La atención preferente de los argentinos está focalizada hoy en la insólita decisión de la presidente Cristina de confiscar la totalidad del capital e intereses depositados en las cuentas individuales de millones de cotizantes en las AFJP, con el fin de obligarles al traspaso a un ignoto sistema de reparto estatal que ella anunció bajo las misteriosas siglas SIPA.

En esta misma revista, el tema es brillantemente analizado por Roberto Cachanosky, quien destaca la enorme gravedad de este anuncio oficial que significa simultáneamente:
a) destruir el mercado de valores, base imprescindible para la capitalización de empresas;
b) negar el derecho a la libertad de elección a 9.504.770 personas que –hace un año- optaron legítimamente por el sistema jubilatorio privado contra los 1.906.808 afiliados que eligieron el sistema estatal de reparto;
c) violar flagrantemente las disposiciones constitucionales que establecen que: “La confiscación de bienes queda borrada para siempre de las leyes argentinas” (artículo 17) y que “Los diputados y senadores no pueden conceder a la presidente de la Nación facultades por las cuales la vida, el honor o la fortuna de los argentinos queden a merced de gobierno o persona alguna, porque tendrán nulidad insanable y quienes las formulen, consientan o firmen, incurrirán en el delito de infames traidores a la Patria” (artículo 29).

Lo que aparece como claramente incomprensible es que la señora Cristina fue, hace 14 años, convencional constituyente para la reforma de la Constitución, donde apoyó conscientemente estas durísimas disposiciones a las que, por otra parte, juró cumplir y hacer cumplir cuando asumió el cargo de presidente de la Nación Argentina.

La enormidad de estos anuncios podría poner fuera de la ley a la propia presidente Cristina, con todas las implicancias institucionales que ello representa.

Pero tales asuntos domésticos no debieran dejarnos de prestar atención sobre la gravedad de la crisis financiera mundial que no termina por resolverse. Aquello que algunos llaman los mercados y otros la sociedad civil o el pueblo ilustrado, no terminan por confiar en los gigantescos rescates dispuestos por las autoridades gubernamentales de EE.UU. y la Unión Europea.

La cuestión radica en un tema crucial ¿cómo se pueden evitar estas crisis en el futuro? Es decir ¿de qué manera hay que organizar el sistema bancario y garantizar su estabilidad para que vuelva a ser seguro y confiable? Porque cuando la confianza se pierde es muy arduo volver a recuperarla y ello sólo se consigue después de arrepentirse, enmendar la conducta y hacer buena letra durante mucho tiempo.

La necesidad de las reglas ha sido señalada por muchos autores, especialmente James Buchanan en su libro “La razón de las normas” (Unión Editorial, Madrid 1987). Están basadas en este simple razonamiento: “Necesitamos reglas en la sociedad porque sin ellas la vida sería solitaria, pobre, sucia, salvaje y corta. Solamente el anarquista romántico piensa que hay una armonía natural entre las personas que puede eliminar los conflictos en ausencia de reglas. Necesitamos las reglas para vivir juntos, por la simple razón de que sin ellas nos pelearíamos, pues lo que un individuo deseare será apetecido, con toda certeza, por cualquier otro. Las reglas definen los espacios privados dentro de los cuales cada uno de nosotros podemos llevar a cabo nuestras propias actividades en paz y seguridad”.

Con mucha mayor razón son necesarias reglas claras, simples y comprensibles para adecuar el comportamiento futuro del sistema financiero y bancario mundial. Si un número determinante de individuos e instituciones las cumplen, podemos prever el comportamiento de los demás y con ello predisponernos a realizar acuerdos recíprocos. Así retorna la confianza.

El sistema bancario y financiero nacional y mundial necesita dos clases de reglas: de confianza y de disciplina. Ambas están asentadas en normas morales porque son ellas las que rigen la conducta libre de los seres humanos de manera tal que esa conducta haga posible la convivencia con las demás personas.

Las reglas de confianza permiten esperar la cooperación voluntaria de los demás y son de esta clase: “cumplir la palabra empeñada”, “decir siempre la verdad”, “respetar los bienes ajenos” y “abstenerse de utilizar el engaño o el poder para conseguir ventajas individuales”.

Las reglas de disciplina se sustentan en normas solidarias que permitan exigir reciprocidad a los terceros para que se comporten como uno lo hace y son de esta clase: “no eludir los propios deberes”, “sancionar el incumplimiento de las promesas”, “reconocer las culpas” e “indemnizar a quien se ha perjudicado”.

Desde este punto de vista, las medidas del salvamento de los bancos se han adoptado sin modificar ni un ápice las reglas permisivas que generaron la crisis financiera mundial. Tampoco se conocen las reglas bajo las cuales ellos deberán desempeñarse en el futuro. Tales reglas esperan ser redactadas y debieran desalentar la inestabilidad del sistema financiero, evitar el apalancamiento imprudente en operaciones que excedan el capital propio, impedir la creación de derivados financieros ilusorios sin solvencia alguna y prevenir la tentación de incursionar en operaciones que pongan en peligro la integridad de los valores confiados por los depositantes.

Después de la traumática experiencia de la crisis financiera de 1929, se conocieron dos interesantes propuestas bancarias para evitar la repetición de estas catástrofes.

Una fue la idea de un grupo de economistas cuya máxima figura era el profesor Henry C. Simons, denominada Plan del cien por cien o Plan de Chicago, expuesta junto con el profesor Irving Fisher en 1935. La otra idea, sumamente interesante, fue el Plan de cobertura de commodities o Plan de Graham, debido a que fue desarrollado por primera vez por Benjamín Graham en 1937 y ampliado posteriormente en 1944. Pero de ambos nos ocuparemos en un próximo artículo.

Entre tanto, deseamos fervorosamente que el tempestuoso anuncio de la presidente Cristina sea revisado y arrinconado en el trasto de las cosas inútiles para que también la confianza pueda comenzar a renacer entre nosotros. © www.economiaparatodos.com.ar

Antonio I. Margariti es economista y autor del libro “Impuestos y pobreza. Un cambio copernicano en el sistema impositivo para que todos podamos vivir dignamente”, editado por la Fundación Libertad.