El gobierno tiene un modus operandi muy claro a la hora de imponer una agenda. No hace falta ser un destacado analista político ni un adivino para preveer los pasos que darán en busca de sus objetivos.Primero un emisario, que puede ser desautorizado abiertamente en el caso de abortar el plan, tira una cuestión al aire para medir las reacciones y marcar la cancha. Si hay luz verde se pasa a la instancia donde se afirma que es necesario discutir o rediscutir tal asunto. Si pueden seguir, ahí es cuando comienza un proceso “democrático” de “participación abierta” donde se escuchan todas las voces (que le interesan al gobierno) para dar forma a un proyecto que supuestamente ha sido consensuado por especialistas y representantes de la sociedad civil, para luego intentar convertirlo en realidad. Mientras tanto la oposición se debate entre el oportunismo político, lo políticamente correcto, los resultados de las encuestas y el marco de pensamiento único estatista de la política nacional.

Algunos proyectos quedaron truncos, como el de la Ley de Alquileres de Teresa Quintela,  que manifestaba que vivimos en un momento donde “la ley de la oferta y la demanda están corruptas”. Otros se aprobaron como la Ley de Medios.
Hoy, en el marco de una posible reforma al Código Civil y Comercial, el tema es una supuesta apertura forzosa de los barrios cerrados.

Luego de una clara manifestación en este sentido por el referente K en diputados, Agustín Rossi, llegaron las críticas y ante una reevaluación de estrategia, el gobierno mediante el Ministro de Justicia, Julio Alak, terminó diciendo que todo era un “disparate”. Luego de la desautorización oficial, el ladero de turno pidió disculpas, en este caso por su falta de claridad. También supieron pesificar sus dólares y en otras oportunidades destacaron que se hablaba de forma personal y no en representación de la visión oficial.

Este proceso, que parece por ahora que va a parar al freezer, muestra que los avances del kirchnerismo, todavía, no son irreversibles. Si esto es así, significa que puertas adentro el Ejecutivo todavía considera que no tiene la fuerza como para “ir por todo”. La baja de Reposo, luego que fuera el motivo principal de un cacerolazo en Plaza de Mayo, indica que cuando pueden escuchar una crítica de mediana trascendencia, arrugan.
La 125 y el conflicto del campo es un karma todavía presente. No hay lugar para las derrotas, es preferible el abandono y la cortina de humo.

“Era un anteproyecto, nada más”

“Hice referencia a un anteproyecto en el que se está trabajando en el Consejo Federal de Planificación integrado por todos los ministros de planeamiento, donde se habla la idea de una ciudad ideal sin barreras arquitectónicas”, manifestó Rossi luego de decir que no buscaba prohibir los barrios cerrados.

El Anteproyecto

El texto, donde indica que se tiene como objeto el “establecimiento de los presupuestos mínimos del ordenamiento territorial para el desarrollo sustentable, territorialmente equilibrado y socialmente justo, a través de la regulación del uso del Suelo como recurso natural, económico y social”, es muy claro: Claramente se puede interpretar cualquier cosa, la propiedad privada es absolutamente relativizada y se trata de un intento más en la búsqueda de socavar derechos constitucionales.

A lo largo de las páginas del “plan estratégico territorial” encontramos el recurrente concepto del uso “social” de la propiedad y las potestades regulatorias de la misma por parte del Estado.

Cabe destacar que no hay ningún interés de disimular lo que esconde el texto (¿debemos decir “esconde?”). El decimoquinto punto de los principios operativos es el relativo a la “recuperación pública de las plusvalías”.

Las expropiaciones según utilidad pública están contempladas en el artículo catorce, el derecho de preferencia del poder público en el dieciséis y el gravamen progresivo a los inmuebles ociosos en el dieciocho. Otras perlitas socialistas están enmarcadas en el artículo veintinueve donde se destacan las “obligaciones” sobre la propiedad, sujeta a asuntos “culturales” y de “desarrollo económico social”. Hacia el final, en el treinta, encontramos las advertencias para abstenerse a realizar cualquier acto que ponga en riesgo los “intereses públicos”.

¿La Constitución?

En el proceso de enunciados arrojados a la opinión pública y las ambigüedades discursivas sobre los proyectos oficiales, se encuentra sin dudas la reforma constitucional que permita la re-reelección de Cristina Fernández. Analizando y leyendo estas propuestas del kirchnerismo sería ingenuo pensar que un cambio en la Carta Magna, de ser posibilitado, se limite a destrabar el inconveniente electoral. Los derechos y garantías, todavía contemplados en la Constitución pueden pasar a la historia.

Dependerá de la opinión pública, de la precaria oposición, de las organizaciones civiles, de los comunicadores y de todos los que defiendan el Estado de Derecho, que Argentina recupere sus instituciones o se sumerja aún más en las garras de una aventura populista como la de Venezuela.