«Siguiendo una tendencia alarmante, individuos, empresas e instituciones que no han cometido ningún crimen se encuentran crecientemente sometidos a cazadores de brujas de los gobiernos bajo cargos «éticos» pobremente definidos.

La práctica está tomando impulso en varios países, aunque no está claro quién tiene la autoridad para reglamentar qué comportamiento es ético y cuál no», escribe el Príncipe Michael von Liechtenstein.

Publicado originalmente en GLS (Geopolitical Information Service) con el título “Populism and government greed jeopardise rule of law” http://blog.geopolitical-info.com/category/en/

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Cuando se trata de las leyes, la situación está clara: los parlamentos sancionan leyes siguiendo procedimientos estrictos. Pero, las formulaciones del «estándar ético» tienen lugar en otro ámbito. El llamado «ético» es subjetivo en gran medida, depende de evaluaciones resbaladizas y se dejan llevar fácilmente por sentimientos populistas.

El sistema legal incluye garantías jurídicas que se han incorporado como la presunción de inocencia, así como garantías contra el juicio anticipado y los prejuicios. El imperio de la ley también prohíbe, en la mayoría de los casos, la pena retroactiva, limitando de ese modo la inseguridad jurídica. En el ámbito de la «ética» no hay tales características, sus veredictos están abiertos a la intolerancia, los celos y los sesgos.

Starbucks fue etiquetada públicamente como poco ética durante una audiencia parlamentaria relacionada con los impuestos en el Reino Unido. No importó a los acusadores que Starbucks actuara dentro del marco legal, que pagara los impuestos locales, que generara IVA y ofreciera puestos de trabajo.

La Comisión Europea, por su parte, ha cuestionado un acuerdo impositivo sobre transferencia de precios alcanzado por Starbucks con las autoridades de Países Bajos. La Comisaria de Competencia de la Unión Europea, Margrethe Vestager, reclama que la compañía devuelva unos 20-30 millones de euros al gobierno holandés que la compañía retenía en concepto de exenciones fiscales supuestamente injustas. Tanto Starbucks como -lo que es revelador- el gobierno holandés se oponen a tal mandato, alegando sólidas razones legales.

Hay numerosos casos similares en Europa, siendo los más notables los que involucran a Amazon y Automóviles Fiat Chrysler. Esta mentalidad de «barones ladrones», sin embargo, también parece alimentar alguna de las acciones las autoridades fiscales en los Estados Unidos y Australia.

Es crucial distinguir entre evasión fiscal, que es ilegal, y optimización fiscal a través de una planificación adecuada, que es legal -aunque hoy en día a menudo se etiqueta despectivamente como «evitación fiscal». En este contexto, hay que resaltar que la optimización tributaria leal es parte del deber fiduciario de cualquier CFO.

De acuerdo con la prensa británica, HM Revenue and Customs, la autoridad fiscal del Reino Unido, trata de chantajear a los ciudadanos que optimizan legalmente sus impuestos con la amenaza de incluirlos en una «lista negra»» como evasores fiscales. Esto, con el objetivo de lograr mediante extorsión el pago de impuestos que no se pueden demandar legalmente.

Todo esto sucede cuando el intercambio de información fiscal automático en la Unión Europea asegura transparencia a las autoridades tributarias. El sistema ha funcionado por tres años y su aplicación se completará el 1 de enero del 2016. Los bancos y las empresas están obligadas a mantener registros completos sobre los beneficios de los propietarios de las acciones. Esto garantiza el acceso a las autoridades a cualquier información que puedan necesitar para combatir la evasión fiscal, el lavado de dinero o la financiación del terrorismo y el crimen organizado.

La directiva más nueva de la Unión Euroepa contra el blanqueo de dinero, sin embargo, exige que los estados miembros también tengan un registro de los propietarios de los beneficios de las empresas y otras entidades legales -todo ello con el pretexto de la necesidad de combatir la evasión fiscal y la financiación de grupos terroristas.

Este nuevo registro añadirá gran cantidad de papeleo y será perfectamente superfluo -estos datos ya existen y están a disposición de las autoridades. La parte interesante es que los periodistas también tendrán acceso a la información de los registros. Parece que solamente hay una explicación lógica para crear esta institución: el deseo de poner las compañías que actúan legalmente bajo la presión de la «ética».

Este enfoque viola el estado de derecho. Sustituye la justicia por los prejuicios, una práctica valiosa para los tiranos. Sin mencionar el hecho de que un registro con amplio acceso puede ser una maravillosa herramienta de investigación de mercado para los criminales.

Si el objetivo es defender el estado de derecho y fomentar una buena ciudadanía, los legisladores deberían centrarse en escribir inteligentes, cuidadosamente y concienzudamente pensadas, regulaciones tributarias balanceadas en vez de doblar (?) las reglas fundamentales de la legislación. Los códigos tributarios en la mayoría de los países son ridículamente complicados, opacos, a menudo ilógicos y cargados de contradicciones. En los principales países industrializados como Alemania, los Estados Unidos o Francia, esos códigos contienen más de 10.000 artículos. Es esta complejidad la que invita a la corrupción.

Una mera simplificación de los códigos existentes sería recorrer un largo camino hacia la solución de los problemas que los políticos, burócratas y expertos en «ética» en los medios lamentan. El principio del Imperio de la Ley, uno de los fundamentos de nuestra civilización, se serviría mejor de esa manera.

 

*Traducción de María Blanco y Juan Carlos Cachanosky