La creatividad autoritaria se hizo presente ahora en la provincia de Buenos Aires con la promulgación de la ley 12.665, aprobada el 8 de marzo de 2001 en una sesión especial del Senado celebrada con motivo del Día Internacional de la Mujer. Este engendro jurídico se lo debemos a la preocupación de la entonces diputada María del Carmen Banzas (esposa del dirigente radical-alfonsinista Leopoldo Moreau) y contó con la complicidad, perdón, con el apoyo unánime de todos los legisladores presentes, a los que luego de cuatro años se les sumó el Ejecutivo.

Como resultado de la perversión de esta ley, los comerciantes del ámbito provincial no sólo deberán vender talles grandes, sino corregir la marcación de los mismos. El “bien común” en este caso está referido a la prevención de la anorexia y la bulimia.

Es ridículo pensar que desórdenes de alimentación tan serios puedan corregirse ampliando los talles, cuando los especialistas saben muy bien que esa problemática tiene origen multifactorial.

Hablar de obligación implica la existencia de un órgano estatal dedicado a controlar, y en este caso es la Dirección Provincial de Comercio y los 134 municipios que la componen. Para continuar con el absurdo, se regirá por el Código del Consumidor que habilita a los clientes a denunciar a quienes incumplen con la ley. La sanción incluye multas de $ 100 a $ 500.000 y hasta la clausura en caso de reincidencia.

La titular de la dirección que ejerce el control, Ana Serrano, manifestó que siempre que el Estado deja de estar ausente –o sea cuando se mete en lo que no debe- existe algún sector que se resiente. En este caso, según ella, sólo se trata de algunas líneas y marcas, pero es necesario pensar en el “bien común”. Sus dichos son contradictorios, porque si sólo se trata de algunas marcas y líneas, significa que no es una situación generalizada y los consumidores tienen entonces otras opciones.

¿Qué es el “bien común”? Como bien dice Ayn Rand, es una noción tribal que ha servido como justificación moral de la mayoría de los sistemas sociales y de todas las tiranías en la historia. Es un concepto sin sentido, al menos si se lo toma literalmente, y sólo es posible que recobre sentido como la suma del bien de todos los hombres individuales involucrados. Deja abierta la pregunta sobre qué es bueno para los individuos y cómo se determina.

Por otro lado, en el caso que nos ocupa, los fabricantes comentaron que cuando hacen talles grandes, éstos quedan en los percheros. También explicaron que hay prendas que no pueden ser llevadas a un talle muy grande porque no se verían bien y no habría quiénes se las pusiesen. Para ello tendrían que hacer diseños más grandes, pero eso insumiría una gran inversión.

La Cámara de Comercio advirtió en un comunicado que la ley es de cumplimiento imposible, y que ningún negocio podría absorber la exigencia de un stock de todos los talles sin sufrir una severa descapitalización.

Conclusión: es una medida política que no atiende la realidad de la industria y una muestra más de autoritarismo porque es claramente violatoria del derecho de propiedad. Es de imposible cumplimiento –como dice la Cámara- porque es contraria a la naturaleza humana y, consecuentemente, carece de moral.

Además, crea un nuevo impuesto, porque para cumplir con la ley los fabricantges deberán trasladar sus costos al precio final de las prendas, y se verían perjudicados comerciantes y consumidores.

Pareciera que la autora de la ley encontró un nicho de mercado no explotado. En lugar de obligar a fabricantes y comerciantes a vender talles más grandes, sería menos autoritario que se aliara con quienes la apoyaron y se dedicaran a comercializar dichos talles. Tal vez les resulte redituable.

Pero, sin lugar a dudas, el periodismo contribuye con su ignorancia. Lejos de criticar la intromisión estatal, la periodista del diario La Nación le preguntó a la burócrata responsable de los controles por qué la ley contempla sólo a las adolescentes. Para justificar lo injustificable Ana Serrano dijo: “…y por algo hay que empezar. La idea es ampliarlo –continuó- porque la discriminación también ocurre con adultos hombres y mujeres y con las personas mayores”.

Otra periodista del mismo diario en su columna admite que a los fabricantes y comerciantes que cumplan con la ley les quedarán talles sin vender y, por tanto, no tendrán recuperación económica. Pero presentó una alternativa brillante: en lugar de crear leyes imposibles de ser cumplidas en las actuales condiciones, podría pensarse en crear incentivos de algún tipo, ya sea con reducción de impuestos u otorgamiento de créditos blandos, o bien crear firmas de ropa con perfil muy de moda pero especializadas en la franja de talles medianos a los amplios y grandes. Y, finaliza, que si eso no interesa, al menos habría que hablar con los que saben antes de decidir sobre lo que se ignora.

La periodista es la primera en ignorar cómo funciona la interacción libre y voluntaria entre todos y cada uno de los individuos (léase mercado), en entender que las leyes sólo tienen como misión proteger los derechos individuales y que la única función de los gobiernos es que ello se cumpla en la práctica.

Otra idea brillante sería obligar a estudiantes, legisladores, periodistas y todo otro ignorante que esté suelto por allí a leer a Alberdi, Hayek, Bastiat, Von Mises, Ayn Rand, Rothbard, etcétera. Éste es el único caso en el que justifico el “bien común”… © www.economiaparatodos.com.ar



La licenciada Ana Caprav es periodista y realizó un master en Comunicación Institucional.