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EPT | September 26, 2022

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Jueves 22 de junio de 2006

Comentarios previos a la discusión sobre la nueva ley de educación

La educación del país está nuevamente en debate. Por eso, conviene estar atento a las implicancias de la propuesta que el Ministerio de Educación presentó para ser discutida entre la comunidad educativa.

El ministro Daniel Filmus ha decidido modificar la ley de educación que rige el país, para eso ha elaborado un documento y lo ha sometido a discusión. Con mucha prisa, miles de personas se aprestan a discutir los ejes delineados por el funcionario y sus colaboradores. Sin embargo, antes de ingresar en la discusión de contenido habría que hacer algunos análisis que son inevitables.

1. Innecesaria:

El ministro da por sentado que hay una necesidad de cambiar la ley. Básicamente, el argumento es que la educación no funciona, se esboza levemente algún diagnóstico y entonces se cambia la ley.

En ningún momento surge una relación directa entre lo que funciona mal y lo que la ley actual establece. Si, por ejemplo, se plantease que hay muchos accidentes de tránsito porque los autos van a demasiada velocidad, y se encuentra una cláusula de una ley que establece las velocidades máximas permitidas y estas son muy altas, entonces se propone modificar la ley y disminuir esas velocidades máximas (suponiendo que los ciudadanos las respetan, pero eso es harina de otro costal). De todo lo que se dice que anda mal en la educación no se encuentra nunca una relación directa o indirecta con la ley. ¿Se apunta a alguna cláusula que haya evitado el objetivo de que todos los niños de 5 años sean escolarizados? ¿Hay algún artículo que evite que los docentes enseñen? Y así podríamos seguir con las preguntas y las respuestas serían siempre negativas.

Algunos pueden estar pensando en ciertos resultados y reglamentaciones de la Ley Federal de Educación, como por ejemplo el no dictado de Matemática en el último año del secundario/polimodal, el régimen de aprobación facilista de la compensación, las permanentes órdenes para promover alumnos, entre otras cuestiones, pero nada de eso esta en la ley. Todo eso es la aplicación, interpretaciones y reglamentaciones que han hecho muchos de los que hoy pretenden modificar el texto original.

Es verdad que hay una excepción: las escuelas industriales que no estaban previstas en Ley Federal de Educación. Pero, justamente, el presidente Kirchner y el Congreso han demostrado cómo debe hacerse para corregir eso: aprobaron una ley que modificase lo necesario y articulase con la estructura existente.

2. Espurio mecanismo elegido:

Supongamos por un momento que me convencieron y hay que reformar la ley. ¿Es el mecanismo de consulta previsto el adecuado? No. Por empezar, no es transparente. Se envían 20 preguntas abiertas y del tipo “la vaca: exponga” a todos los que quieran participar para contestarlas. ¿Cómo se van a procesar las respuestas? ¿Quién las va a procesar? Las van a procesar los empleados y funcionarios de los Ministerios de Educación que son responsables del fracaso hasta el momento, de parcialidad conocida y necesaria y que necesitan, por cuestiones de supervivencia, presentarles a los ministros provinciales y de la Nación un resultado agradable a sus oídos.

Obviamente ése no es el camino. En la historia argentina hubo dos congresos pedagógicos. Las conclusiones del primero tuvieron una vigencia de 100 años, las del segundo llevan sólo 20 años. ¿Tanto se equivocó la sociedad argentina hace 20 años? ¿O acaso quienes hoy proponen hacer esta reforma resultaron ser parte de la minoría en ese congreso y tienen miedo de repetir la historia si convocan a un mecanismo donde haya representantes que deben volver y responder a las bases por lo que dicen en lugar de sacar sagradas conclusiones desde oscuros despachos?

3. No se garantiza la libertad:

El Estado va a establecer quién puede enseñar, qué se debe enseñar, con qué recursos, cómo debe aprobarse a los alumnos y “garantizará igualdad de los resultados educativos” (textual subtítulo 10.3, que en algunas versiones aparece incorrectamente numerado como 6.3). Eso sí, a las familias se les garantiza el derecho a elegir el tipo de educación que responda sus convicciones (si es que alguien logra hacer una escuela que responda a ellas) pero con las ayudas y apoyos precisos del Estado para “compensar” (textual) las carencias culturales.

Es verdad que se puede encontrar en el documento frases que defienden la libertad, pero -en los hechos- la estructura propuesta no es consecuente con lo que declama. Está claro que debemos coincidir en unos mínimos, pero si estos abarcan la totalidad del tiempo disponible (entre otras cosas) entonces no se puede hacer nada más y, por lo tanto, la libertad sólo es una bonita palabra.

4. Democracia o República:

El documento presentado por el ministro Filmus menciona varias decenas de veces la palabra “democracia” y sus derivados pero sólo dos veces la palabra “república” (y una es una transcripción del artículo 14 de la Constitución Nacional). Este hecho no es menor: quien sólo habla de democracia piensa que la mayoría de hoy puede votar cualquier cosa y queda establecida, quien habla de República reconoce valores perdurables en el tiempo que no están sometidos a discusión, especialmente el respeto a las minorías, a los individuos, a los acuerdos de ayer y los posibles caminos del mañana, a las instituciones y sus mecanismos, etcétera. Quien sólo habla de democracia cree que hoy podemos votar si Dios existe, y si por un voto gana el no, entonces Dios no existe.

Otra de las palabras recurrentes en el documento es “homogeneización”.

La educación del país está nuevamente en debate. Que nuestras ocupaciones diarias no nos hagan atender lo urgente y nos olvidemos de algo tan importante dejándolo en manos de quienes quieren educar a nuestros hijos para que sean distintos a nosotros. © www.economiaparatodos.com.ar



Jorge Ludovico Grillo es abogado, docente y director de un instituto polimodal en la provincia de Buenos Aires.




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