El profesor L. v. Mises parece diferenciar «estado» liberal de gobierno liberal:

«en la constitución política de un estado liberal no resulta difícil conceder una cierta independencia al gobierno local. La necesaria coordinación de las partes dentro del todo está suficientemente asegurada por la obligación impuesta a cada unidad territorial para que maneje sus asuntos en el marco de las leyes.»[2]

Según este párrafo, para el distinguido economista austriaco, el de «estado liberal» vendría a ser más bien un concepto de orden político antes que económico, reservando –también en apariencia- el de gobierno liberal para aludir al aspecto económico, como, por ejemplo, lo hace en este pasaje:

«No hubo nunca poder político alguno que voluntariamente desistiera de interferir la libre operación y desarrollo de la propiedad privada de los medios de producción. Los gobiernos toleran, en efecto, el derecho dominical de los particulares sólo cuando no tienen otro remedio; jamás admiten voluntariamente su conveniencia social. Hasta los políticos liberales, reconozcámoslo, cuando llegan al poder, relegan a un cierto limbo las ideas que les amamantaron. La tendencia a coartar la propiedad, a abusar del poder y a desconocer la existencia de un sector no sujeto al imperio estatal hállase tan implantada en la mentalidad de quienes controlan el aparato gubernamental de fuerza y coacción que no pueden resistir la tentación de actuar en consecuencia. Hablar de un gobierno liberal, realmente, constituye una contradictio in adjecto. Sólo la presión de unánime opinión pública obliga al gobernante a liberalizar; él jamás, de motu propio, lo haría.»[3]

Es cierto que en esta parte L. v. Mises aparenta estar empleando -en última instancia- como sinónimos las palabras «estado» y gobierno, que es -como anticipamos- el uso general que le dan una mayoría de personas. Con todo, no parece descartar de plano la existencia de un gobierno liberal (a pesar de afirmar enfáticamente que se trata de una contradictio in adjecto) sino que lo que más bien parece quiere indicar es que, ningún gobierno llegará, ni por iniciativa propia ni espontánea ni -menos aun- voluntariamente a practicar el liberalismo, sino que sólo y exclusivamente por la vía de una intensa presión social en sentido contrario a la opresión y la dominación podría un gobierno verse forzado a volcarse hacia el liberalismo, con lo que, en resumidas cuentas, podría hipotéticamente llegar a configurarse -en ciertos casos- algo semejante a un gobierno liberal, no –reiteramos- por motu propio de sus componentes, sino por oposición («presión de unánime opinión pública») de la sociedad. Es decir, la condición previa necesaria (aunque no suficiente) de la existencia de un gobierno liberal, sería la de una sociedad auténticamente liberal, que le sirva no sólo de base sino de elemento de presión constante que lo impulse hacia el liberalismo.

Va de suyo que un gobierno antiliberal no podría sostenerse en una sociedad liberal, de tal suerte que, en tanto la sociedad de la que emerge siga siendo liberal, el gobierno siempre se verá forzado a enmarcar su accionar en dicha doctrina. Los gobiernos antiliberales afloran únicamente allí donde mayoritariamente se los apoya o se les teme.

El Dr. Mansueti, por su lado, resume las características que él entiende ha de tener un gobierno liberal:

«…en un Gobierno liberal, las actividades privadas son privadas, y en ellas no intervienen los Ministros ni diputados sino los jueces, y sólo en los casos que van a Tribunales. Así la corrupción no desaparece, pero al reducirse los Ministerios, la burocracia, las compras etc., se limita a las obras públicas y poco más allá, y se reduce a niveles manejables (y castigables) con sus remedios propios: judiciales.»[4]

El grado de liberalismo de un gobierno decrece en relación inversa al aumento del grado de intervencionismo del mismo. Este fenómeno es claramente observable en el mundo entero, y muy particularmente en Latinoamérica, donde el aumento de los índices de corrupción en países como Argentina bajo el régimen de los Kirchner, Bolivia con Evo Morales, Ecuador con Correa y Venezuela castrochavista es una clara demostración del hecho.

Hayek, define por exclusión al «estado» liberal:

«Cuando al hacer una ley se han previsto sus efectos particulares, aquélla deja de ser un simple instrumento para uso de las gentes y se transforma en un instrumento del legislador sobre el pueblo y para sus propios fines. El Estado deja de ser una pieza del mecanismo utilitario proyectado para ayudar a los individuos al pleno desarrollo de su personalidad individual y se convierte en una institución «moral»: donde «moral» no se usa en contraposición a inmoral, sino para caracterizar a una institución que impone a sus miembros sus propias opiniones sobre todas las cuestiones morales, sean morales o grandemente inmorales estas opiniones. En este sentido, el nazi u otro Estado colectivista cualquiera es «moral», mientras que el Estado liberal no lo es.»[5]

Los «estados morales» pues, resultan ser los estados totalitarios, o como en el caso de los países citados, los que aspiran a serlo en el corto, mediano o largo plazo.