El país está gobernado por el dinero.

Aquella vieja sentencia de la izquierda populista respecto del imperio de la “ideología del dólar” en EE.UU. rige, paradójicamente, sin límites en el reino del gobierno nacional y popular de la Argentina. La extorsión de la “caja” es lo que disciplina, lo que uniforma, la herramienta preferida para conseguir por esa vía lo que no se obtiene por el consenso o por el imperio del sentido común y de la ley.

Un nuevo capítulo de ese mandoble lo recibió la Corte Suprema de Justicia al enterarse (y dar a conocer en consecuencia) que el Poder Ejecutivo le recortará un 40% de su presupuesto de funcionamiento para 2011. “Si te retobás, ¡ni un mango!”, parece ser la tónica de relación que la presidenta les ofrece a los jueces.

Este nuevo exabrupto sirve para demostrar varias cosas.

En primer lugar, que el sistema organizado por la Constitución liberal de 1853 depende en última instancia del espíritu de los demócratas para poder funcionar. Es decir, el sistema de la Constitución por más que tienda a garantizar la limitación y el control del poder será inocuo si está en manos de personas no democráticas que no se someten a él y lo destruyen por el ejercicio práctico del poder autoritario.

Efectivamente, la Constitución tuvo la precaución de organizar un Poder Judicial independiente, pero el fondeo de ese poder lo manejan el Ejecutivo y el Congreso, de modo que si estos otros dos poderes políticos están en manos de personas no democráticas, la independencia de los jueces se verá ciertamente afectada. La Constitución confió en encontrar personas de bien a cargo del Ejecutivo y del Congreso que, aunque sepan que los fondos que le aprueben a la Justicia sirven para que los jueces los controlen mejor a ellos, los aprueben igual.

Los Padres Fundadores nunca pensaron que la Argentina estaría gobernada por un conjunto de personas que usaran el dinero público para asfixiar el funcionamiento de la Justicia independiente e imparcial; no se les pasó por la cabeza ni en sus peores pesadillas. Más allá del sistema que estaban organizando, confiaron en las virtudes democráticas de quienes serían llamados a administrarlo. Nunca pensaron que las prácticas del bajo fondo llegarían al gobierno.

Si todos ellos despertaran un día y vieran en lo que se ha convertido el país que soñaron, se llevarían una enorme desilusión al ver que los autoritarismos que ellos creyeron terminar con la organización constitucional, se las ingeniaron para reciclarse y volver.

Pronto, otro proyecto desembarcará en el Congreso: eliminar el privilegio judicial de no pagar el Impuesto a las Ganancias. Si bien es cierto que la excepción de pago de ese impuesto para los jueces no corresponde y el argumento constitucional de la intangibilidad de sus ingresos se refiere a otros cercenamientos intencionados y no a los que provengan de la aplicación igualitaria del orden jurídico general, también es cierto que la oportunidad en que se volverá a proponer su eliminación no puede ser más llamativa: resulta que, justo ahora, en medio de la guerra con la Corte y los jueces, al Gobierno se le ocurre, casualmente, volver a proponer que los jueces comiencen a pagarlo.

Si bien ese impuesto forma parte de la estructura impositiva genérica de la Argentina, de la que se le aplica a todos los ciudadanos y que, desde ese punto de vista, no parecería correcto concluir que afecta la “intangibilidad de los ingresos” (porque si se llegara a esa conclusión, los jueces no deberían pagar ningún impuesto en absoluto, porque todos, con ese criterio, podrían ser interpretados como nocivos para la intangibilidad), en este caso particular, por la situación que se vive en el conflicto de poderes que afecta al Gobierno y a la Corte, la iniciativa podría ser equivalente al tipo de persecución económica que los constituyentes quisieron evitar con la introducción del concepto de la “intangibilidad”.

Esto es, con la garantía de la intangibilidad de los ingresos judiciales, los padres de la Constitución quisieron asegurarse precisamente que los otros poderes no inventaran maneras para socavar la tranquilidad económica de los jueces. Esas maneras se sobreentienden que tienen que estar dirigidas específica e intencionadamente a los jueces para que reúnan los requisitos de considerárselas efectivamente atentatorias contra el ingreso económico de los jueces.

La aplicación normal e igualitaria, como a cualquier ciudadano que trabaja, de un impuesto abierto y votado por el Congreso no parece reunir las características “persecutorias” que la Constitución da a entender tienen que tener los ataques económicos a los ingresos de los jueces.

Pero en este caso y en este contexto, la idea de comenzar a aplicarles a los jueces deducciones por ganancias parece tener esa finalidad de “apriete” que la Constitución quiso evitar. Si bien bajo el paraguas “prolijo” de que no se está haciendo otra cosa más que terminar con una manera anómala de interpretar el principio de intangibilidad, en realidad, en estas circunstancias, habría que concluir que sería otra herramienta más usada para disciplinar a los jueces.

Por eso la Argentina, que se cree tan alejada del ruin mundo del dinero que tanto asco aparentemente le da, no hace otra cosa que confirmar que lo único cierto que existe para gobernar es la plata. Los Kirchner, que han jugado el papel de representar ese odio a lo económico, se valen del poder de su caja para que todo el mundo haga lo que a ellos se les antoja. © www.economiaparatodos.com.ar