El intervencionismo estatal ha venido adoptando, en modo creciente, muchísimas formas y medios de implementarse a través de las épocas, pero, sin lugar a dudas, una de las más populares -o quizás la más popular de todas- es el llamado «estado de bienestar» o también «estado benefactor», modelo intervencionista al que aspira llegar la mayoría de los gobiernos del mundo, sino todos

Uno de los Padres Fundadores de los EEUU -Thomas Jefferson- consideraba que este tipo de intervencionismo era contrario a la Constitución que se estaba gestando:

«Muy posteriormente, algunos de los personajes clave que apoyaron el New Deal también reconocieron que la emergencia del estado de bienestar era inconstitucional. Incluso, en 1935, Franklin Roosevelt escribió al presidente del House Ways and Means Committee diciendo que esperaba que el Comité no tenga dudas, que admite son razonables, sobre la constitucionalidad para bloquear la legislación sugerida. En el mismo sentido, uno de los principales arquitectos del New Deal, Rexford Guy Tugwell, en 1968 observó: “Para extender esas políticas del New Deal, hubieron muchas interpretaciones de un documento (i.e., la Constitución) orientadas a prevenirlas”.[1]

El «estado de bienestar» crea un sin fin de efectos contrarios a los objetivos que los teóricos de dicho «estado» dicen querer obtener, y las consecuencias de su aplicación empeora la condición de las personas a las que con la misma se procuraba «beneficiar»:

«Kochan muestra que la seguridad social, beneficios por desempleo, subsidios corporativos, subsidios agrícolas, vivienda pública e innumerables manifestaciones del estado de bienestar son todas transferencias coercitivas que imponen un impuesto sobre los contribuyentes. Inclusive, muchos de los beneficiarios no son pobres ni necesitados, pero han aprendido a jugar el juego político suficientemente bien para obtener grandes montos del gobierno. Esto no sólo afecta la libertad individual, sino que también incrementa el número de problemas burocráticos. Los programas del gobierno crean dependencia, defectuosos incentivos y son demasiado amplios y generalizados para asignar recursos efectivamente. Lastiman más de lo que ayudan.»[2]

Aun cuando en el muy corto plazo pueden «beneficiar» a un escaso número de personas, los incentivos que crean en estas, forjan en esas mismas personas (y en muchas otras) una demanda constante y –sobre todo- creciente por mas y mayores prebendas y privilegios y -con el tiempo- en cantidades y calidades cada vez mayores.

«El desarrollo del “estado de bienestar” implicó que el estado asumiera funciones que hasta el momento eran realizadas por individuos y asociaciones voluntarias. El gobierno fue adquiriendo mayores funciones en cuestiones tales como la salud, la educación y la ayuda a los más necesitados, y en consecuencia, para financiar estas funciones debió incrementar los niveles impositivos. Tomando como acontecimiento clave el New Deal lanzado por Franklin Delano Roosevelt en 1932, el estado no cesó de entrometerse en un ámbito predominantemente privado, desligando a los ciudadanos de su responsabilidad por los menos afortunados. Como hemos dicho incluso algunos de los personajes clave que apoyaron el New Deal reconocieron la inconstitucionalidad del “estado de bienestar” ya que violaba los estrictos límites que la Constitución había puesto a la injerencia del gobierno en la vida de los individuos y ya hemos citado el propio reconocimiento del Presidente Roosevelt en este sentido.»[3]

Pero esta lamentable situación no se limitó, ni mucho menos, a los EEUU, sino que –posteriormente, con el tiempo- cada vez más cantidad de gobiernos, de diferentes puntos del orbe, quisieron imitar el «modelo» norteamericano de Roosevelt, ya que fundamentalmente permitía a esos gobiernos hacerse de mayores recursos económicos para controlarlos en forma cada vez más arbitraria.

«La popularidad de la teoría socialista fue borrando lentamente aquel concepto originario de la ambición como motor de la sociedad y comenzó a predominar en la percepción de los habitantes otro por el cual el “egoísmo individual y empresario” afectaba negativamente los intereses de la nación. Gradualmente, se fue gestando el caldo de cultivo que permitiera obtener el consenso político para la profundización del “estado de bienestar”. Dice Ralph Raimi que las palabras “caridad” y “generosidad”, características de la beneficencia privada, fueron reemplazadas por otras tales como “programas federales”, “fondos federales” y “ayuda”, utilizadas por quienes están en el “negocio” de ayudar gente con fondos públicos.»[4]

Hubo pues un trastrocamiento de los valores morales que el intervencionismo que comentamos ocasionó. El «estado de bienestar» comenzó a originar un «ejercito» cada vez más grande de menesterosos mendicantes ansiosos de vivir todos «a costilla» del «estado providencia», todos ellos con la expectativa de recibir oportunamente su dádiva de cada día.

Con todo, la situación en los EEUU no parece ser peor que en la del resto del mundo:

«A pesar de los profundos desincentivos generados por la emergencia del “estado de bienestar”, la actividad benéfica en los Estados Unidos continúa siendo sorprendentemente superior a la del resto del mundo, lo cual evidencia el profundo arraigo de estas prácticas en el espíritu de la población debido al clima de libertad y correlativa responsabilidad que aún prevalece. Un cuadro elaborado por Mario Roitter muestra la preeminencia de la beneficencia que aún conservan los Estados Unidos en este tema respecto a otros países, asignando un 2.2% de su Producto Bruto Interno y 490.6 dólares per capita anuales a este tipo de actividades.»[5]

Por supuesto que el «estado de bienestar», además de todos los efectos negativos que promueve y desencadena, es una fuente constante y permanente de la corrupción mas atroz. Esto es lo que sucede en países subdesarrollados como Argentina con los Kirchner, Bolivia con Evo Morales, Ecuador con Correa, la Venezuela del comunismo castrochavista, Nicaragua sandinista y otras naciones del continente americano y también europeo.