Las últimas semanas produjeron una modificación cualitativa en la política argentina. Tres factores han intervenido: la proliferación de testimonios desde el corazón o la periferia del poder acerca del imperio de corrupción en que se ha convertido el régimen; la guerra defensiva sin cuartel del grupo Clarín contra el kirchnerismo, de la que el periodista Jorge Lanata es punta de lanza, y la aceleración del deterioro económico.

Lo primero -los testimonios- da mayor autoridad a denuncias que existían en rumor y sugiere una descomposición sin la cual sería inconcebible que tanta gente haya perdido el miedo a las represalias. Lo segundo -la escalada de Clarín- está motivando en los ciudadanos de a pie una indignación moral antes confinada en sectores minoritarios, aunque significativos. Lo último -el derrumbe del “modelo”- potencia las dos cosas anteriores, porque hace temer a gente cercana al poder que la casa se venga abajo con ellos adentro y porque uno se indigna más contra la falta de moral pública cuando hay miedo económico.

¿Cuál ha sido la respuesta oficial? Básicamente, lo que los franceses llaman la fuite en avant (“la huida hacia adelante”). En lugar de dar explicaciones a propósito de las distintas denuncias, el gobierno sigue adelante con la reforma judicial que busca someter a la justicia bajo el viejo pretexto de “democratizarla” y presionar a una Corte Suprema que pronto decidirá si convalida la ley de medios de 2009, concebida para desmembrar al grupo Clarín. La Casa Rosada también aprieta el acelerador del proyecto de expropiación de Papel Prensa, la empresa que tiene el cuasi monopolio del papel de periódico, cuyos principales dueños son Clarín y La Nación. Finalmente, a pesar de los estropicios causados, el gobierno mantiene y, en ciertos casos, amplía las medidas restrictivas del comercio y el mercado cambiario, así como de la publicidad, maquinadas por el viceministro Axel Kicillof, a quien los autores no pudimos incluir en el Manual del perfecto idiota latinoamericano cuando lo escribimos, porque no había llegado su hora, pero que rivaliza con varios de sus protagonistas por su minuciosa destrucción de la economía.

En muchos sentidos, es tarde para que Cristina Kirchner dé marcha atrás. Ya no puede, por ejemplo, hacer lo que ha hecho hasta ahora su colega brasileña Dilma Rousseff, cortando una a una las cabezas de la corrupción cercanas a ella en el instante mismo en que aparecieron los primeros indicios. Son demasiados los años de enriquecimiento estando en el poder (en mil por ciento calculó Jorge Lanata, el pasado domingo, el aumento de su patrimonio), demasiadas las complicidades (la lista de personajes beneficiados que se ha publicado en días recientes es muy larga) y demasiados los enemigos acumulados (parte de la razón por la cual han perdido el miedo muchos allegados). Salir del poder, que es a lo que conduciría una marcha atrás, implicaría para todos los personajes del régimen un calvario judicial y en muchos casos, la cárcel.

Para librarse de ese horizonte penal o al menos postergarlo sine die, es que resulta indispensable que la mandataria haga modificar la Constitución y, por tanto, se presente a la reelección en 2015. La pareja llegó al poder en 2003, de manera que se trataría de extender el régimen a lo largo de por lo menos 16 años. Hay, sin embargo, un inconveniente: no dan las matemáticas en el Congreso. Dan para hacer aprobar proyectos como la reforma judicial o, pronto, la expropiación de Papel Prensa, pero no para cambiar la Constitución. Pero eso tiene una solución: obtener una victoria en las legislativas de octubre, cuando se renovará la mitad de la Cámara de Diputados y un tercio del Senado, de tal modo que la bancada oficialista (incluyendo a los miembros pasibles de intimidación o seducción) sume votos suficientes. De allí la urgencia de someter a Clarín cuanto antes.

De allí, también, el peligro que representa Jorge Lanata, el azote dominical de la presidenta, que ha convertido su programa de televisión de Canal 13,Periodismo para todos, en una fantasmagoría, por donde desfilan cada semana revelaciones e imágenes tan fabulosas sobre la corrupción en ese legendario país, que uno llega por momentos a perder el sentido de la realidad, como si se tratase de una serie de ficción. Si no lo matan (dije recientemente en un medio español, que prefiero mil veces a un amigo que a un mártir: espero que no te maten, mi estimado), Lanata puede acabar arruinando la reelección de la presidenta y, por tanto, dándole al horizonte penal del régimen una nitidez y cercanía escalofriantes.

No hay aquí espacio ni necesidad de hacer un listado completo de las denuncias más recientes. Pero esa lista incluye la trama de lavado de dinero del empresario Lázaro Báez, socio y presunto testaferro del difunto Néstor Kirchner; el testimonio de la ex secretaria de Kirchner, Miriam Quiroga, según el cual las bolsas de dinero de la corrupción eran trasladadas a Santa Cruz, la tierra del finado mandatario y su esposa, antes de ser enviadas a paraísos fiscales; la versión del arquitecto Antonio Cañas, según la cual, siendo Néstor gobernador de Santa Cruz, la pareja hizo construir una bóveda gigante en el subsuelo de su casa de Calafate y compró un sinnúmero de cajas fuertes (además, de acuerdo con la información de un segundo colega, mandaron a hacer otra bóveda en su casa de campo siendo él presidente de Argentina).

Ni estas son todas las denuncias ni algunas son enteramente novedosas: la diputada Elisa Carrió, por ejemplo, ya había denunciado a Néstor Kirchner y a Lázaro Báez en 2008; un año después se dictó una ley de blanqueo de capitales, entre cuyos principales beneficiarios estuvo el propio Báez. De él, como de Cristóbal López y la familia Eskenazi, por mencionar sólo a unos pocos empresarios asociados a la pareja, se habla desde hace mucho. Pero ahora, sólo ahora, parece haber ganas de darle a esa trama de intereses cruzados seguimiento sostenido en la prensa y el sistema jurisdiccional. Y sólo ahora parece haber mayor disposición popular para la indignación: la presidenta ha perdido 10 puntos en un mes. La desaprobación es ya muy elevada.

El eje de la política argentina es hoy el conflicto entre Clarín y la presidenta. Me apresuro a decir lo que no hace falta decir: que, como otros grupos mediáticos que en su día simbolizaron la defensa de la libertad de expresión en otras partes de América Latina, el conglomerado que capitanea Héctor Magnetto representa unos intereses y tiene una larga historia de amistades provechosas con distintos gobiernos. Para no ir muy lejos, la adquisición de Cablevisión, que competía con Multicanal, la empresa del grupo, se aprobó en el gobierno de Néstor Kirchner en 2007 y permitió a Clarín aumentar exponencialmente su presencia en televisión e internet. Con más de millón y medio de suscriptores a su banda ancha (a través de la subsidiaria Fibertel) y tres millones y medio de suscriptores a su servicio de televisión por cable, Clarín debe parte de su poder a la relación que tuvo en los primeros años del gobierno de Kirchner. Una etapa en que Jorge Lanata y otros periodistas argentinos que hoy están en el grupo porque las circunstancias exigen esa alianza veían a Clarín con cualquier cosa, menos amor.

La relación entre Clarín y el gobierno se agrió en algún momento de 2007 y 2008; acabó de romperse cuando se produjo la revuelta del campo, tras la aplicación, ya con Cristina de Presidenta, de impuestos confiscatorios. Clarín quería desde hacía un par de años obtener la autorización para adquirir un paquete de acciones de Telecom Argentina, empresa de telefonía que controlaba un grupo de empresarios argentinos y Telecom Italia. La meta era el “triple play”, al que aspira todo grupo de telecomunicaciones: telefonía, internet y televisión (o aspiraba, pues hoy la tecnología permite un “quádruple play”).

Clarín controla no sólo Cablevisión, sino también el Canal 13 de señal abierta, el canal de cable Todo Noticias, Radio Mitre y varias emisoras más. Su buque insignia es Cablevisión (incluyendo a Fibertel), que representa un 70 por ciento de las ventas consolidadas. De allí que el gobierno, que envió a Clarín las primeras señales de hostilidad abierta en 2008, hiciera aprobar al año siguiente una ley de medios de comunicación cuyo objetivo real era desmembrar el imperio que dirige Magnetto. No era difícil encontrar argumentos contra Clarín, dada su posición dominante en el mercado. El kirchnerismo los usó a fondo para justificar varias limitaciones a la propiedad en el campo audiovisual, incluyendo el número de licencias permitidas y el porcentaje del total de espectadores al que podía servir un solo grupo.

Todo lo que había ocurrido hasta entonces y ha sucedido después, confirma que los Kirchner no querían “democratizar” las comunicaciones, sino neutralizar al grupo de medios privados con mayor capacidad de hacerle oposición y convertirse ellos mismos, desde el Estado o través de sus amigos, en los jugadores dominantes. El poder mediático que concentra el kirchnerismo hoy no tiene parangón desde la dictadura.

Clarín ha logrado, mediante acciones en los tribunales, protegerse del desmembramiento que resultaría de la aplicación de la ley. Precisamente por eso, el gobierno ha hecho aprobar una reforma judicial que limita las medidas cautelares, politiza la elección de consejeros de la Magistratura (quienes escogen a los jueces) y reorganiza o amplía las salas de un modo conveniente. La oportunidad de esta reforma ha sido perfectamente calculada: en pocas semanas debe decidir la Corte Suprema si algunos aspectos medulares de la ley de medios de comunicación son o no constitucionales. Si la decisión fuese favorable al gobierno, Clarín tendría que empezar a desembarazarse de inmediato de varios de sus activos, pues la justicia ha dicho que el plazo de un año que contempla la ley rige desde la aprobación de la norma.

Se entiende que en estas semanas, el papel de Jorge Lanata haya adquirido una dimensión intensamente dramática. Argentina se juega su futuro político con esta sucesión de denuncias dominicales: o ellas frenan a Cristina Kirchner o la mandataria acabará con Clarín -donde en los últimos días corre el rumor de una intervención inminente-, allanará el terreno para el sometimiento institucional y conseguirá la reelección. Se han sumado todos los actores políticos importantes a este enfrentamiento: el jefe del gobierno de Buenos Aires, Mauricio Macri, emitió una garantía de protección a la libertad de expresión en su jurisdicción y varios diputados, entre ellos, Francisco de Narváez, han anunciado iniciativas legislativas en el mismo sentido.

Argentina está en un borgiano sendero de caminos que se bifurcan. Uno conduce a Caracas; el otro, a la sangre, sudor, trabajo y lágrimas de la libertad. Aprieto los dientes y los puños para que los argentinos opten por la segunda vía.

Fuente: http://independent.typepad.com/