La economía tiene sus propios instrumentos para medir la popularidad política de un gobierno. Mecanismos -a mi juicio- mucho más precisos y confiables que los más conocidos (que son las tan famosas encuestas o sondeos de opinión).

Por «popularidad» entendernos aquí el grado de aceptación, apoyo o consenso del que goza un determinado gobierno en un país. Utilizaremos -en lo que sigue- todos estos vocablos como sinónimos.

La economía estudia la acción humana como tal, sin interesarle los motivos o razones por los cuales las personas actúan en cierto sentido y no en otro. Analiza el comportamiento concreto de los individuos, ya sea en una dirección o en otra diferente, y saca conclusiones a la luz de las categorías a priori implicadas en dicha acción.

Teniendo pues como base dicha acción humana, el estudio analítico de ciertas variables observadas con cuidado a lo largo de un periodo determinado, permite conocer -con una aproximación bastante exacta- el grado de aceptación o de rechazo de las políticas implementadas por un gobierno, y por lo tanto, el nivel de su popularidad o impopularidad.

La ventaja de medir la popularidad de un gobierno por medio de las herramientas que nos ofrece la economía, es que posibilita hacer un seguimiento casi día a día de aquella, y nos brinda una lectura mucho más fiel que el resultado de las elecciones políticas, que se dan muy espaciadamente cada dos o más años.

Algunos indicadores son extremadamente reveladores. Por ejemplo, una alta tasa de evasión fiscal muestra a las claras un elevado rechazo popular de las medidas fiscales adoptadas por el gobierno y viceversa.

Otro tanto sucede con el aumento de los precios de los bienes de consumo y de capital, ya que suelen exteriorizar insuficiencia de la oferta de los mismos, derivada generalmente de la falta de inversiones, la cual -esta última- es, la mayoría de las veces, consecuencia de fallas institucionales (la más típica de todas la inseguridad jurídica, generada por ataques del gobierno a la institución base de cualquier economía: la propiedad privada).

La inflación también tiene mucho que ver con el fenómeno anterior. Para no perder popularidad (o para recuperar la popularidad perdida) los gobiernos suelen acudir al acrecentamiento del gasto público. Para financiarlo, el gobierno sólo puede hacerlo a través de tres instrumentos: impuestos, empréstitos e inflación. Si todos estos parámetros no cesan de aumentar, ello implica que el gobierno está luchando para no perder popularidad (o para recuperar la perdida) como dijimos. El conjunto de estas medidas -adoptadas generalmente en forma simultánea- ocasiona incrementos y distorsiones continuos en los precios, y a la larga o a la corta, extiende la impopularidad del gobierno que echa mano de las mismas. Si vemos que estas variables se salen de cauce, podemos concluir sin demasiado margen de error, que el gobierno viene en picada en materia de popularidad.

Otro ejemplo es la llamada fuga de capitales, que denota pérdida de confianza en el gobierno de cuyo país los capitales huyen a paso firme. El hecho tiene estrecha relación con las violaciones reiteradas a la propiedad privada por parte de los gobernantes, las que –naturalmente- ocasionan la denominada inseguridad jurídica, y que -a su turno- provoca la salida de los capitales (grandes o pequeños) a lugares más confiables. Aquí debemos incluir las migraciones de mano de obra («capital» humano o fuerza laboral indistintamente). Si el gobierno gozara de mayoritaria popularidad, esto obviamente no sucedería.

«Ahora, año tras año, el gobierno expropia más de 40 por ciento de los ingresos de los productores privados, lo que hace que incluso la carga económica impuesta a los esclavos y siervos parezca moderada en comparación. El oro y la plata han sido reemplazados por dinero de papel fabricado por el gobierno, y a los estadounidenses se les roba continuamente su dinero a través de la inflación. El significado de la propiedad privada, alguna vez aparentemente claro y fijo, se ha convertido en oscuro, flexible y fluido. De hecho, cada detalle de la vida privada, la propiedad, el comercio y la contratación está regulado y re-regulado por una creciente montaña de leyes de papel (la legislación). Con el aumento de la legislación, se ha creado cada vez más inseguridad jurídica y riesgos morales, y el caos ha sustituido a la ley y al orden.»[1]

Si tal es la situación en los EEUU, hay que tener en consideración que en el resto del mundo es muchísimopeor (especialmente si pensamos en Sudamérica, África, Asia y Oceanía), lo que hace que las migraciones, tanto de capital como de mano de obra, se desplacen hacia el país del norte. Pero por otro lado, es innegable que existen diferencias relativas entre los distintos gobiernos, aun dentro de un mismo país, y que los gobernados no son siempre ajenos a las medidas que la cita anterior menciona.

La popularidad de un gobierno decrece en relación directamente proporcional al perjuicio económico que sus disposiciones van provocando en cada uno de los habitantes del país bajo su esfera de jurisdicción. Superado cierto punto crítico, la popularidad cae a cero.

Como es sabido, todos los sucesos económicos no se dan ni se encuentran en «compartimentos estancos», ni son absolutamente independientes el uno del otro, sino que responden a relaciones causales que los vincula a unos con otros, ya sea de forma mediata o inmediata. De tal suerte que, de no adoptarse las correcciones en el rumbo de una o más variables fuera de control, mas tarde o más temprano tendrá su repercusión en una o más de las restantes distintas a la primera.

Estos indicadores económicos son mucho más claros y más fidedignos que las interminables y aburridas peroratas de los políticos delante de micrófonos hablando «maravillas» de ellos mismos sin cesar, a la que nos tienen acostumbrados.