El anuncio de Cristina Kirchner de que los fondos recaudados por las retenciones móviles a las exportaciones agropecuarias serán destinados a planes sociales y sanitarios no modifica la cuestión de fondo, es decir, que la presión impositiva ejercida sobre la producción rural es altamente abusiva… El Gobierno no tiene derecho a cobrar semejante tasa impositiva, independientemente de los fines a los que destine los fondos. Por supuesto que los anuncios de la Presidenta estuvieron destinados a legitimar ante la ciudadanía la posición del gobierno y a presentar sus exacciones como una medida altruísta y generosa (generosa con el dinero de los demás, aclaremos).

En este conflicto entre el kirchnerismo y el campo, el gobierno menea constantemente un concepto falso: que las retenciones móviles están justificadas porque el aumento de los precios de los productos agropecuarios en los mercados mundiales otorgan a los productores una tasa de rentabilidad muy elevada. De ese modo, las retenciones móviles son un instrumento “redistributivo”. Se trata de un argumento falaz pero impactante. ¿Quién no mira con simpatía la propensión a ayudar a los débiles y necesitados? Sucede, sin embargo, que esa inclinación declamada esconde los verdaderos motivos del gobierno, que anuncia la construcción de “al menos, treinta hospitales” pero, en rigor, sólo busca aumentar su disponibilidad de caja para emplearla como medio de retención del poder político. Los “treinta hospitales” son tan concretos como los 20.000 millones de dólares de inversiones chinas de hace dos años.

El anuncio de la Señora Cristina, en definitiva, es una “puesta en escena” destinada a legitimar ante la sociedad la posición del gobierno. Sucede, sin embargo, que la intención del kirchnerismo es tan notoriamente evidente que su grado de credibilidad es prácticamente nulo. Por lo tanto, más allá del “ruido” generado por el anuncio, el conflicto entre el gobierno y los ruralistas, en lo esencial, no se ha modificado. El kirchnerismo, a partir de este anuncio, desarrollará la argumentación de que los productores agropecuarios son unos sujetos codiciosos e insensibles dedicados a lucrar incesantemente a expensas de los débiles y necesitados, a quienes el gobierno se encarga de defender inclaudicablemente. “Pura cháchara”, diría un recordado caudillo peronista.

Sin embargo, la jugada del gobierno le plantea a los productores ruralistas el problema de que los deja en una posición incómoda ante el conjunto de la sociedad. La idea de que se pongan en marcha políticas de redistribución de la riqueza cuenta con un amplio consenso favorable en Argentina. Se trata, por cierto, de ideas vagas, inconsistentes, meras expresiones de deseos que en casi todos los casos llevan a efectos contrarios a los que se quiere producir. Pero esas fantasías están presentes en el imaginario colectivo y, aunque técnicamente sean impracticables, ejercen influencia real y concreta en las inclinaciones populares y, por lo tanto, en los resultados electorales.

La mejor política social es, como siempre, dejar que los mercados operen libremente y sin interferencias en un marco de seguridad jurídica y solidez institucional. De ese modo, las oportunidades de rentabilidad motorizarán las inversiones, generarán fuentes de trabajo y promoverán el consumo que a su vez estimulará nuevas inversiones que irán realimentando todo el proceso económico. Eso es lo que hará que el nivel de vida de la población mejore de acuerdo con las aptitudes y aspiraciones de cada uno. No es necesaria la intervención directa del estado (salvo en algunos casos excepcionales) para promover el bienestar de la población. Por supuesto que a estas ideas se las denuesta bajo el epíteto de “neoliberalismo”. No por eso, sin embargo, dejan de ser ideas acertadas, conceptualmente coherentes y de eficacia empíricamente probada.

El kirchnerismo, lamentablemente, está inspirado por ideas completamente opuestas al liberalismo. La concepción ideológica que motoriza al gobierno privilegia el intervencionismo del estado en la distribución de la riqueza por sobre la acción natural del mercado. Esas ideas han fracasado siempre, donde quiera que hayan sido puestas en práctica en cualquiera de sus infinitas variantes. Sin embargo, el gobierno insiste en ellas y encuentra ciertos ecos favorables en la población que, de ese modo, elige apoyar cursos políticos que producen resultados perjudiciales aún para aquellos que les prestaron su adhesión. La acción del kirchnerismo en este contexto tiene un nombre, que es demagogia. La acción del gobierno en relación a las retenciones a las exportaciones agropecuarias es una práctica nítidamente demagógica. La supuesta construcción de escuelas, hospitales y caminos rurales es una burda mentira destinada a engañar al pueblo para que le preste su apoyo a los designios de un gobierno que luego incumplirá todas sus promesas.

El desenlace de este conflicto entre el kirchnerismo y los productores agropecuarios es aún incierto. Ninguna de las dos partes logra prevalecer definitivamente sobre la otra y no se vislumbra que alguna de las dos vaya a lograrlo a corto plazo. El kirchnerismo, al anunciar que empleará los fondos de las retenciones móviles para construir hospitales, escuelas y caminos rurales tiró “munición gruesa” contra los ruralistas pero la posición de estos se mantiene firme porque el argumento básico en el sentido de que la presión impositiva es abusiva, sigue vigente.

El problema de fondo, en definitiva, es el siguiente: ¿cuál es el mejor método para promover el mayor bienestar posible al mayor número posible de personas? Esto involucra nada menos que un debate acerca de los fundamentos últimos que rigen la organización de la sociedad. Se trata, en esencia, de un debate ideológico. Economía de mercado o intervencionismo estatal, esa es la disyuntiva. El kirchnerismo propugna el intervencionismo del estado. El tiempo pondrá en evidencia si éste es un método eficaz. © www.economiaparatodos.com.ar