La gran diferencia entre los gobiernos de América Latina no es, como en el pasado, si eran de izquierda o de derecha

La gran diferencia entre los gobiernos de América Latina no es, como en el pasado, si eran de izquierda o de derecha, si eran populistas o conservadores, si tenían o no un origen democrático. Hoy no son tolerables los gobiernos cuyo origen no provenga de las urnas aunque muchas veces el resultado del conteo de votos pueda ser discutible. Tampoco son aceptables –al menos por mucho tiempo– gobiernos populistas con total desmanejo macroeconómico (inflación galopante, enormes déficits fiscales, clausura exterior, incumplimiento de compromisos financieros internacionales).

La mayor y más importante diferencia radica entre los gobiernos que aceptan la plena vigencia del estado de derecho y de la separación de poderes, no importa si aplican políticas más de izquierda o de derecha, y aquellos otros que, teniendo origen democrático legítimo, desconocen luego los equilibrios entre poderes, la independencia de la Justicia y la vigencia de los derechos individuales. Es decir, los que se apoyan en la voluntad popular para ser electos y luego quieren gobernar de acuerdo solamente a su propia voluntad. Son estos gobiernos los que postulan que lo político (la voluntad del gobierno de turno) está por encima de lo jurídico (la Constitución, las leyes, la separación de poderes, la independencia de la Justicia) que reflejan el pacto constitucional de los habitantes de un país para organizarse en sociedad.

A grandes trazos puede decirse que en el primer grupo se encuentran países como Venezuela, Ecuador, Bolivia, Argentina, donde se desprecia sobre todo a la Justicia y a la libertad de expresión, y en el segundo, donde se encuentra aquellos que respetan en general la vigencia de derechos individuales y la independencia judicial. Uruguay goza de un tradicional respeto por las instituciones y a nadie se le ocurriría ponerlo en el grupo bolivariano encabezado por Venezuela. Por ello cuesta entender por qué, cada poco tiempo, de filas del partido de gobierno surgen posturas que proclaman la supremacía de lo político sobre lo jurídico, en notorio desprecio a lo jurídico como si fuera un invento burgués para evitar que el gobierno pueda implementar una serie de políticas “revolucionarias o populares” que nadie sabe de dónde surgen pero sí a dónde conducen.

A veces molesta que la Constitución no permite hacer tal o cual cosa, poner tal o cual tributo. Otras veces molesta que la Justicia declare inconstitucional una norma aprobada por el Poder Legislativo, como si el Parlamento estuviera por encima de cualquier norma y pudiera hacer cualquier cosa que se le antoje. Otras veces, son los tratados internacionales los que encorsetan los deseos del gobierno y entonces se hace entrar por la ventana lo que no se puede entrar por la puerta. Pero siempre está el deseo de hacer la voluntad del gobierno de turno, casi con un poder absoluto como el de Luis XIV.

Ahora se sostiene incluso que como los políticos hacen las leyes, ellos están por encima de las leyes. No es así. Hacen sí, las leyes y ratifican tratados y cambian constituciones pero están sujetos a ellos. Al menos hasta que no los cambien. En el fondo, la verdadera lucha está en si el poder es absoluto para el gobernante de turno o si es limitado. En las democracias liberales, con todos sus defectos, predomina la ley sobre la política. En las democracias autoritarias, si así pueden llamarse, predomina la voluntad de gobernantes como Hugo Chávez, Nicolás Maduro, Evo Morales y CFK. Para ellos, las normas y la Justicia son molestias e impedimentos para llevar a cabo sus ideas.

¿Pensamos realmente así en Uruguay? Claramente no en buena parte del Frente Amplio ni en los partidos tradicionales ni el PI. Y esta es una línea que se debe mantener a toda costa, frente a los sectores del FA que no protegen las instituciones. Ya conocimos en carne propia los efectos del desprecio a las “libertades burguesas” y la búsqueda de la revolución que algunos imaginaban. No juguemos de nuevo con el fuego del autoritarismo, del mesianismo, de creer que tenemos la verdad revelada. Con las instituciones no se juega. A lo sumo, intentamos mejorarlas en función de la experiencia pasada. Pero démosle la oportunidad al derecho. Es garantía para todos.

Fuente: www.elobservador.com.uy