó la Secretaría de Industria, no sabemos cómo se están organizando esas listas y cuáles son las posiciones arancelarias alcanzadas", recalcó Santisteban.

Por otra parte, la extensión del bono fiscal del 14% que continuarán recibiendo hasta diciembre los fabricantes locales que deben competir con bienes de capital importados -beneficio que inicialmente iba a suprimirse-, según Abeceb, "indica que no se ha podido efectivizar la creación de un mecanismo alternativo como forma de incentivo para la producción local. Y es que la dificultad en torno a la eliminación de dicho bono fiscal se relaciona también al impacto negativo que la medida tendría sobre la competitividad de los productores locales en un momento en el cual su situación se ha vuelto más vulnerable de cara a la apreciación del tipo de cambio real".

"En este sentido, una medida de este tipo, hubiese sido menos inconveniente varios años antes cuando la industria local poseía un margen de protección superior de la mano de una mayor competitividad cambiaria", destacó el informe.

En este contexto, Pedro Cascales, presidente de la Cámara Argentina de la Máquina Herramienta y Bienes de Capital (CARMAHE), aseguró a iProfesional.com que "es una buena noticia que se mantenga este bono, porque los productos brasileños van a seguir ingresando con una tasa del 0% por el Mercosur. Entonces, la medida va a permitir mantener cierto margen de competitividad, al menos hasta fin de año".

Industriales, a favor de la medida

Apenas conocida la noticia, desde diversos sectores empresarios comenzaron a emitir mensajes a favor de la medida.
En este sentido, Juan Carlos Lascurain, presidente de la cámara que nuclea a fabricantes metalúrgicos (ADIMRA), destacó que "una vez más, se manifiesta claramente la decisión política de sostener el proceso de industrialización que se inició en Argentina a partir de 2003, en un contexto internacional altamente complejo, que genera fuertes condicionamientos al desarrollo de las fuerzas productivas locales" y agregó en relación al sector: "Considero que es una decisión muy importante para los metalúrgicos en general, ya que el sector fabricante de bienes de capital representa una de sus principales cadenas de valor, con importantes eslabonamientos productivos hacia la totalidad del entramado industrial".

En la misma línea, Osvaldo Cornide, presidente de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), aseguró que "todas las medidas que protejan a la industria nacional en un momento de crisis globalizada, son altamente positivas, porque los países centrales y del Asia intentan colocar sus excedentes a cualquier precio. Además, es prioritario defender los puestos de trabajo del sector metalúrgico".

En tanto, desde la Cámara de la Pequeña y Mediana Industria Metalúrgica Argentina (CAMIMA), su titular, Pablo Reale, manifestó que "estas son cuestiones que se han venido dialogando desde hace tiempo y celebramos que la Presidenta haya escuchado además las inquietudes que los pequeños y medianos empresarios habíamos hecho llegar en diferentes reuniones tanto con el Ministerio como con la Secretaría de Industria sobre la importancia de extender el bono".