En el debate sobre la igualdad y la justicia social, aparece ineludiblemente la discusión acerca de cómo lograr la mejor redistribución de ingresos o de riqueza

Y esta es una polémica que acapara no pocos desacuerdos. El principal punto de disputa reside en a quiénes o a qué ‘sectores sociales’ habría que privilegiar en el reparto por encima de los demás. En otras palabras, definir con precisión -o siquiera con aproximación- quienes serían o corresponderían ser a los que cataloguemos como ‘excluidos sociales’, y quiénes serían los que deberían quedar fuera de dicha clasificación.

El problema -como ya señalamos en otras ocasiones- consiste en que, cuando el gobierno comienza a anunciar políticas de subsidios, cada vez franjas más importantes de personas comienzan a considerarse con derecho para acceder a los mismos, lo que es una consecuencia lógica que deriva del axioma praxeológico que toda acción humana tiene por objetivo la mejora del estado del individuo que actúa, y –naturalmente- si pasar de un estado de menor satisfacción a otro de satisfacción mayor es a un costo menor del que podría ser de otro modo, todo individuo optará siempre por la acción de costo más bajo. Si alguien -en cambio- le presenta opciones de menor costo o sin costo alguno, la fila de personas que se anotarán para recibir el beneficio ofrecido de esa manera, será tanto mayor.

Este análisis nos lleva de lleno al mecanismo más frecuente utilizado por los gobiernos y -por sobre todo y con más énfasis- por parte de los gobiernos populistas. Nos referimos a la política del otorgamiento de subsidios a personas, grupos, entidades, empresas, organizaciones o lo que fuere (lo que no excluye, como lamentablemente ya sabemos, a los propios políticos que -en función de gobierno- se dedican a repartir esos mismos u otros subsidios).

Cuando el gobierno otorga un subsidio, la impresión que la mayoría de las personas tiene es que se le ha otorgado un beneficio a la persona que lo recibe. Pero se suele dejar de lado (o ni siquiera considerar) de dónde y de qué manera se han obtenido los fondos necesarios para que el gobierno pueda conceder semejante «generosidad» a la gente. El método es básicamente similar al que se describe a continuación:

«En realidad el asaltante de un banco que no es descubierto se beneficia con el asalto a expensas del resto de la gente. A primera vista es a expensas del banquero, pero cuando se percibe que hubo una malasignación de recursos desde las áreas preferidas por la gente hacia las preferidas por el asaltante se percibe que hubo una pérdida neta para el conjunto de la comunidad. Los gobernantes no “son descubiertos” porque hacen la operación con el apoyo de la fuerza beneficiando a subsidiados a expensas del resto de la población. La reducción deliberada del campo visual tiene gran efecto electoral porque se perciben los beneficios logrando adeptos y se ocultan perjuicios para no acumular opositores. Frédéric Bastiat siempre insistía que para analizar los resultados de una medida había que detenerse a considerar “lo que se ve y lo que no se ve”. En nuestro caso lo que se ve es el botín del subsidiado, lo que no se ve es lo que se hubiera hecho con los recursos de no habérselos succionado para darles un destino distinto de lo que la gente consideraba más atractivo. El ejercicio de ampliar el campo visual permite detectar desaguisados que de otro modo no resulta posible analizar. Y son innumerables las formas de subsidio en la era del “Estado fiscal” como diría Joseph Schumpeter.»[1]

 Tras de esta realidad, está presente toda una concepción cultural por la cual, mediante una paciente labor educativa que viene abarcando ya varias generaciones y que no parece revertirse, se ha concientizado a la gente en la falaz idea que los gobiernos podrían «crear riquezas de la nada» o -en el peor de los casos- el problema se «solucionaría» simplemente despojando a los ricos de «pequeñas» partes de sus ganancias. Pero esto también resulta una enorme mentira, ya que asimismo muchos de esos ricos y/o empresarios resultan ser beneficiarios de dadivas otorgadas por esos mismos gobiernos, a través de otros dispositivos económicos que operan -en sustancia- de manera muy similar a lo que lo hacen los subsidios, sobre todo en cuanto al modo de obtención de los fondos respectivos que, en pasos posteriores, van a ser transferidos a sus beneficiarios, directos o indirectos.

«Subsidios, exenciones fiscales, protección aduanera y mercados cautivos abren las compuertas para que los pseudoempresarios se alcen con el botín. La hedionda cópula entre gobernantes y cazadores de privilegios perjudican gravemente los intereses de la gente y muy especialmente de los más necesitados.»[2]

El problema consiste en que la mayoría de las transferencias de este tipo, incluyendo los subsidios que el gobierno declama que irían a los «excluidos», no tienen ese destino real, sino que se dirigen a los empresarios que generan continuos y repetidos contubernios con el gobierno mismo o sus personeros por un lado, y a los propios integrantes de la burocracia política, que son los que reciben la «parte del león» de este tipo de transferencias, por el otro.

Adicionalmente –en última instancia- todo dinero que se otorga en subsidios, previamente ha sido detraído a la sociedad mediante diversos procedimientos político-económicos, entre los cuales destaca el fiscal por excelencia. El subsidio es pagado por todos los ciudadanos, incluyendo a los mismos subsidiados, que creen estar recibiendo un «beneficio», cuando en realidad se les estaría reintegrando -en el mejor de los casos- una parte de lo que previamente el gobierno les extrajo vía impuestos, ya sea como contribuyentes de hecho o de derecho, teniendo en claro que, el grueso de los contribuyentes de cualquier nación de hoy en día lo son siempre de hecho, siendo los más perjudicados los más pobres.