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EPT | August 15, 2022

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Jueves 15 de marzo de 2007

El Estado servil

Un reciente proyecto presentado en el Congreso revela, finalmente, el modelo de país que pretende instalar la administración kirchnerista: un Estado en donde los ciudadanos son privados de sus derechos civiles.

Así como en una noche oscura el relámpago provoca una descarga de luz tan intensa que por un instante el paisaje queda iluminado, de la misma manera, esta semana hemos podido ver en la oscuridad del lenguaje político cuáles son las verdaderas intenciones de quienes nos gobiernan.

Ha sido algo así como develar un arcano, rigurosamente custodiado. ¿Cuál era el real contenido del recóndito y misterioso “proyecto del presidente”? Ese proyecto indefinido, al que aluden frecuentemente los funcionarios de confianza y los políticos transversales que pretenden las dádivas de la billetera presidencial.

Durante esta semana, se conoció en el Congreso un curioso proyecto presentado por los senadores Carlos A. Reutemann (importante productor agropecuario de la provincia de Santa Fe) y Roberto Urquía (principal dirigente de la más importante empresa nacional industrializadora de soja)

El proyecto plantea otorgar superpoderes, prohibidos por la Constitución Nacional, a la ONCCA (un organismo dirigido por el cuestionado secretario de Comercio Interior) para manipular, vigilar y aplicar sanciones sumamente graves contra cualquier productor rural, comerciante o industrial de la cadena agropecuaria que intente levantar su voz contra alguna medida arbitraria del Gobierno.

Condena penal en blanco

Increíblemente, el segundo artículo del proyecto Reutemann-Urquía dice que serán pasible de penalidades –que van desde la clausura del establecimiento, a la cancelación definitiva de la inscripción o la aplicación de multas por $ 1 millón– todos aquellos productores o comerciantes que, por acción u omisión, por práctica o conducta desleal, maliciosa o negligentemente, lleguen a afectar el prestigio interno o externo de las industrias agrícolas y ganaderas o los mercados rurales sujetos a contralor.

Una disposición de esta naturaleza nos ha dejado alelados. Porque es el típico contenido de aquellas leyes extorsivas, que se sancionan para el apriete y nunca para protección de los ciudadanos. Estas leyes no son garantías de equidad, sino meras armas legalizadas para que los funcionarios políticos las utilicen como herramientas de presión contra los opositores.

En el caso del proyecto Reutemann-Urquía, el Congreso podría sancionar una ley omnímoda, que entrega en manos imprudentes la facultad de acusar, sancionar y destruir a cualquier ciudadano sin que éste pueda saber, a ciencia cierta, cuál es la conducta penal por la que se lo condena.

¡El relámpago ha iluminado la escena!

Ahora, todos los que sepan mirar podrán comprender que el misterioso “proyecto del presidente” no es otra cosa que la edificación, paso a paso, de un nuevo estado: el Estado servil.

El Estado servil, como decía Hilaire Belloc en 1913, consiste en “el retorno al antiquísimo régimen de la esclavitud, por el cual aquellos que posean medios de producción se verán compelidos legalmente a hacer lo que se les ocurra a los funcionarios públicos, y aquellos otros desposeídos, se verán beneficiados con las migajas de una ayuda social para sobrevivir”. Pero ni ellos, ni sus hijos o sus nietos, nunca podrán cambiar de posición social.

Las frases hechas

Para comprender el proceso en que está involucrado el proyecto Reutemann-Urquía, hay que darse cuenta de que las frases hechas nos acostumbran a dejar de pensar y nos impiden saber qué es lo que en realidad sucede.

Una de las frases hechas es la frecuente recurrencia a la “sociedad civil” utilizada en innumerables discursos políticos. Suena como una frase hueca porque quienes la pronuncian ignoran que “civil” es un término de gran dignidad, que tiene relación con la “ciudadanía” y los “ciudadanos”, es decir con aquellos que gozan de la plenitud de los “derechos civiles”.

Y los derechos civiles son los que conciernen al individuo, a sus relaciones personales, a los intereses vinculados con la capacidad de las personas, al régimen de la familia bien constituida, al patrimonio personal, a la propiedad privada, a la condición y transmisión de los bienes, a los contratos y las obligaciones. De allí su enorme importancia, porque se refieren a la vida misma de la gente.

En la antigua Roma, la línea divisoria de la población era precisamente el derecho de ciudadanía y quienes gozaban del mismo constituían el Estado civil, mientras que aquellos que no eran ciudadanos constituían el Estado servil.

Los ciudadanos eran hombres libres que poseían un conjunto de derechos públicos y privados. En cambio, los esclavos eran habitantes privados de libertad y forzados a realizar determinadas tareas económicas sin otra contrapartida que la comida, la ropa y el alojamiento.

El proyecto del Estado servil

De este modo, y sin darnos cuenta, las medidas que paulatinamente se van adoptando mediante decretos de necesidad y urgencia o mediante leyes como las del proyecto Reutemann-Urquía, terminan siendo como ladrillos con los cuales se construyen proyectos estrafalarios.

En este caso, conforman el llamado “socialismo siglo XXI”, que nada tiene que ver con las utopías de otra época, sino más bien con los intentos de establecer un capitalismo de Estado en manos de una minoría que obligará a las empresas a constituirse en siervos del poder político y una enorme masa de individuos sometidos a una situación de dependencia social, que perderán toda la libertad individual y se verán sometidos a un sistema de trabajo obligatorio.

Éste es el sistema del Estado servil que constituye un retorno al despotismo y al régimen esclavista como en tiempos del Imperio Romano.

Pero el hombre no es un animal, cuya alma puede suprimirse para que viva contento con el rebaño. Ningún agricultor es feliz por trabajar la tierra pública para poder vivir, sino que se aferra a su antiguo ideal de poseer una parcela que le pertenezca y que pueda legarla a sus hijos para que ellos tengan una vida mejor. Por eso junto con la propiedad privada existe un acendrado espíritu de libertad, que ninguna experiencia socialista del mundo ha podido exterminar.

En un Estado dervil donde se quiera suprimir el alma humana es imposible sonreír. Inevitablemente, el alma se rebelará contra ese régimen político que pretenda ahogarla por mucha hambre, frío y sanciones que la carne padezca.

Y cuando las almas no puedan sublevarse, se reunirán para rezar.

Tampoco el amor de los jóvenes se dejará reducir a un mero curso obligatorio de educación sexual, sino que pedirán poesía, flores e ilusión para vivir.

El intento del Estado servil por suprimir el alma, controlando la vida de la gente, será en vano. El alma se levantará de su propia debilidad y hará fracasar la organización social establecida sobre una base niveladora de las diferencias de valor.

El “proyecto del Estado servil” es un proyecto condenado al fracaso. © www.economiaparatodos.com.ar

Antonio Margariti es economista y autor del libro “Impuestos y pobreza. Un cambio copernicano en el sistema impositivo para que todos podamos vivir dignamente”, editado por la Fundación Libertad de Rosario.


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