Pareciera ser que la Argentina ha caído en manos de una dirigencia política que está enfrascada en una fuerte competencia para ver quién propone la medida más demagógica. La última propuesta demagógica, por lo menos al momento de redactar esta nota, acaba de salir del Senado, donde se aprobó un proyecto de ley por el cual los morosos con las empresas de servicios públicos tendrán derecho a que no les corten el servicio. De acuerdo a esta ley, las empresas de servicios públicos tendrán que llamar al deudor y negociar una solución al problema sin cortarle el servicio.

Si hasta ahora la renegociación de las tarifas y de los contratos estaban en veremos, generando la correspondiente inseguridad jurídica para quienes operan esos servicios, con esta nueva ley estamos confirmando que la Argentina no es previsible y que todo el orden jurídico que les permite a los países crecer y brindarles prosperidad a sus habitantes ha quedado sepultado debajo de las ambiciones políticas del momento. Y si no es una cuestión de ambición política, la mencionada ley es un ejemplo de ignorancia llevada a su máxima expresión.

¿Qué requiere un país para que su población pueda tener trabajo y mejorar sus ingresos? Desde el punto de vista económico necesita inversiones. Ahora bien, ¿qué necesita un país para tener inversiones? Seguridad jurídica, entendiendo por seguridad jurídica reglas de juego estables que respeten los derechos de propiedad.

Quienes bajo el demagógico argumento de defender a los pobres aprobaron semejante ley, no están haciendo otra cosa que confirmarle al mundo que en la Argentina no se respetan los contratos ni los derechos de propiedad, que la vida y la fortuna de las personas y las empresas están subordinadas a los caprichos políticos del momento.

Los legisladores que aprobaron esa ley están gritando a los cuatro vientos a todo el mundo: “el que viene a la Argentina a invertir tiene que aceptar que sus inversiones queden desguarnecidas de todo orden jurídico y principio de justicia”.

¿Puede alguien pensar seriamente que el accionista español, francés, norteamericano o argentino va a poner plata de su bolsillo para invertir en un país donde los legisladores, jueces y funcionarios en general ignoran las normas básicas de organización de una sociedad civilizada?

A nadie escapa que hoy en día mucha gente tiene serios problemas para subsistir con los ingresos que recibe por su trabajo. Pero no es violando los derechos de terceros como se van a solucionar los problemas de pobreza. El camino para solucionar el drama de millones de argentinos consiste en crear las condiciones necesarias para que vengan las inversiones, baje la desocupación y mejore el ingreso real de la gente para que pueda pagar las cuentas de los servicios públicos. Con la ley aprobada no se está dando una solución de fondo a los pobres. Por el contrario, hacia el futuro se agrava más su situación porque en estas condiciones nadie, en su sano juicio, puede invertir un peso en la Argentina.

La pregunta que surge frente a esta ley es: ¿por qué una empresa de servicios públicos tiene que hacerse cargo de la incapacidad de pago de la gente para pagar sus cuentas? ¿Por qué transferirle el costo a las empresas de los problemas de la gente?

La respuesta a estas preguntas es que, en el fondo, si uno analiza el tema detenidamente, esta ley está tratando de ocultar la incapacidad de la dirigencia política para crear las condiciones que le permitan a la gente pagar sus cuentas. Dicho en otras palabras, si hay mucha gente que no puede pagar los servicios públicos es porque los demagogos que nos gobiernan han sumergido a la población en la miseria y tratan de ocultar el destrozo que están haciendo en el país con leyes absurdas que pretenden mostrarlos como abanderados de los pobres, cuando el accionar de esos demagogos es lo que ha creado la pobreza. Es su comportamiento es el que impide que la gente pueda ganar lo suficiente para pagar las cuentas. En definitiva, es como si un ladrón se presentara ante la población como el defensor de los bienes de la gente argumentando que hay inseguridad. ¡Qué descaro!

Algún desubicado puede pensar que estas líneas son un lobby a favor de las empresas privatizadas. Quien piense así comete un serio error. Lo que estoy defendiendo es el reestablecimiento de un orden jurídico que haga de la Argentina un lugar seguro donde invertir y progresar. Por lo que estoy luchando es porque, algún día, los argentinos podamos liberarnos de la opresión a la que nos someten los demagogos y podamos empezar a vivir bajo el imperio de la ley para poder crecer en base a nuestro trabajo y capacidad de innovación.

Esta ley es un ejemplo más de cómo los burócratas inescrupulosos le tiran migajas a la gente para que tenga que tirarse al piso a recogerlas. Y mientras la gente está en el piso recogiendo las migajas, siguen poniéndole el pie encima para que no puedan levantarse. © www.economiaparatodos.com.ar