El voto por sí mismo no es sinónimo de democracia republicana. El voto puede derivar en una dictadura cuando la gente pretende usar al Estado para expoliar a sus semejantes

Por lo menos en mi ideal, el voto solo sirve para cambiar pacíficamente a quienes van a administrar, transitoriamente, la cosa pública, pero siempre limitados a defender el derecho a la vida, la libertad y la propiedad de las personas.

El acuerdo es que en una sociedad, la gente se desarma voluntariamente y les otorga el monopolio de la fuerza a las personas elegidas para cumplir con la función mencionada en el primer párrafo. Por eso el concepto de Estado limitado. Un Estado subordinando a la ley y con límites claros sobre qué puede hacer y qué no puede hacer con ese monopolio de la fuerza.

Lamentablemente ese concepto ideal de democracia republicana se ha desvirtuado en muchos países que dicen ser democráticos, transformándose en un aparato de robo legalizado, violación de derechos individuales y todo tipo de atropellos. La trampa en que hemos caído consiste en limitar el concepto de democracia republicana a solamente el acto de votar.

Al desvirtuarse el concepto del voto, se ha transformado el ideal de democracia republicana, en un sistema de expoliación, corrupción y violación de derechos, sustentado en una mayoría circunstancial de votos.

Citando una vez más a Bastiat, en su gran ensayo La Ley, dice el autor francés refiriéndose a la expoliación legal: “¿Cómo reconocerla? Es muy sencillo. Hay que examinar si la ley quita a algunos lo que les pertenece, para dar a otros lo que no les pertenece. Hay que examinar si la ley realiza, en provecho de un ciudadano y en perjuicio de los demás un acto que aquel ciudadano no podría realizar por si sin incurrir en criminalidad”.

Supongamos que un fabricante de salchichas va con un grupo armado a la frontera e impide pasar a comerciantes que traen salchichas de otro país, argumentando que su competencia está destruyendo su industria. Ese fabricante, en un estado de derecho, iría preso por violar el derecho a ejercer el libre comercio, la libertad de terceros, al tiempo que estaría violando el derecho de los consumidores a elegir qué producto quiere comprar.

Ahora, supongamos que estamos en un país en que quien fue elegido para administrar la cosa pública sale en defensa del fabricante que utilizó el grupo armado y sanciona una ley prohibiendo la importación de salchichas. ¿En qué situación estamos? En que el Estado se ha transformado en un delincuente, que hace el trabajo sucio del fabricante de salchichas, pero en nombre de una ley que fue votada por una mayoría circunstancial. En ese caso tenemos la expoliación legal a la que hace referencia Bastiat.

Otro ejemplo, supongamos que un dirigente sindical va con un grupo armado a la salida de una fábrica y a todos los obreros que salen de la misma los obligan a entregar un porcentaje de su sueldo argumentando que ese grupo armado le va a prestar el servicio de salud. Nuevamente, en un estado de derecho ese dirigente sindical iría preso. Pero si el dirigente sindical convence a los gobernantes para que sancionen una ley que obligue a los trabajadores a entregarle al dirigente sindical una parte de sus ingresos para que les preste el servicio de salud, la sociedad tiende a verlo como un acto legal, cuando en realidad el Estado se ha transformado en un simple ladrón asociado al dirigente sindical.

Veamos un tercer ejemplo. En este caso, un candidato a administrar la cosa pública convence a una parte del electorado de que ellos son pobres porque otros son ricos, por lo tanto, de llegar al poder le quitará a los ricos para darle a los pobres. En rigor suele pasar que haya gente pobre porque otros son ricos. Sin embargo, estos casos ocurren cuando los funcionarios del Estado se roban los recursos públicos y/o desincentivan la inversión que genera puestos de trabajo, mejora la productividad y eleva los salarios. La pobreza es fruto de la ausencia del estado de derecho y de la corrupción.

Pero ese candidato en particular no va a decir toda la verdad, solo dirá la verdad a medias. Nunca dirá que hay pobres por falta de calidad institucional y corrupción. Nuevamente, una parte del electorado se sentirá con derecho a ser mantenido por gente que trabaja honestamente, y votará para que el Estado les quite compulsivamente parte de sus ingresos a los que trabajan para sostener a los que se consideran que tienen derecho a vivir a costa del trabajo de otros. Nuevamente, el Estado roba en nombre del otro bajo el argumento que los votos que obtuvo lo autorizan a violar los límites en el uso del monopolio de la fuerza.

Los tres ejemplos anteriores son lo que Bastiat denomina la expoliación legal. Cuando esta expoliación legal se extiende a muchos campos de la economía y se transforma en políticas públicas, cada vez son más los que pretende vivir a costa de privilegios, subsidios, protecciones y todo tipo de prebendas. Esta situación desestimula la cultura del trabajo, la inversión, al desarrollo de la capacidad de innovación, el esfuerzo personal por superarse y la economía entra en un sendero de menor producción, más ineficiencia y pobreza, generando más demandas de mayor expoliación legal. Podríamos decir que en este modelo de organización social, el candidato a administrar la cosa pública basa su éxito político en fabricar pobres a los que convence que tienen derecho a vivir de los que trabajan.

Pero como la economía genera cada vez menos riqueza, para sostener su poder, el administrador tiene que incrementar la expoliación legal, lo cual exige no solo quitarle una parte cada vez mayor a los sectores que producen, sino violar derechos individuales, como la libertad de expresión para que las voces disconformes no denuncien el abuso del monopolio de la fuerza para violar el derecho a la propiedad.  Normalmente, a la violación del derecho de propiedad le sigue la violación al derecho de expresión y la violación a los derechos individuales para que la gente no se resista a que el Estado les robe en nombre de la ley. El que se opone a ser robado por el Estado pasa a ser un delincuente, y el delincuente, el Estado desvirtuado, pasa a ser el justiciero.

Semejante organización social puede surgir de considerar que el voto otorga libertad de acción sin límites a los gobernantes deriva, inevitablemente, en una dictadura, tema magistralmente explicado por Hayek en su libro Camino de Servidumbre. Cuando se tolera que quienes administran el Estado usen el monopolio de la fuerza para violar los derechos que debía proteger, se da el primer paso a una sucesión de expoliaciones legales hasta que se llega a una situación de descontento popular que solo puede ser frenado transformando la democracia en una dictadura que puede llegar a tener niveles de violencia insospechados.

En definitiva, el voto por sí mismo no es sinónimo de democracia republicana. El voto puede derivar en una dictadura cuando la gente pretende usar al Estado para expoliar a sus semejantes. Y como siempre habrá candidatos a administrar la cosa pública, dispuestos a violar los derechos a la vida, la libertad y la propiedad, la democracia republicana siempre estará en riesgo de sus enemigos. Solo un pueblo con fuertes valores republicanos, que prioriza la cultura del trabajo, el esfuerzo personal y el respeto por los derechos de los otros miembros de la sociedad estará a salvo de los enemigos de la democracia.

Por eso el título de esta nota, si una mayoría circunstancial no tiene esos valores, el voto puede transformarse en el mecanismo “legal” para establecer una dictadura.