Así como es descabellado navegar en alta mar sin sextante ni compás GPS, de la misma manera es disparatado que el gobierno nacional pretenda conducir la economía enmascarando la realidad con la adulteración de los índices económicos.

La próxima víctima a sucumbir en este intento, parece ser la caprichosa estimación del Producto Interno Bruto para el 2º trimestre porque éste sería el último dato optimista que el presidente podría anunciar antes de las elecciones programadas para el mes de octubre.

En anteriores artículos (ver “Sospechas e ignorancia con el índice de precios”), hemos examinado qué puede hacerse con los índices de precios desde el punto de vista de la estadística matemática sin falsear la verdad. Pero, ahora el nuevo intento ya ha dejado de ser una cuestión técnica y se está transformando en un problema de esquizofrenia intencional.

La cuestión se plantea a partir de un aparatoso anuncio oficial de que la recaudación impositiva ha aumentado 37,4 % en relación con el mismo período del año anterior.

Esa información, de la que se jacta el gobierno, indica sin lugar a dudas que la presión impositiva está adquiriendo un nivel excesivo e inevitablemente va a provocar uno de estos dos efectos: o se paraliza el proceso productivo por desaliento de las inversiones o se genera una rebelión fiscal implícita que se manifestará en poco tiempo a través del incremento de la economía clandestina.

Si resultara la continuidad de los actuales gobernantes, la respuesta oficial frente a este fenómeno, no sería otra que un brutal impuestazo mucho más duro y agresivo que el que desafortunadamente impulsó Machinea al principio de la gestión de la Alianza.

La causa gravitante en este insostenible aumento de la presión impositiva no es otra que el irresponsable aumento del gasto público, promovido y sostenido por la obsesión estratégica del actual presidente para instalar una candidatura conyugal en las próximas elecciones.

En estos momentos, los incrementos del gasto público se guían por criterios políticos, con total desaprensión de la prudencia económica que debiera imperar en una buena administración.

Tal como hoy se lo practica, el gasto público tiene un altísimo coeficiente de ineficiencia y un no menos probable componente de delito, fruto del modus operandi implantado para conseguir fondos a través de sobrefacturaciones en obras públicas, la constitución de fideicomisos carentes de todo control y la distribución a mano llena de subsidios con destinos poco transparentes.

De este modo, el gasto público financiado a través de impuestos y nuevos endeudamientos, está compitiendo y desalojando al gasto privado con las negativas consecuencias que ello produce.

El gasto público presenta un alto grado de insatisfacción social porque está infectado por una corrupción creciente y necesariamente se hace de manera burda, mientras que el gasto privado se realiza después de un delicado proceso personal que empieza por comparar las ofertas, examinar las propias necesidades y elegir la mejor alternativa adaptada al gusto personal y a las posibilidades del bolsillo. Ninguno de estos tres pasos son susceptibles de darse en el caso del gasto público y se convierte en vulgar y tosco.

Por tales razones, debiéramos utilizar una fórmula idónea para determinar la verdadera presión fiscal a que nos ha conducido la política económica del gobierno.

Presión fiscal = (Recaudación de impuestos + Ingresos por única vez) x 100
                                                  PIB – Gasto público consolidado

El numerador de este modelo de medición de la presión impositiva no presenta obstáculos. Consiste en sumar los ingresos fiscales corrientes y no corrientes. Pero el denominador rescata una propuesta hecha en 1948 por Colin Clark (1905-1990), quien fuera director de investigaciones en la Universidad de Cambridge y presidente de la Pontificia Academia de Ciencias Sociales, cuando en el seno de la ONU discutía con Simon Kuznets -posterior premio Nobel de Economía- y con los estadísticos Richard & Nancy Ruggles y sir Richard Nicholas Stone, la metodología uniforme para el cálculo de las Cuentas Nacionales del Producto y el Ingreso.

El tema en debate era si el gasto público debía considerarse como “generador de bienestar social” y en consecuencia debía ser sumado como un valor agregado para el cómputo del PIB o si, por el contrario, debía ser tratado como una exacción forzosa al sector privado para atender las “necesidades políticas del Estado”.

En esa circunstancia, Colin Clark recomendó restarlo y no sumarlo, porque lo consideraba un deplorable insumo más que un auténtico valor agregado. De esta manera, sostuvo que se obtendría un dato fehaciente de la producción real de bienes y servicios generados por el sector privado de la economía.

Con gran perspicacia, Colin Clark había cuestionado la metodología de cálculo del PIB propuesta por los keynesianos, porque llevaba implícito un sesgo muy grave. El planteo fue motivo de profundos debates y agrias discusiones. Detrás de la metodología para medir el PIB se encontraba la intención de sacralizar la teoría de John Maynard Keynes (1883-1946). Los estadísticos que plasmaron la metodología de cálculo de las Cuentas Nacionales partieron de la conocida ecuación keynesiana que sostiene que el Producto Nacional Bruto es igual a Consumo, más la Inversión de empresas y hogares, más el Gasto Público del gobierno.

En cambio, la propuesta de Colin Clark tenía un fundamento inobjetable, que terminó siendo aceptado por su oponente Simon Kuznets (1901-1985) pero no fue tenida en cuenta por los tecnócratas de la ONU que elaboraron el Manual que todavía se sigue utilizando para hacer el cálculo (Estudios de métodos estadísticos, ONU, New York, serie F, nº 2/8, rev.1, 1960 y actualización del Sistema de cuentas nacionales, rev. 4, 1993)

Esos argumentos fueron los siguientes:
1º que el gasto público no podía tomarse automáticamente como una contribución positiva para aumentar la producción de bienes y servicios sin saber cuál es su destino.
2º que el gasto público podía convertirse en un monumental despilfarro sin efecto cooperante sino, por el contrario, en un paradigma de destrucción de la riqueza.
3º que muchos gobiernos ofrecían pésimos servicios de salud pública, educación, justicia y seguridad, lo cual obligaba a los ciudadanos a contratar privadamente esos mismos servicios duplicando el gasto para lograr prestaciones razonables.
4º que en ciertos casos, el gasto público se utilizaba para fabricar armas de destrucción masiva o preparar invasiones militares a países vecinos, lo cual de ninguna manera puede considerarse como un positivo aporte al bien común.
5º que en muchísimas oportunidades, el gasto público encubría despilfarros, obras faraónicas, subsidios dolosos y sobreprecios en obras públicas, destinados a engrosar la fortuna particular de los funcionarios que intervenían en este proceso.
6º que en el mejor de los casos, el gasto público se destinaba a proporcionar empleos políticos que no agregan ningún valor, multiplicando cargos y funciones inútiles, creando organismos inoperantes y designando parientes o amigos de ministros y parlamentarios.

Por todas estas razones, Colin Clark (Las condiciones del progreso económico, Alianza edit., Madrid 1967) sostenía que el andamiaje del gasto público sólo sirve para ocultar la transferencia de renta de sectores productivos a sectores parasitarios de la sociedad.

Con los contundentes argumentos de este gran economista, hoy tendríamos el siguiente panorama de la gestión del gobierno kirchnerista:

a. el gasto público consolidado de la nación, provincias y empresas públicas, para el año 2007 ha sido estimado en $ 248,0 mil millones, sin incluir los últimos incrementos establecidos por decreto presidencial.
b. según informes optimistas, el PIB a precios corrientes de mercado, alcanzaría a $ 785.1 mil millones, lo cual permitiría mostrar un crecimiento real del 8,5 % para el año 2007.
c. la recaudación impositiva, mostrada como la variable más exitosa en la gestión del gobierno, llegaría a la cifra de $ 249,1 mil millones.
d. los ingresos por única vez alcanzarían a $ 10,9 mil millones comprendiendo: la apropiación de fondos de los jubilados que pasan de las AFJP al régimen de reparto, el anticipo de ganancias abonado por el Banco Central, el incremento del endeudamiento neto en Bocones con los intereses devengados y capitalizados en nuevos bonos.

Reuniendo todos estos datos dentro del modelo que sigue el razonamiento de Colin Clark, obtendremos esta más precisa medición de la presión fiscal para 2007.

Presión impositiva 2007 = (249.100 + 10.950) x 100 = 48,5 %
                                                          785.118 – 248.000

Con tamaño despojo al sector productivo, para transferirlo a un sector parasitario, no productivo, no hay ninguna posibilidad humana que pueda implantarse en Argentina el modelo de acumulación con matriz diversificada que promete la candidata oficial a la presidencia, salvo que por ello se entienda la concentración de fortunas en manos de los gobernantes.

Con una apropiación del 48,5 % de la riqueza generada por el sector privado, no hay margen para la reposición ni el mantenimiento del capital que se desgasta.

Para poder invertir, los empresarios tendrían como única alternativa el reclamo de préstamos blandos al gobierno, con tasas negativas y preferenciales y, lisa y llanamente, debieran desobligarse de pagar tales préstamos cuando llegasen los vencimientos, alegando razones políticas y de soberanía nacional.

Con esta fórmula inicua, fracasada mil veces en nuestro país, no hay acuerdo ni pacto social que valga. Ella es el camino más directo para implantar el reino de la mentira y la rapiña liquidando cualquier resto de racionalidad y decencia en la economía nacional. © www.economiaparatodos.com.ar