Los gobernantes suelen tener la habilidad de la retórica y la semántica para disfrazar “recetas” que han fracasado recurrentemente en el pasado y volver –a pesar de ello- a tratar de ponerlas en práctica una y otra vez en el presente.

En el caso del gobierno argentino a cargo del FpV (Frente para la Victoria) de los Kirchner y su “grupo”, a los tristemente célebres controles de precios o precios contralados, los han rebautizado con el aparentemente “inofensivo” y “cariñoso” mote de “precios cuidados” o “acuerdos de precios”. El “inocente” cambio de etiquetas no puede disimular –no obstante- que se tratan, lisa y llanamente, de los tan estudiados por la ciencia económica bajo el rótulo de precios políticos, los que -a su turno- se dividen en precios máximos y mínimos, ambos en franca y abierta oposición a los precios de mercado, los que de no existir los precios políticos sería del todo redundante aludir como “de mercado” y deberíamos llamarlos simplemente “precios” y punto. Pero dado que impera un sistema intervencionista por doquier se mire, no queda más remedio que hacer las distinciones señaladas al exponer sobre este tema.

¿Qué lleva a los gobiernos a establecer precios políticos? Hay muchas causas, pero sólo tendremos tiempo para señalar someramente algunas de ellas.

El “argumento” favorito de los gobernantes, es que los precios máximos expanden la demanda del bien sujeto al precio político (lo que es cierto) y permiten a más gente acceder al producto en cuestión (lo que es manifiestamente falso), por lo que el blanco predilecto de la fijación de estos precios se concentra en los llamados productos de “primera necesidad”, “básicos” o “esenciales”, cuyos precios de mercado -los gobiernos continúan diciendo- tornarían la situación de quienes no puedan pagarlos en dramática. Pero, como explica el Profesor Alberto Benegas Lynch (h):

“… cuanto más dramática sea la situación mayor necesidad de que los precios reflejen la realidad y peores serán las consecuencias de alterar estos indicadores vitales. Podrá maldecirse todo lo que se quiera sobre lo “perverso” de la naturaleza de las cosas y que no haya de todo para todos pero las cosas son así y no de otro modo. El consejo de extender los precios políticos a otros rubros como los alquileres de viviendas no hace más que extender los efectos dañinos a este campo, con lo que habrá más gente que no encontrará donde alquilar debido a la expansión de pedidos, al tiempo que tendrá lugar una contracción de las ofertas correspondientes. La gran ventaja de los precios de mercado en una sociedad abierta es que, cada vez que se adoptan, muestran al mundo cuales son las prioridades y cualquiera puede irrumpir si piensa que puede hacer algo mejor. En otros términos, dada la estructura de capital vigente, se saca la mayor partida posible que las circunstancias permiten en el planeta.”[1]

Entonces, los precios “congelados”, “acordados” o “cuidados” perjudican la competencia, contraen la oferta, exacerban la escasez y expanden la pobreza.

Desde otro ángulo, no menos significativo, F. A. von Hayek alude, por ejemplo, a los grupos de presión, como causa remota de los precios congelados, entre los cuales indica como los más importantes a los sindicatos:

“Al conferírsele, por razones supuestamente “sociales”, privilegios únicos a los sindicatos de los que difícilmente disfruta el mismo gobierno, las organizaciones de trabajadores han sido capaces de explotar a otros trabajadores privándolos totalmente de la oportunidad de un buen empleo. Si bien este hecho es todavía convencionalmente ignorado, en la actualidad los principales poderes de los sindicatos descansan completamente en el permiso que tienen para usar el poder de evitar que otros trabajadores hagan el trabajo que desearían hacer.”[2]

F. A. von Hayek se refiere aquí a la legislación que otorga a los sindicatos privilegios especiales, la que según los diferentes países suele denominarselegislación social, sindical o laboral indistintamente, y que en el plano económico opera como una suerte de precio mínimo, que al elevar los costos laborales por encima de los del mercado genera -como consecuencia inmediata- la desocupación (lo que en España, por ejemplo, se lo llama paro).

“Pero al margen de que, por el ejercicio de este poder, los sindicatos pueden alcanzar solamente una mejora relativa en los salarios de sus miembros, al costo de reducir la productividad general del trabajo y así el nivel general de salarios reales, combinado con el hecho que pueden poner a un gobierno que controla la cantidad de dinero en la necesidad de emitir, este sistema está destruyendo rápidamente el orden económico. Los sindicatos pueden ahora colocar al gobierno en una posición en la cual la única elección que tiene es emitir o ser censurado por el desempleo, el que es provocado por la política salarial de los sindicatos (especialmente por su política de mantener las relaciones entre los salarios de distintos sindicatos constantes). Esta posición necesariamente destruirá dentro de poco el ordenamiento de mercado completo, probablemente a causa de los controles de precios que impondrá el gobierno, forzado por la inflación acelerada.”[3]

En este caso explicado por Hayek, la emisión gubernamental será debida a la “necesidad” de “compensar” la caída del salario real con un aumento del salario nominal como artilugio para “evitar” el desempleo ocasionado por la suba constante del salario nominal gracias a los poderes que la legislación sindical otorga a estas organizaciones. Sin embargo, como es sabido, dicha emisión se traducirá en inflación, lo que -a su turno- llevará al gobierno a decretar controles de precios y, como dice el Premio Nobel en Economía, ello “necesariamente destruirá dentro de poco el ordenamiento de mercado completo”. En una palabra, en esto desembocan los precios controlados, “acordados” o “cuidados” (como les gusta llamarlos el gobierno argentino): más inflación, más desempleo, menor salario, más escasez, etc.