Otras fosas comunes

En America Latina existe, en materia de justicia, un notorio “rincón de impunidad”, del que nadie habla. Mientras -correctamente- se ha enfrentado con decisión el azote del llamado “terrorismo de Estado”, en cambio quienes desde la subversión cometieron delitos de lesa humanidad están en libertad, amnistiados en la mayor parte de los casos, absolutamente impunes. Pese a que esos subversivos cometieron abominables “crímenes de guerra” contra civiles inocentes en el transcurso del “conflicto armado interno” que se desarrollara durante la década de los 70. Lo hicieron en abierta violación de la Cuarta Convención de Ginebra de 1949, que en la mayor parte de los casos es “derecho interno” desde la década de los 50. Esos “crímenes de guerra” son, jurídicamente, delitos de lesa humanidad cometidos en tiempos de conflictos armados internos. Por esta razón, precisamente, son imprescriptibles e imperdonables. No obstante, muchos de quienes han cometido esos crímenes, amnistiados, han tenido el descaro de presentarse a elecciones y hoy son legisladores que simulan que nada llevan en la mochila de sus conciencias respecto del pasado. Cuando no funcionarios, dedicados a seguir “tapando” el tema, de modo que pase el tiempo y nada suceda respecto de ellos. Suena increíble, seguramente, pero es rigurosamente así.

No obstante, hay hechos que comienzan a tomar estado público y pueden haber empezado a cambiar ese estado de cosas, razón por la cual en algún momento los responsables de esas atrocidades podrían finalmente tener que enfrentar sus responsabilidades.

Recientemente un guerrillero de las FARC, desmovilizado, a quien el gobierno de Colombia ha excarcelado y encargado gestiones de paz con sus ex compañeros de las FARC, ha revelado la existencia de “fosas comunes” con decenas de cadáveres de víctimas de las FARC. El horrendo mecanismo no es, queda claro, ciertamente patrimonio exclusive de quienes impulsaron el “terrorismo de Estado” y hoy, en muchos casos, purgan sus delitos. También ha sido -queda visto- de práctica en la subversión.

Las dos fosas denunciadas estarían ubicadas en los departamentos de Naranjales y San Juan de las Hermosas, en Tolima, Colombia. Allí están siendo enviados equipos de forenses para identificar a las victimas.

En esa zona, montañosa, se supone que está refugiado Alfonso Cano, quien desde mayo pasado comanda a las FARC, que han cometido y siguen cometiendo toda suerte de atrocidades contra civiles inocentes, en abierta violación de la aludida Convención de Ginebra de 1949.

Para las FARC, el denunciante, Raúl Agudelo, es un traidor. Es posible que pueda ser visto de esa manera. Lo cierto es que lo que está confirmando es que las FARC han cometido los peores crímenes de lesa humanidad en violación de las Convenciones de Ginebra de 1949. Sus dirigentes seguramente creen que, como ha ocurrido en otros rincones de América Latina, jamás deberán rendir cuentas por sus crímenes. Es cada vez más posible que ello no sea así.

Nuevas revelaciones en torno al “Informe Mattarollo”

Desde estas mismas columnas nos hemos ocupado del llamado “Informe Mattarollo” (ver nota del 6/11/2008, del 11/12/2008 y del 19/02/2009), producido por una extraña “comisión investigadora” que naciera en el seno de UNASUR, liderada nada menos que por el subsecretario de Derechos Humanos de la Argentina, Rodolfo Mattarollo, un hombre de notorias vinculaciones cercanas con la izquierda radical, al que curiosamente los Kirchner han colocado en esa delicada posición con por lo menos dos aparentes “prioridades”: (i) dinamizar las causas judiciales vinculadas con el llamado “terrorismo de Estado”; y (ii) con el apoyo patinoso del Procurador de la Nación, asegurar que la impunidad en la que están aquellos que en la Argentina cometieron crímenes de guerra contra civiles inocentes (esto es, delitos imprescriptibles de lesa humanidad en tiempos de conflictos armados internos, como el que asolara a la Argentina en los 70) cuando actuaban dentro de la llamada “subversión”, mantengan el “rincón de impunidad” del que gozan. Ese “Informe”, cuya veracidad esta cubierta de sombras, sigue “dando que hablar”. Se refiere sustancialmente a la llamada “Masacre de Porvenir”, ocurrida en Bolivia en septiembre de 2008.

Mientras tanto, UNASUR aún no existe como tal, desde que solamente Bolivia ha ratificado su partida de nacimiento. UNASUR, hemos dicho ha sido creada como mecanismo de diálogo para excluir a los países del norte de nuestra región y conferir un púlpito a los “progresistas” de tendencia “bolivariana” (eufemismo que reemplaza a la palabra “comunismo”, de connotaciones adversas en la región) para conferir una falsa aureola de “legitimidad” internacional a sus propuestas y posiciones.

Una Comisión Especial de la Cámara de Diputados de Bolivia, encargada de investigar en paralelo la “Masacre de Porvenir” y presidida por personeros del partido de gobierno, el MAS, refuta por lo menos cuatro de los presuntos “pilares” sobre los que Mattarollo edificara las conclusiones de su cuestionada “investigación”.

No hubo 20 muertos, sino solo 13. No hay indicios de “ejecuciones ilegales” de adultos, ni de niños. Tampoco hay evidencia de abusos sexuales. Menos aún, hay “fosas comunes”, como las de las FARC colombianas. Sí, aparentemente, se produjeron vejaciones. Por ello, incrimina a las autoridades departamentales y recomienda se investigue a más de un centenar de personas por su cercanía o vinculación con los hechos luctuosos. Esta conclusión ha sido objetada fuertemente por los legisladores de la oposición, desde que insólitamente se omite investigar la responsabilidad que pudo haber correspondido a los dirigentes campesinos que el 11 de septiembre de 2008 organizaran, “estimulados” por el MAS, un provocador cabildo (“ampliado”) en la localidad de Filadelfia, uno de los bastiones del MAS en Pando.

Se abre así un nuevo camino de investigación que, como cabía esperar, omite algunas de las obvias exageraciones que contuviera el “Informe Mattarollo” y lo desacredita aún más.

Evo Morales embiste contra el Poder Judicial

Entre los múltiples denominadores comunes que poseen los gobiernos que se dicen “progresistas” en América Latina, aparece (entre otros, como el de desnaturalizar la acción de todos los organismos administrativos de “control”, a la manera de los Kirchner) el de controlar al Poder Judicial, para así poder mantenerse en un clima de impunidad.

Para ello procuran reemplazar hasta a los integrantes de las Cortes Supremas, a la manera descarada de Ecuador o Venezuela, o algo (no mucho) más sutil de la República Argentina.

La Bolivia de Evo Morales ha comenzado el asedio de los miembros de su Suprema Corte que son independientes e imparciales, como debe ser. Como era de esperar, se los ataca porque no colaboran con la “revolución” liderada por Evo Morales desde El Quemado, con comunicación abierta y permanente con Caracas y La Habana.

El gobierno de Morales ha pedido cárcel para Eddy Fernández, el Presidente de la Corte Suprema de Justicia, en lo que es ya un gigantesco “conflicto de poderes”.

Además, ha pedido la renuncia de todos los integrantes del más alto tribunal del país por la simple razón de que la Corte “huele a podrida”, en palabras insólitas del Ministro de Defensa de Morales, Walker San Miguel. Por “olfato”, entonces.

La idea de Morales, siguiendo la experiencia argentina, es la de abrir “juicio político” contra los Miembros de la Corte. Para descabezarla primero y reemplazarla con magistrados “leales” después. A Fernández se le acusa de demorar las “investigaciones” contra el ex Presidente Gonzalo Sánchez de Lozada, el “Lucifer” más grande de todos los creados por Morales y García Linera en el imaginario popular.

Eddy Fernández, que preside el más alto tribunal de Bolivia desde el 10 de abril de 2008, rechazó naturalmente todos los cargos. Pero la presión sobre él ha comenzado y un desagradable proceso se ha puesto en marcha con el propósito de apoderarse políticamente de la justicia boliviana de manera que ya no sea independiente sino, como sucede en el “ideal” del socialismo, que sea solo un mecanismo revolucionario más. O sea que actúe políticamente, con prescindencia del deber de administración de justicia en los casos individuales, que quedan relegados a un segundo plano. Horrendo. Pero no inesperado, previsible.

El 24 de marzo, tres magistrados de la Corte Suprema de Bolivia concluyeron sus mandatos de diez años. Este hecho, sumado a la posible “suspensión” de Eddy Fernández, puede dejar al máximo tribunal sin quórum mínimo. Lo mismo puede suceder en el Consejo de la Magistratura (allí llamado “de la Judicatura”), desde que sin Fernández, allí tampoco habría quórum.

La salida es la designación de “conjueces”.

Según la nueva Constitución, la designación de los jueces se hará por elección popular, lo que en Bolivia parece una receta para el caos, que es lo que pretende instalar el MAS de Morales, para luego asumir el papel de “salvador” de la Patria.

Un oportuno y preciso mensaje papal desde África

El Papa Benedicto XVI realizo una nueva gira pastoral por el continente africano. La semana pasada llegó a Angola, un país inmensamente rico en materia de hidrocarburos y diamantes, pero con una población sumergida en la pobreza, con un 48% de desocupación y el 60% de los hogares sin electricidad, ni agua corriente. No muy distinta, como situación, a la de Bolivia, país sentado sobre una fortuna en materia de hidrocarburos, pero aún sumergido en la corrupción y en la pobreza.

En una alocución pronunciada desde la propia residencia del Presidente “eterno” de Angola, José Eduardo dos Santos -un “progresista” africano que, como los Kirchner, no ha dejado de maniobrar de manera de permanecer en el poder, alguna vez protegido de la Unión Soviética- el Pontífice aprovechó la oportunidad para enfatizar que el camino para salir del atraso y la pobreza pasa por las “democracias cívicas modernas”. Dos Santos, que hace 29 años que está aferrado al poder, o más bien “abulonado” a él, escuchaba impávido, como si no estuvieran hablándole también a él.

Para Benedicto XVI, el camino de las “democracias cívicas modernas” supone respeto por los derechos humanos; la existencia de gobiernos transparentes; poderes judiciales independientes; prensa libre; escuelas y hospitales que funcionen bien; y, sobre todo, una determinación firme -desde los corazones- de desterrar la corrupción. Mucho más allá que elegir a las autoridades a través de elecciones libres, por cierto.

Para la Argentina, cuando se acerca el momento de votar en elecciones intermedias, el mensaje es claro: no aceptar a aquellos que desnaturalizan mediante engaños las instituciones democráticas, poniéndolas al servicio de su ambición personal de poder y de una búsqueda incansable de lograr impunidad para esconder la corrupción, esto es la “cleptocracia”, en la que viven. © www.economiaparatodos.com.ar

Emilio Cárdenas se desempeñó como representante permanente de la Argentina ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU).