Un panel dice que los pagos a los ‘holdouts’, ordenados por un juez de Nueva York, podrían desatar una ola de nuevas demandas

El juez federal de Estados Unidos Griesa ganó reconocimiento como defensor del imperio de la ley en 2012 cuando decidió que Argentina no podía pagarles a los bonistas que aceptaron una reducción en el valor de sus bonos después de la cesación de pagos del país en 2001. El juez dijo que esos acreedores sólo podían recibir su dinero si al mismo tiempo no eran compensados en su totalidad los inversionistas que no habían cambiado sus bonos por unos nuevos y habían demandado para obtener el pago completo.

En el centro de la batalla legal se encontraba la pregunta de cómo interpretar las cláusulas de pari passu en los contratos de bonos, los cuales buscan garantizar que todos los acreedores sean tratados de manera igualitaria. El dictamen del juez fue ratificado tras las apelaciones. Pero otros defensores del imperio de la ley están en desacuerdo con una amplia interpretación de tales cláusulas. Por ejemplo, un estudio de 2005 de este tema llevado a cabo por el comité de leyes de mercados financieros del Banco de Inglaterra dijo que era «incorrecto» usar pari passu para prevenir los pagos de deudores insolventes a algunos acreedores si otros no han recibido pago.

Aunque el Bank of New York Mellon es el fideicomisario de todos los bonos en cuestión, no está claro por qué a los tenedores de bonos argentinos en euros, que se encuentran bajo la jurisdicción de las leyes del Reino Unido y son pagables fuera de EE.UU. y a los cuales se les debe más de la mitad de los intereses que se vencieron a finales de junio, se les niega el pago por parte de un juez de Nueva York. Además, cumplir con la orden del juez de 2012 podría activar una cláusula en los bonos que requiere que se les pague a todos los bonistas la totalidad de lo que se les debe.

Bienvenidos a la debacle de la deuda argentina. El Rey Salomón tuvo casos más sencillos que este. El único beneficiario de este fiasco podría ser el Fondo Monetario Internacional, el cual está usando este desastre para revivir sus llamados para crear una corte multilateral de quiebras con el poder de dictar la reestructuración de deuda soberana.

Desde 2005, el 93% de los bonos argentinos que entraron en cesación de pagos en 2001 han sido canjeados por nuevos bonos. Aquellos que participaron en el intercambio aceptaron una reducción de 65% para reiniciar sus pagos de intereses. Pero NML Capital y Aurelius, dos firmas de inversión «buitre» de Nueva York, poseen bonos que no fueron canjeados. La ironía es que Argentina sólo tiene la habilidad de pagar a estos demandantes que presentaron su querella ante el juez Griesa debido a que controlaron con gran efectividad a la gran mayoría de los otros acreedores.

Argentina sabe que pagarles a algunos de los que se rehusaron a aceptar el canje o holdouts como se les conoce, implica una acción legal futura que eventualmente la obligaría a pagarles a todos los demás holdouts. Eso elevaría el precio de un acuerdo a US$15.000 millones, lo cual sería difícil, pero posible. La estrategia de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner de restringir exportaciones agrícolas clave para mantener bajos los precios locales ha afectado las reservas internacionales del país. Un acuerdo en efectivo con los holdouts vaporizaría más de la mitad de las reservas que le quedan al banco central.

Pero las cosas se ponen peor. Pagar todo lo que se le debe a los holdouts podría activar la cláusula de «derechos sobre ofertas futuras» (o «rufo» por sus siglas en inglés) en los nuevos bonos. Esta promete incluir a aquellos que aceptaron la rebaja en sus bonos en cualquier acuerdo mejorado voluntariamente con los holdouts que se firme antes de finales de 2014. Argentina no podría pagar los US$120.000 millones en nueva deuda que se calcula que serían necesarios para cumplir con la cláusula «rufo». Cualquier esfuerzo de Argentina para argumentar que el acuerdo ordenado por la corte con los holdouts no es voluntario sería cuestionado y llevaría a aún más pleitos legales.

Alternativamente, los holdouts podrían tratar de llegar a un acuerdo que retrasaría cualquier acuerdo hasta que expire la cláusula «rufo». Pero a menos que Argentina acceda a un pago parcial o a un depósito al fideicomiso, eso requeriría confianza, de la cual hay poca cuando se negocia con Kirchner.

El dictamen de Griesa significa que si Argentina no llega a un acuerdo con los holdouts o encuentra una forma de pagar los bonos canjeados que están por vencerse entrará en cesación de pagos a final de mes.

Argentina se mantiene desafiante. A finales de junio envió más de US$538 millones al Bank of New York Mellon y le indicó que hiciera pagos de intereses a los bonos canjeados. El miércoles, el gobierno publicó una notificación legal de dos páginas en The Wall Street Journal, explicando que ha «depositado tal cual lo acordado» en el Bank of New York, «las cantidades de interés a pagar en los Valores de Nueva Deuda» y que de no realizarse el pago sería una falta de parte del banco fideicomisario y no una cesación de pagos.

El Bank of New York no puede realizar los pagos sin desobedecer al juez y no puede devolver el dinero sin que Argentina se lo pida. Ha pedido una moción de aclaración. Ya que el juez Griesa ha dictaminado que el fideicomisario puede llevar a cabo pagos de bonos gobernados por la ley argentina, los tenedores de bonos en euros han presentado una moción pidiendo un tratamiento similar.

El caos es una buena noticia para aquellos que querían una corte de quiebras soberanas del FMI en 2001. Han regresado y argumentan que los mercados, incluso usando cláusulas de acción colectiva, no son suficientes para ganarle la batalla a los ingeniosos buitres, así que el mundo necesita poner a una institución multilateral políticamente cargada en control de las cesaciones de pagos soberanas. Esa no es una buena prognosis para el imperio de la ley.

 

Fuente: www.online.wsj.com