En el día de ayer, el gobierno argentino logró cerrar un acuerdo con los fondos de inversión que detentaban el mayor porcentaje de la deuda argentina impaga. La negociación implica una quita del 25 % sobre los reclamos pretendidos por los acreedores. De este modo se resuelve el 85 % de las reclamaciones que restaban sobre la deuda.

Este acuerdo, que está pendiente de aprobación parlamentaria argentina, implicaría, de hecho, la re apertura de los mercados internacionales para la deuda soberana del país.

El deudor tiene un plazo, para pagar el monto acordado de 4.653 millones de U$S, que expirará el 14 de abril del corriente año. Es decir en aproximadamente 45 días.

Previamente, el congreso nacional debe levantar la llamada “Ley Cerrojo” y la “Ley de pago soberano”, que operan como trabas a cualquier acuerdo.

Para cualquier ciudadano, resulta extremadamente complicado cuantificar la importancia de semejante monto. Es muy difícil hacerse una idea de cuanto esfuerzo implica reunir la mencionada cantidad de millones de dólares.

Un productor agropecuario promedio, se sentiría tentado, para tomar conciencia de la magnitud del esfuerzo de pago, a relacionar los 4.653 millones de U$S con el precio interno del cultivo líder del país, la soja.

El precio de la oleaginosa opera en aproximadamente los 210 U$S la tonelada. Esto quiere decir que se necesitarían unos 22.157.000 toneladas para reunir la mencionada cifra.

Pero este cálculo sería engañoso, por dos motivos:

El primero es que el precio interno de la soja, de 210 U$S la tonelada es una ficción. Es el producto de la aplicación un impuesto de exportación de 30 % ad valorem, sobre el verdadero precio internacional del producto. Es decir que, en realidad, si la argentina destinara solamente 15.510.000 toneladas del grano, comercializados a un precio internacional de unos 300 U$S por tonelada, se lograrían reunir los necesarios 4.653 millones de dólares, para saldar la deuda.

Pero este cálculo también es engañoso, por un segundo motivo: La deuda es del estado argentino. Y la soja es de los productores. La deuda es pública. La cosecha es de propiedad privada. Algo que no debemos dejar de enfatizar, pese a lo evidente, porque algunas mentes trasnochadas, como las del delirante ex ministro de economía y actual embajador ante los EE.UU.,  Martín Lousteau lo olvidaron o pretendieron ignorarlo.

A nadie puede escaparse que la pretención de fijar “retenciones móviles”, es decir un gravámen confiscatorio que podría haber oscilado conforme el precio de la oleaginosa aumentara en los mercados internacionales, responde a un enfoque conceptual análogo al de las regalías por exportaciones de petróleo.

Y aquí se debe volver a puntualizar que, si bien el petróleo es considerado del estado, (en cuyo caso no se puede hablar de confiscación), la soja es de los productores. No hay ningún justificativo ni legal ni político que pueda explicar tal discriminación, a empresarios que tributan, además, todos los mismos impuestos que cualquier otro empresario.

Entonces, el lector se preguntará cual es la respuesta más atinada para poder cuantificar con que esfuerzo y a cargo de quienes estará el problema de saldar esta deuda. Pueden haber varias respuestas. Pero nosotros queremos ofrecer una absolutamente inatacable.

Si consideramos la diferencia de precio entre el valor que reciben los exportadores argentinos por la oleaginosa, de aprox. 300 U$S/Ton, con el que percibe el productor en el mercado interno, de los mencionados 210 U$S/Ton, veremos que cada tonelada de soja tributa unos 90 U$S por derechos de exportación. Es decir el 30 % de los 300 U$S a los que cotiza en los mercados internacionales

Y con la vista puesta en estos números podemos afirmar que si el país exportara 51.700.000 millones de toneladas de soja, los derechos de exportación que el estado percibiría de los productores ascenderían exactamente a la cifra adeudada, de 4653 millones de U$S.

Las estimaciones más razonables y profesionales cifran las expectativas de producción de soja, para esta campaña que ya se inicia y que finalizará su recolección en apenas dos meses, en una producción estimada de 58.000.000 de toneladas. Si el precio internacional se mantuviera, esto rendiría a las arcas del estado una suma de 5.220 millones de U$S.

Ahora sí estamos en condiciones de entender porque no se han derogado al 100 % los derechos de exportación que gravan la oleaginosa. Un impuesto inequitativo, discriminatorio y abusivo, que durante una década descapitalizó las empresas agropecuarias, con la complicidad de una cotización mentirosa de la divisa, que operaba como otro impuesto encubierto. Es de esperar que esta ignominia sea rápida y definitivamente removida del sistema fiscal argentino. Para no volver jamás.

Por lo pronto, se puede afirmar que los productores agropecuarios que cultivaron soja en la presente campaña serán, una vez más, quienes cargarán sobre sus hombros con la tarea de solucionar los desmanejos y los caprichos de la horda de energúmenos que gobernaron a la nación durante la pasada “década pérdida”. Una vez más.

Un grupo de exitosos empresarios que desarrollaron sistemas de producción innovadores, un cultivo que no existía en el país hacen apenas 50 años. Y que financiaron además, con el diferencial arancelario entre exportaciones de aceite, harina y grano, la capitalización de una industria que es la más grande del mundo en ese rubro. Pero que no les pertenece, porque les fue confiscada.

No debemos permitir que las nuevas generaciones, o que las personas del ámbito urbano, que ignoran estas arbitrariedades impositivas y esta confiscación ignominiosa, olviden a cargo de quienes estuvo lograr que la Argentina vuelva a tener abiertas las puertas a los mercados internacionales de crédito.

Especialmente, cuando desde los mismos sectores del espectro político que movilizaron esta esquema fiscal aberrante, lluevan, en los próximos días, críticas de tono airado, pretendiendo victimizar a sectores que no han aportado ni aportarán nunca a la solución de los problemas de la república.

 

Guillermo Luis Covernton es Dr. En Economía, (ESEADE). Magíster en Economía y Administración, (ESEADE). Es profesor de Macroeconomía, Microeconomía, Economía Política y de Finanzas Públicas en la Pontificia Universidad Católica Argentina, Santa María de los Buenos Aires, (UCA). Es director académico de la Fundación Bases. Preside la asociación de Ex alumnos de ESEADE.

Fuente: eseade.wordpress.com