Si el Salario Mínimo fuera una poderosa herramienta de redistribución de ingresos y reactivación de la economía a través de acelerar el consumo, seguramente el Consejo lo hubiera fijado a un valor similar o superior a la canasta básica, tal como lo plantearon algunos de sus miembros. La realidad es que las declamaciones y los deseos sucumbieron frente a los severos límites que imponen una economía que presenta muy bajos niveles de productividad y donde más de la mitad de las transacciones -incluidos los contratos de trabajo- se realizan por fuera de la legalidad.

De todas formas, hay indicios de que el incremento convalidado por el Consejo puede tener impactos de cierta relevancia en el mercado de trabajo, especialmente en los segmentos social y económicamente más vulnerables, es decir empleos de baja calificación, generados por pequeñas empresas, especialmente de las zonas mas postergadas del país.

Según datos de la EPH (Encuesta Permanente de Hogares, realizada por el Indec) del último trimestre de 2003:

– Habría poco más de 900 mil trabajadores que cobraban un salario de entre 350 (el anterior valor del salario mínimo) y 450 (el nuevo monto fijado).

– Dos tercios de estos trabajadores ya estaban no registrados antes de que se les imponga el aumento, es decir que la decisión de modificar el salario mínimo seguramente no los afectará.

– Esto implica que el incremento repercutirá de manera directa sobre unos 320 mil trabajadores, es decir apenas el 4% del total de los trabajadores y alrededor del 9% del empleo registrado total.

Una parte de los trabajadores directamente afectados -los más calificados, contratados por las empresas más grandes y de mayor productividad- tienen chance de recibir el aumento fijado por el gobierno. Sin embargo, en los puestos de trabajo productivamente más vulnerables lo más probable es que las empresas acentúen la ya muy difundida política de contratar por fuera de la legislación. Este proceso se puede producir de manera bastante rápida debido a que las tasas de rotación que prevalecen en este tipo de mano de obra son muy altas. En la medida en que los nuevos contratos sean en negro, rápidamente las empresas adaptarán sus políticas de recursos humanos a la nueva regulación que impuso el Estado.

En un supuesto optimista -teniendo en cuenta lo que ocurrió con los anteriores aumentos de salario- se puede proyectar que tres cuartos de los puestos de trabajo directamente afectados lograrán mantenerse en la legalidad. Esto implicaría que aproximadamente unos 80 mil puestos de trabajo se incorporarían al segmento del empleo no registrado. Bajo este ejercicio de simulación, la incidencia del empleo no registrado en el sector privado aumentaría en poco más de 1 punto.

El empleo no registrado viene creciendo de manera casi sistemática en las últimas dos décadas. Sin embargo, el aceleramiento observado en los últimos años es inédito. Entre 2001 y 2003 se produjo un salto de 4,1 puntos porcentuales en la tasa de incidencia del empleo no registrado, pasando del 46,2% al 50,3%. Cuando las empresas reaccionen frente al aumento dispuesto sobre el Salario Mínimo -en un marco donde el resto de las políticas también acentúan la discriminación contra la mano de obra no calificada- seguramente habremos alcanzado un nuevo record histórico de violación de la normativa laboral.

Desde hace un tiempo se observa en las zonas más postergadas del país profundas fragmentaciones en el mercado laboral, donde la legalidad sólo rige para una pequeña elite de trabajadores calificados. Por ejemplo, en el norte del país se ha llegado al extremo de que la mitad de los asalariados cobran menos que el antiguo valor del salario mínimo ($350) y el 70% del total de los trabajadores están contratados en negro. No es exagerado suponer que esto es un adelanto de lo que tiende a generalizarse en todo el país si no media un cambio drástico de enfoque en el diseño e instrumentación de las políticas públicas.

En este sentido, probablemente el aspecto más negativo del resultado alcanzado con la convocatoria al Consejo del Salario Mínimo es que bajo un discurso progresista se siguen impulsando políticas regresivas, que terminan operando en contra de los segmentos más vulnerables de la fuerza de trabajo. Mientras tanto, se dejan pasar las oportunidades para poner en funcionamiento instrumentos menos convencionales, pero más aptos, para enfrentar la dura realidad de la Argentina, donde más de la mitad de los trabajadores están contratados en negro y en la gran mayoría de los casos cobran un salario inferior a la línea de pobreza.



Fuente: Instituto para el Desarrollo Social Argentino (www.idesa.org)