En 1981, residían en Francia, sin mayores sobresaltos, unos seiscientos “refugiados políticos” italianos que -escapados de la justicia de su país- habían pertenecido a las organizaciones marxistas subversivas, como las “Brigadas Rojas”, que asolaron -con saña- a la sociedad italiana a lo largo de la década de los 70, causando toda suerte de víctimas inocentes. Muchas de las cuales aún esperan que se haga justicia.

La vergonzosa “doctrina Mitterand”

Todos ellos se habían beneficiado de una patológica posición política adoptada en su momento por el socialismo francés.

Me refiero a la llamada “Doctrina Mitterand”, que hoy es, afortunadamente, tan solo una reliquia histórica. Ella establecía que aquellos italianos e italianas que habían participado en acciones terroristas en Italia, que se encontraran en Francia a comienzos de la década de los 80 después de haber roto con sus respectivas organizaciones subversivas y que habían comenzado una “segunda fase” de sus vidas, renunciando a la violencia, no serían extraditados a Italia”.

La referida “doctrina”, que ha sido formalmente abandonada por Francia, violaba abiertamente y sin rodeos lo dispuesto en las Convenciones de Ginebra de 1949, aplicables ciertamente a los conflictos armados internos, que dispone que cada una de las partes contratantes tiene la obligación de buscar a las personas acusadas de haber cometido u ordenado cometer, una cualquiera de las infracciones graves definidas en la Convención, debiendo hacerlas comparecer ante los propios tribunales, fuere cual fuere su nacionalidad. Podrá también, si lo prefiere, y según las condiciones previstas en su propia legislación, entregarlas para enjuiciamiento a otra Parte Contratante interesada en el proceso, en la medida en que esta otra Parte Contratante haya formulado contra ellas suficientes cargos. Italia, cabe recordar, no había invocado expresamente en los procesos judiciales contra los brigadistas y sus compañeros de ruta esa Convención, eligiendo -en cambio- juzgarlos bajo las normas internas de su país.

Pero las Convenciones de Ginebra de 1949, que procuran infructuosamente proteger a los civiles inocentes, son directamente obligatorias para todos los Estados, desde que -por ser la costumbre internacional volcada en una norma que la recoge- son consideradas como “jus cogens”.

La Francia actual, en obvio cambio de rumbo, ya ha extraditado a Italia al terrorista Paolo Persichetti y está caminando ahora en dirección a extraditar físicamente también a Marina Petrella, una ex brigadista roja, culpable de haber atentado con reiteración contra civiles inocentes, que hoy está aparentemente con su salud afectada por la situación que inesperadamente vive: la de tener que asumir su responsabilidad por sus crímenes.

Desde la izquierda radical hay voces de protesta que procuran evitar su extradición, ya decretada por el gobierno de Francia, por razones humanitarias dicen. De las víctimas de los actos terroristas y de sus abominables (y cobardes) delitos, pocos se acuerdan. Que sus vidas hayan quedado afectadas horriblemente, y para siempre, no parece importar demasiado.

En Brasilia, el nuevamente fugado ex terrorista Cesare Battitsti, que también fuera un “refugiado” de Mitterand, espera una decisión judicial del Brasil, desde que Italia ha solicitado formalmente la extradición del delincuente que huyera de Francia, violando sus promesas, cuando este país decidiera extraditarlo.

La nueva “doctrina Ortega”

El actual Presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, que alguna vez fuera cabeza de las milicias “sandinistas” que desde la izquierda radical libraran una guerra civil en su país, esto es participaran en un conflicto armado interno al que la Corte Internacional de Justicia ha considerado específicamente sujeto a las Convenciones de Ginebra de 1949, y que presumiblemente fuera responsable de un sin número de violaciones de esas convenciones, está asumiendo ahora el rol de un extraño “Mitterand latinoamericano”, concediendo abiertamente refugio a los terroristas colombianos que quieran residir en su país.

Nicaragua es, entonces, oficialmente un “paraíso” o un “refugio” para los terroristas.

Dos colombianas, Martha Pérez Gutiérrez y Doris Torres Bohórquez, ambas presuntas guerrilleras de las FARC colombianas que estaban en el campamento en que fuera ultimado recientemente Raúl Reyes, el segundo jefe de la organización, gozan de asilo en Nicaragua, según ha anunciado el propio Ortega, “urbi et orbe”. Tanto, que las presentó en un acto público celebrado en la “Casa de los Pueblos de Managua” el pasado 19 de junto, junto a la mexicana Lucía Morret, quien también tiene ese privilegio concedido por Ortega. Al hacerlo, Ortega invocó “razones humanitarias” desde que ellas estaban, dijo, heridas. Luego de curadas y repuestas, siguen en su condición de asiladas, con buena salud.

A ellas se suma ahora Nubia Calderón, la compañera sentimental de Franklin Aisalla, un ecuatoriano muerto en el mismo ataque en el que cayera el mencionado Raúl Reyes. Ya había sido fotografiada reiteradamente, en Quito, en compañía de Raúl Reyes y del ahora detenido “Simón Trinidad”.

Todas llegaron provenientes del Ecuador, sin saberse a ciencia cierta como ingresaron a ese país, ni como salieron de él. Obviamente parecen haber contado con alguna complacencia y/o protección, como mínimo, de la administración de la izquierda “bolivariana” que encabeza Rafael Correa.

De nada vale que el Presidente de Colombia haya recordado a Ortega que, según las normas internacionales, especialmente las sancionadas en el ámbito de las Naciones Unidas (al que la región ignora sistemáticamente, porque le queda incómodo, como si no existiera), no se puede conferir asilo a los terroristas.

Ortega cree que el derecho internacional es él mismo. A la manera desafiante típica de su líder y correligionario en la región, el caribeño Hugo Chávez, al que sigue religiosamente, sin dudar un solo instante. Cual peón.

Tratando de generar un ambiente favorable a sus actos, Ortega sostiene que su posición está “sustentada en los derechos humanos”; los de los ex guerrilleros, como es habitual. Sus víctimas no los tienen. En muchos lugares ellas carecen hasta del derecho esencial de conocer la verdad de lo sucedido y del de pretender que el Estado los repare. Hay quienes parecen creer, equivocadamente, que las reparaciones deben ser solo para las víctimas del “terrorismo de Estado”. Para nadie más. Están equivocados y no por casualidad. Pero nadie corrige un estado de cosas esencialmente injusto para las víctimas del terrorismo, que están abandonadas a su suerte, como si su situación a nadie interesara. © www.economiaparatodos.com.ar

Emilio Cárdenas se desempeñó como representante permanente de la Argentina ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU).