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Lunes 14 de junio de 2004

Coparticipación: se están disputando la caja

Detrás de un supuesto debate por los mecanismos de coparticipación fiscal se esconde en realidad una pelea política para determinar quiénes son los que se quedan con el dinero de los contribuyentes: lo que los políticos quieren es poder disfrutar del beneficio de gastar sin tener que afrontar el costo de recaudar.

Cuando uno analiza el debate por la coparticipación federal entre la Provincia de Buenos Aires y el gobierno nacional, no puede menos que concluir que lo que se está debatiendo es el control de la caja: quién será el que maneje los fondos de los contribuyentes.

En este debate hay dos cuestiones que se están discutiendo. La primera tiene que ver con el porcentaje de impuestos que se quedará la Nación y cuánto irá a parar a las provincias luego de cobrar los impuestos coparticipables. El segundo debate consiste en determinar, una vez definido cuanto irá a las provincias, cómo se repartirán esos fondos entre las provincias. Ejemplo: si la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) recauda 100 pesos, la primera cuestión es definir cuánto de esos 100 pesos va a ir a la Nación y cuánto a las provincias. Supongamos que se divide por mitades. Entonces viene el segundo debate, que consiste en definir cómo se reparten entre todas las provincias los 50 pesos que les corresponden.

Cuanto mayor sea el porcentaje con que se quede la Nación, mayor va a ser el poder de ésta al momento de ejercer el poder. Porque con esos fondos el presidente de turno podrá salvar o hundir a un gobierno provincial o hacer más populismo repartiendo en las provincias subsidios, casas, planes sociales, etc. Es decir, cuanta más plata tenga la Nación, mayor será la cantidad de veces que el presidente podrá salir en la foto de los diarios y en los noticieros de televisión comprando voluntades políticas haciendo de Papá Noel con la plata de los contribuyentes.

El segundo nivel de debate tiene que ver con la forma en que se reparten los fondos coparticipables entre las provincias. Aquí la cuestión a preguntarse es: 1) ¿cuánta riqueza se genera en cada provincia? y 2) ¿cuántos impuestos paga cada habitante de las provincias y, por lo tanto, en cuánto contribuye a la masa de impuestos coparticipables?

Si una provincia genera más riqueza que otras y, por consiguiente, aporta una gran masa de recursos a la masa coparticipable, pero al mismo tiempo recibe un porcentaje de coparticipación menor a los impuestos que aporta en base a la generación de riqueza, entonces esa provincia estará subsidiando a otras provincias. Para ser más preciso, los habitantes de una provincia estarán subsidiando a los habitantes de otras provincias.

Además, si a las provincias con mayor generación de riqueza se les quita una parte importante de la coparticipación para transferírsela a otras, también se le estará quitando caja al gobernador de esa provincia.

Duhalde sabe muy bien lo que significa disponer de recursos abundantes. Durante sus años de gobernador pudo construir su liderazgo político en Buenos Aires gracias a los dos millones de dólares diarios que recibía como Fondo de Reparación Histórica del Conurbano Bonaerense.

Considerando que la provincia de Buenos Aires es una de las que más riqueza genera y, por lo tanto, más impuestos aportan sus habitantes a la masa coparticipable, es lógico pensar que Kirchner reciba el apoyo de casi todos los otros gobernadores, dado que esos gobernadores podrán gastar a expensas de los habitantes de la provincia de Buenos Aires.

¿Por qué los gobernadores quieren pegarle el tarascón a los recursos de Buenos Aires? Porque de esa manera se quitan de encima el costo político de tener que recaudar impuestos provinciales y, además, tienen el beneficio político de poder gastar.

Del total de impuestos que tienen las provincias para gastar, entre provinciales y provenientes de la coparticipación, el promedio de todas las provincias arroja que sólo el 33% proviene de impuestos provinciales (inmobiliario, ingresos brutos, etc.). Pero hay provincias en las que los impuestos provinciales representan sólo el 7% del total de recursos impositivos. En esas provincias, el 93% de los impuestos que tienen para gastar proviene de lo que recauda la AFIP transferido bajo la forma de coparticipación.

Un debate serio sobre la nueva ley de coparticipación federal consistiría en reestablecer la relación entre el beneficio político de gastar y el costo político de tener que recaudar impuestos provinciales. Si existiera un verdadero federalismo fiscal, un gobernador que se excediera en sus gastos debería poner la cara frente a sus habitantes y decirles que les tiene que aumentar los impuestos. Con el actual sistema de coparticipación ese problema no lo tienen.

Además, este laberinto que es la coparticipación federal le impide al contribuyente hacer el control de calidad de cómo se gastan los impuestos que paga. ¿Cómo hace el habitante de Buenos Aires para saber si el Impuesto a las Ganancias que pagó se está asignando correctamente si, por la coparticipación federal, sus impuestos fueron a parar primero a la Nación y después a Santa Cruz, por citar un ejemplo? ¿Cómo hace el contribuyente de Buenos Aires para controlar cómo gastan sus impuestos los gobiernos de La Rioja, Catamarca, Misiones o Río Negro?

Bajo este régimen de coparticipación, las responsabilidades se diluyen, el contribuyente se limita a ser una máquina de tributar y los políticos viven de fiesta despilfarrando la riqueza que genera la gente en cada provincia.

En síntesis, aquí no hay un debate serio sobre la reforma del sistema de coparticipación para reestablecer el orden fiscal en las provincias y en la Nación. Aquí hay un debate por quién se queda con la caja del otro para poder consolidar su poder político. Otro escándalo más de los tantos a los que nos tiene acostumbrado el populismo que impera en la Argentina.
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