El jueves de la semana pasada, la Policía Federal, en una acción coordinada por el Gobierno de la Ciudad, desalojó al conjunto de cartoneros que se había asentado en Barrancas de Belgrano en los veredones de la estación Lisandro de la Torre del ferrocarril Mitre en La Pampa y Virrey Vertiz.

La operación terminó con nueve detenidos, un basural diseminado por las inmediaciones y una serie de declaraciones de un lado y otro que vale la pena comentar.

Los cartoneros se habían apostado allí con carpas, calentadores, ropa colgada, chicos semidesnudos corriendo por la calle, es una especie de toldería urbana que ellos consideraban la respuesta a la decisión extraordinariamente sensata de la empresa de TBA de cancelar el servicio del llamado “Tren Blanco” que cumplía el recorrido gratis, llevado y trayendo cartoneros entre la Capital y la zona norte del Gran Buenos Aires. TBA decidió terminar con el servicio, en gran medida, apoyada en razones de seguridad ya que el convoy había sido destruido por sus propios beneficiarios y el estado en el que se encontraba era francamente lamentable. Otro tanto merece anotarse para las estaciones desde donde el tren salía y adonde llegaba: en ambas los desperdicios y suciedades que los cartoneros producían y dejaban esparcidas por los pisos, los baños y otras instalaciones eran francamente inadmisibles, incluso para los pasajeros de las otras formaciones que pagan sus boletos y que no tienen ninguna obligación de codearse con las inmundicias de aquellos a quienes nada les importa.

En Barrancas de Belgrano también el escenario iba camino de convertirse en un foco de peligro, con gente que hacía sus necesidades en la calle, con chicos sin ton ni son, corriendo, limosneando y en muchos caso metiendo miedo a la gente que no comete otro pecado que no sea el de trabajar.

Luego del más que justificado desalojo, se desataron una serie de comentarios dignos del choque entre una Argentina que quiere un cambio de paradigma frente a tanta insensatez, y otra que sigue confundiendo los valores de la justicia, la igualdad y la mismísima democracia con conceptos que nada tienen que ver con ninguna de las tres.

Obviamente, también los cartoneros aportaron lo suyo diciendo que “ellos tenían derecho” a quedarse allí porque “la empresa había cancelado el servicio del tren”; también que “tenían que darle de comer a sus chicos”. La marabunta de declaraciones de personajes políticos supuestamente más y mejor formados que aquéllos, no difería demasiado en el disparate. Apelaciones a la “justicia social” y sandeces semejantes fue lo único que se les ocurrió a quienes aparentemente apañan un proyecto de país que convierta de a poco a sus ciudades en una toldería.

La ocupación del espacio público por personas que se arrogan el derecho de apropiarse de él porque “tienen necesidades” es un argumento inadmisible en un Estado de Derecho y el mero intento de utilizarlo debe ser considerado un absurdo. Todos tenemos necesidades, pero no por eso salimos a convertir la ciudad en un baño público regándola con deposiciones y orín. Todos debemos darle de “comer a nuestros hijos” pero no por eso nos instalamos en un espacio pagado y mantenido por toda la sociedad, para colgar nuestra ropa a la intemperie. En mayor o menor medida todos padecemos de privaciones pero no por eso salimos a la calle munidos de calentadores para hacer nuestra comida allí.

Es más, a todas las personas honradas que solo ven en el trabajo el camino para mejorar su condición, la sociedad no le pone un servicio gratuito de trenes a la conveniencia de su itinerario. También, dicho sea de paso, si tanto necesitaban de ese transporte no lo hubieran destruido como lo hicieron, reduciéndolo a una chatarra con ruedas.

A estas conductas y a estas personas hay que ponerles un freno. Y un ejemplo.

Un ejemplo que debería comenzar por la Justicia que se podría haber ahorrado su demagógico fallo que obliga a la empresa ferroviaria a reponer el servicio, decisión que TBA ha anticipado, con toda claridad, que no cumplirá, porque el tren fue desguazado luego de que fuera vilmente arruinado por aquellos a los que servía, y porque no considera que ninguna norma la obligue (lo que es perfectamente cierto) a entregar una formación a gente que además de no pagar por ella, la destruye sin miramientos.

La idea de entender la Justicia Social y la igualdad como un permiso para que los que se disfrazan de indigentes le metan miedo a la gente honrada y trabajadora yéndola de malos y con una apariencia que asusta, debe terminar en la Argentina. Basta de apoyar apropiadores, ocupas, intrusos, ilegales. Basta de poner la ley del lado del que en lugar de trabajar vive a expensas de los que trabajan.

El gobierno de la Ciudad ha dado un paso en el buen sentido; en el sentido de la ley, el orden y las cosas en su lugar. Gran parte de la sociedad atemorizada que, por lo menos hasta ahora, veía perpleja como las propias instituciones se ponían del lado de los indeseables también ha salido a respaldar lo actuado.

Solo resta esperar que la demagogia de siempre, instalada en el poder político y el la Justicia no deshaga este camino hacia un cambio de paradigma en la Argentina. Solo resta esperar que, por una vez, el preocuparse por ser una persona de bien, trabajadora, que no anda metiendo miedo por la calle a sus vecinos y que solo aspira a progresar por la vía del esfuerzo, valga más para la Justicia y para las autoridades que un conjunto de atropelladores profesionales que con el curro de la pobreza han ganado, en los últimos años, el espacio público que pagan todos menos ellos. © www.economiaparatodos.com.ar