La puesta en ejecución de una política eficaz contra la delincuencia plantea, ante todo, un complejo problema intelectual. Quizá no muchos lo comprendan de ese modo y por eso conviene abordar el tema y procurar aclararlo.

La dificultad básica para resolver el problema de la delincuencia radica en que es necesario saber qué es lo legítimo y qué no lo es. Esta confusión es un coletazo de la aplicación de métodos inapropiados para combatir la subversión terrorista en la década del 70. Desde entonces, cualquier curso de acción que implique enfrentar la ilegalidad queda sospechado “a priori” de ser represivo, genocida y violatorio de los Derechos Humanos. Por eso es necesario aclarar qué es lo que resulta éticamente aceptable y lo que no en lo referido a la lucha contra el delito.

Es importante recalcar que está bien que la lucha contra el delito deba ceñirse a exigencias éticas. No es legítimo, en el marco del Estado de Derecho, combatir el delito con métodos reñidos con la legalidad. El problema radica en que aquí nos hemos ido hasta el extremo de que, por temor a incurrir en prácticas represivas ilegales, nos hemos quedado en un estado de parálisis que da pie para que cualquier tipo de acción delictiva quede sin respuesta por temor a violar los Derechos Humanos de los delincuentes.

El punto de partida es un hecho evidente pero conviene repetirlo: un delincuente es esencialmente eso, es decir, un sujeto que voluntariamente eligió situarse fuera de la ley y atentar contra derechos de otros ciudadanos. Un delincuente no es una víctima de un sistema social injusto, sin perjuicio de que efectivamente haya un sistema social injusto. Por lo tanto, el delincuente no tiene derecho a justificar su accionar como una supuesta “reivindicación” ante las injusticias sociales. Si hay injusticias sociales –que por cierto las hay– habrá que resolverlas de otro modo, no cometiendo delitos. Es importante reafirmar este concepto porque, de lo contrario, queda en duda la legitimidad del propio hecho de que la delincuencia sea combatida.

Una vez tipificado el hecho de que un delincuente es un individuo que eligió situarse fuera de la ley, corresponde recalcar que no por eso el delincuente deja de tener garantías y que las fuerzas de seguridad no tienen derecho a avasallar al delincuente por su condición de estar al margen de la ley. Sin embargo, esto, a su vez, no le da derecho al delincuente a ampararse en esas garantías para buscar vericuetos procesales que le permitan eludir la sanción que le corresponde, fundamentalmente para seguridad de la sociedad en su conjunto y como ejemplo ante otros eventuales delincuentes que percibirán así el costo de salirse de la legalidad.

El problema es, esencialmente, de conducción política. El gobernante que tenga a su cargo la dirección política de la lucha contra la delincuencia debe respaldar plenamente la acción de las fuerzas de seguridad porque ellos, los agentes policiales, son quienes arriesgan su vida para combatir la delincuencia. Debe, además, proveerles de los recursos materiales y legales necesarios para desarrollar su tarea. Y, al mismo tiempo, debe establecer con claridad los límites a los que el accionar policial debe ceñirse. Buena parte del problema de la inseguridad pública se deriva del hecho de que los gobernantes, ocupados en otro tipo de cuestiones, no se hacen cargo de la prestación de apoyo y de la fijación de pautas claras para la guía del accionar policial.

El problema de fondo es que los políticos no tienen al tema de la inseguridad en su agenda, en buena medida porque no les reditúa electoralmente, aunque existen algunos indicios de que esto podría empezar a modificarse. No deja de ser llamativo que, últimamente, hasta el kirchnerismo, ante el temor de que se le “escape la tortuga”, ha empezado a manifestar preocupación por el problema de la inseguridad (). ¡El kirchnerismo preocupado por la falta de seguridad! Hay de todo en la viña del Señor.

Pero esto es ilusorio. El kirchnerismo no está intelectualmente en condiciones de afrontar el problema de la delincuencia porque su concepción ideológica está ligada a las corrientes que consideran que la represión de la delincuencia es ilegítima, violatoria de los Derechos Humanos de los delincuentes. Por eso, en tanto gobierne el actual oficialismo, la situación en relación a la seguridad pública seguirá siendo problemática. Hace falta una visión política más amplia y una concepción intelectual más profunda que las que detentan los actuales gobernantes para que el problema empiece a encontrar una vía de solución. No es tan difícil establecer los criterios a seguir, en tanto haya voluntad y convicción para fijar las pautas que se deben cumplir. Lo difícil, quizá, es tener la determinación de denominar a los hechos por su verdadero nombre y, de allí en más, actuar en consecuencia.

El problema está pendiente, pero el camino que cabe recorrer es el del sinceramiento, el reconocimiento de la realidad y la actuación en el sentido que las circunstancias demandan a los efectos de producir soluciones consistentes. No cabe esperar esto de este gobierno. Por el momento, no se vislumbra solución al problema. La esperanza, a pesar de todo, es lo último que se pierde. © www.economiaparatodos.com.ar