En estas palabras conmemorativas para honrar a Juan Bautista Alberdi, me limitaré a formular ante los Académicos de esta corporación algunas consideraciones telegráficas en torno a cuatro citas del célebre tucumano, para luego responder a lo que se estime pertinente e intercambiar opiniones con los presentes. Acaba de publicarse en Chile mi último libro por la Universidad del Desarrollo que se refiere a sistemas bancarios y estructuras arancelarias que fueron los dos temas que principalmente ocuparon la atención de Jean Gustave Courcelle-Seneuil, el primer profesor de economía contratado en ese país a instancias de Félix Frías, entonces corresponsal de “El Mercurio” en París, a su vez aconsejado por Alberdi a la sazón en Valparaíso, con lo que influyó decisivamente a introducir el liberalismo en la nación trasandina.

 

La primera cita alberdiana es como sigue: “La aduana proteccionista es opuesta al progreso de la población, porque hace vivir mal, comer mal pan, beber mal vino, vestir ropa mal hecha, usar muebles grotescos, todo en obsequio de la industria local que permanece siempre atrasada por lo mismo que cuenta con el apoyo de un empleo que dispensa de modificarse en mejorar sus productos” (Sistema económico y rentístico de la Confederación Argentina según su Constitución de 1853, Buenos Aires, Editorial Raigal, 1854/1954, p. 279).

 

Desafortunadamente, a pesar de haber transcurrido más de trecientos años desde que se inició el debate librecambio-restriccionismo, todavía no se han comprendido en la medida suficiente las ventajas de comprar barato y de mejor calidad frente a la imposición de productos más caros y de peor factura. La fronteras abiertas al comercio de bienes y servicios permiten una menor erogación por unidad de producto con lo que se liberan recursos humanos y materiales para fabricar otros bienes, con lo que aumenta el nivel de vida de la población.

 

Resulta tragicómico el rol de los llamados “vistas de aduana” cuyo mensaje es bloquear la posibilidad de ingresar productos de mejor calidad de los que se encuentra disponibles en el interior del país o, de lo contrario, se pretende cohecho para ingresar lo propio. Todos los aranceles y tarifas aduaneras disminuyen el nivel de vida de la población receptora de los bienes que se deseaba ingresar puesto que, como queda dicho, la prohibición provoca un uso mayor de los siempre escasos recursos disponibles.

 

Debemos tener en cuenta que dentro de esos escasos factores productivos, el más importante es el trabajo puesto que no se concibe la producción de ningún bien ni la prestación de ningún servicio sin el concurso del trabajo manual e intelectual. El desempleo significa sobrante de trabajo lo cual solo ocurre cuando los aparatos estatales imponen ingresos superiores a los permitidos por el mercado a través de las mal llamadas “conquistas sociales”. Si imaginamos que en la actualidad el presente gobierno, en un rapto de intensa “sensibilidad social”, estableciera salarios de cincuenta mil dólares mensuales para todos, a poco andar comprobaríamos que la medida condenó a todos al desempleo y a la inanición. Esto es lo que generan las interferencias coactivas en el mercado: barren con los puestos de trabajo de quienes más necesitan trabajar.

 

Los salarios e ingresos en términos reales son consecuencia de las tasas de capitalización, es decir, equipos, maquinarias, instalaciones y conocimientos que hacen de apoyo logístico al trabajo para aumentar la productividad y, a su vez, esas inversiones se logran en la media en que se cuenten con marcos institucionales que aseguren los derechos de todos. Entonces, la abrogación de aranceles permite que los recursos humanos se empleen en otros campos que no era posible considerar mientras los aranceles congelaban la productividad.

 

La contrapartida de las exportaciones es el ingreso de divisas lo que tiende a hacer que baje su valor que, a su vez, incentiva las importaciones que, a su turno, aprecia la divisa que estimula las exportaciones y así sucesivamente. Son dos brazos de un mismo proceso. Las manipulaciones en el tipo de cambio y las estructuras arancelarias distorsionan el referido proceso con lo que se consume capital y, por ende, se reducen los salarios. El aludido restriccionismo se ha denominado “proteccionismo” pero en verdad, por las razones apuntadas, se desproteje a los consumidores y, en todo caso, se beneficia a pseudoempresarios que obtienen mercados cautivos, privilegios y prebendas a costa de sus congéneres.

 

El contrabando, en última instancia, subroga el librecambio. Sin aranceles no tendría lugar ni sentido alguno este comercio clandestino y no se trata de suscribir la peregrina idea de gradualmente liberar aranceles al efecto de “proteger la industria incipiente” que en las primeras etapas “puede no ser rentable”. El empresario debe evaluar los proyectos correspondientes y absorber los eventuales quebrantos iniciales para después resarcirse con creces pero no trasladarlos sobre las espaldas de los consumidores puesto que, de lo contrario, en lugar de que el empresario asuma la responsabilidad se incentiva el establecimiento de políticas que dan lugar a que se subsidien proyectos fantasiosos que nunca maduran porque están mal evaluados y solo se presentan para sacar partida del apoyo arancelario.

 

En realidad, las fronteras solo tienen sentido para evitar los enormes riesgos de la concentración de poder en un gobierno universal, pero en una sociedad abierta no deben convertirse en culturas y regiones alambradas que impiden la libre circulación de personas y bienes. Los nacionalismos xenófobos estiman equivocadamente que lo local es siempre un valor y lo foráneo un desvalor con lo que se da por tierra con la cooperación social y los principios de la civilización del necesario respeto recíproco.

 

Las integraciones regionales constituyen burdos pretextos para no abrirse al mundo y se sostiene livianamente que son “los primeros pasos” en dirección al librecambio cuando, como queda consignado, han transcurrido más de tres siglos desde que comenzó el debate sobre la materia. Kenneth E. Boulding en su texto clásico sugiere que “para estudiar adecuadamente los aranceles debemos considerarlos como aumentos artificiales en el coste de transporte […] Lo mismo que los ferrocarriles son un dispositivo para disminuir el coste de transporte entre dos lugares, los aranceles son un dispositivo para aumentarlo. Así pues, un defensor razonable de los aranceles debe demostrar su lógica estando también dispuesto a defender el retorno a los tiempos del caballo y la diligencia” ( Análisis económico, Madrid, Revista de Occidente, 1941/1947, p.157).

 

En la segunda cita el autor se pregunta y responde del siguiente modo: “¿Qué exige la riqueza de parte de la ley para producirse y crearse? Lo que Diógenes le exigía a Alejandro, que no le haga sombra” (Opus cit., p. 8) y en la tercera se lee que “Si los derechos civiles del hombre pudiesen mantenerse por si mismos al abrigo de todo ataque, es decir, si nadie atentara contra nuestra vida, persona, propiedad, libre acción, el gobierno del Estado sería inútil, su institución no tendría razón de existir” (“El proyecto de Código Civil para la República Argentina” en Obras Completas, Buenos Aires, Imprenta de la Tribuna Nacional, 1868/1887, tomo VII, p. 90).

 

Estas dos referencias apuntan a las funciones del gobierno en una sociedad abierta. En nuestro caso tomamos dos aspectos, uno referido a la cara medular de los mercados y otro al contexto institucional. En el primer caso, me ha parecido pertinente aludir a la trascendencia de los precios como trasmisor de conocimiento disperso y fraccionado. John Stossel en una documental televisiva propone centrar la atención en un trozo de carne envuelto en celofán en la góndola del supermercado y a partir de allí imaginar los múltiples procesos productivos en regresión desde el momento inicial. Los agrimensores que miden terrenos, los alambradores con todo el significado de empresas en sentido horizontal y vertical tanto de transferencias bancarias, transportes, materias primas, contratación de personal etc etc como los postes con sus décadas de forestación y reforestación. Los equipos para desmalezar, los plaguicidas, los fertilizantes, las máquinas sembradoras, las cosechadoras, la construcción de tanques de agua y bebederos, el ganado vacuno, los recorridos del campo con los caballos, las monturas y riendas con sus respectivas empresas comerciales e industriales. Cada uno está concentrado en sus tareas específicas y, salvo la última etapa, nadie está pensando en el trozo de carne envuelto en celofán en la góndola del supermercado y, sin embargo, se encuentra disponible para el consumo de la misma manera que ocurre con millones de productos que cotidianamente se ofrecen. Es que los precios recogen los requerimientos de los diferentes bienes, los cuales dejan de cumplir esta función vital cuando son interferidos por planificadores que necesariamente concentran ignorancia en lugar de permitir aquella información relevante, por eso es que en sistemas estatistas hay faltantes y desajustes de diversa naturaleza. Y no se trata de contar con equipos capaces de almacenar muchos datos, es que sencillamente la información no está disponible con anterioridad a las respectivas decisiones que ponen de relieve las estructuras valorativas. Dejando de lado las tragedias morales y físicas de tantos seres humanos, el derrumbe del Muro de la Vergüenza en Berlín se debe a las mencionadas razones técnicas, del mismo modo que ocurren los estrepitosos y reiterados fracasos en Cuba, Corea del Norte, Irán y demás países totalitarios.

 

Los precios de mercado hacen posible la evaluación de proyectos, la contabilidad y el cálculo económico en general. Si esas señales cruciales son distorsionadas por los aparatos estatales, se convierten en números carentes de significado. A su vez, los precios de mercado implican la propiedad privada (el uso y disposición de lo propio). En la medida en que se afecta la propiedad privada, los precios dejan de tener vigencia. Dado que los recursos son escasos, la propiedad privada sirve para administrarlos del modo más eficiente posible: los que aciertan en las demandas del prójimo obtienen ganancias y los que yerran incurren en quebrantos. Sin duda que para que esto ocurra los empresarios deben mantenerse alejados del poder de turno, de lo contrario se convierten en barones feudales o cazadores de privilegios que afectan gravemente a los demás puesto que sus operaciones nada tienen que ver con la competencia abierta en el mercado sino que se hacen negocios en los despachos oficiales.

 

El haz de contratos que se llevan a cabo diariamente supone en primer término a la propiedad privada y los precios. Como ha ilustrado Bernardo Krause, nos levantamos a la mañana y tomamos el desayuno (estamos en contacto con transferencias de derechos de propiedad a través de la compra-venta, sea del refrigerador, el microondas, el pan, la leche, la mermelada, los cereales, el jugo de naranja o lo que fuere). Tomamos un taxi, un tren, un bus y llevamos los hijos al colegio (contratos de adquisición, de enseñanza, de transporte). Estamos en el trabajo (contrato laboral), encargamos a nuestra secretaria ciertas tareas (mandatos) y a un empleado un trámite bancario (contrato de depósito), para solicitar un crédito (contrato de mutuo) o para operar ante cierta repartición (gestión de negocios). Alquilamos un inmueble para las vacaciones (contrato de locación), ofrecemos garantías (contrato de fianza). Nos embarcamos en una obra filantrópica (contrato de donación). Resolvemos los modos de financiar las expensas de nuestra oficina o domicilio (contrato societario), etc. Este haz de contratos solo tiene sentido si hay la posibilidad de usar y disponer de lo propio, de lo contrario no hay posibilidad de transferir esos derechos.

 

El segundo tema que surge de las dos últimas citas de Alberdi nos conduce a la situación institucional en cuanto a las funciones limitadas de los gobiernos a la protección de derechos y no a la demolición de estos tal como ocurre cuando se conciben como la facultad de echar mano al fruto del trabajo ajeno con lo que se quiebra la noción jurídica del respeto recíproco para convertir a la sociedad en una serie de desmanes reiterados como si se tratara de un enorme círculo en el que todos tienen metidas las manos en los bolsillos ajenos, con lo que naturalmente se estimula el saqueo y se destrozan los incentivos a la producción y al ahorro.

 

Actualmente se ha desvirtuado completamente la noción de la democracia soñada por autores como Giovanni Sartori en cuanto al respeto a los derechos de las minorías, para convertirse en cleptocracia, es decir, gobiernos de ladrones de libertades, propiedades y la liquidación de proyectos legítimos de vida. Estimo que ha llegado el momento de pensar en nuevas defensas si se desea conservar la sociedad abierta puesto que como decía Einstein es imposible lograr resultados distintos insistiendo con las mismas recetas. Es necesario despejar telarañas mentales y considerar y debatir variantes que permitan encauzar al Leviatán.

 

Como una posibilidad pueden tomarse en cuenta dos variantes para el Poder Ejecutivo, una para el Legislativo y una para el Judicial. En el primer caso es de interés recordar la reflexión de Montesquieu en el segundo capítulo de la Segunda Parte de El espíritu de las leyes donde escribe que “El sufragio por sorteo está en la índole de la democracia”. En esta situación, dado que cualquiera pude ser candidato, la propuesta cambiaría drásticamente el eje del debate desde las bostezantes anécdotas personales de candidatos y de relatos sobre nimiedades de partidos políticos para concentrar esfuerzos en la limitación al poder. En segundo lugar, siempre en el Ejecutivo, resultaría de interés retomar los medulosos debates en el Congreso Constituyente estadounidense respecto a la conveniencia de establecer un Triunvirato al efecto de evitar los caudillos o “líderes iluminados” y tamizar las decisiones. Respecto al Legislativo recomiendo la lectura del tercer tomo de Derecho, legislación y libertad del premio Nobel F. A. Hayek en cuanto a sus propuestas respecto del funcionamiento de la Cámara de Senadores y, por último, en cuanto al Judicial, podría debatirse la conveniencia de que en los casos de arreglos contractuales las partes establezcan quienes han de participar en la resolución de eventuales conflictos y las instancias que las partes estipulen, sin regulación de ninguna naturaleza (incluso sin que se requiera la necesidad de ser abogado, lo cual facilitaría el arbitraje en casos que requieran conocimientos muy específicos), todo lo cual nos acercaría a las etapas iniciales del common law como un proceso de descubrimiento del derecho y no de diseño o ingeniería social.

 

Desde la Carta Magna de 1215 en adelante las constituciones han sido establecidas para limitar el poder y reconocer derechos anteriores y superiores a los gobiernos, sin embargo, de un tiempo a esta parte, dichos documentos se han convertido en una lista de aspiración de deseos contrarios al estado de derecho y a las normas más elementales de convivencia civilizada compatibles con la visión orwelliana. Si se me permite un ejemplo actual -digno de Woody Allen- señalo el de los partidarios de Rafael Correa, en Ecuador, que en la reciente Asamblea Constituyente propusieron seriamente (afortunadamente la moción no prosperó) incluir en la nueva Constitución “el derecho al orgasmo de la mujer”.

 

Las antedichas propuestas institucionales que mencionamos muy brevemente darían tiempo a que se estudien y discutan las áreas vinculadas a las externalidades, los bienes públicos y el dilema del prisionero según las nuevas y sustanciosas contribuciones en la materia, junto con la selección adversa y el riesgo moral en el contexto de la asimetría de la información.

 

Finalmente, la cuarta cita se refiere a temas monetarios en la que Juan Bautista Alberdi escribe que “El gobierno que puede forzar al país a su mando a que le preste todo el producto anual de sus sueldo y de su trabajo, es decir, todo el valor de su riqueza por la emisión de ese empréstito forzoso que se llama papel-moneda inconvertible, es el de un país perdido para la riqueza y la libertad […] La libertad es el contraveneno del papel-moneda por la simple razón que él es el veneno de la libertad. El papel-moneda de Estado es el despotismo del país por el país, al revés del papel moneda individual y libre; es decir, del crédito libre, del empréstito facultativo que es la libertad o dominio de lo suyo y, en último análisis, del gobierno del país por el país” (Estudios económicos, Buenos Aires, La Cultura Argentina, 1870/1916, p.262-63).

 

Aquí el padre de nuestra Constitución fundadora distingue el papel-moneda inconvertible de curso forzoso como un fraude o dinero fiat, del papel-moneda como recibo por mercancía-dinero depositada. Dada la larga experiencia acumulada en materia de manipulaciones estatales de la moneda, el corazón del problema debe verse en la constitución misma de la banca central, institución que por otra parte no existía en la época de Alberdi. En este sentido, el premio Nobel en economía Milton Friedman ha escrito en  Moneda y desarrollo económico (Buenos Aires, Editorial El Ateneo, 1972/1979, p.55):“Llego a la conclusión de que la única manera de abstenerse de emplear la inflación como método impositivo es no tener banco central. Una vez que se crea un banco central, está lista la máquina para que empiece la inflación” o como enfatizó en Monetary Mischief. Episodes in Monetary History (New York, Harcourt Brace Jovanovich Publishers, 1992, p.261), parafaseando a Clemanceau, que “la moneda es una materia demasiado seria como para dejarla en manos de banqueros centrales”.

 

Las autoridades de la banca central solo pueden operar en una de tres direcciones: expandir la base monetaria, contraerla o dejarla inalterada. Cualquiera de los tres caminos necesariamente altera los precios relativos, es decir, distorsiona las antes comentadas señales vitales en el mercado con lo que se malguía a los operadores económicos, lo cual significa desperdicio de recursos que se traduce en bajas de salarios e ingresos en términos reales. A estos efectos es del todo irrelevante si la banca central es independiente del ministro del ramo: de todos modos estará confrontada entre las tres vías aludidas y, consecuentemente, conducirán a la desfiguración de los precios de mercado con los efectos negativos apuntados. Si se sostuviera que las autoridades de la banca central pueden colocar la base monetaria en el mismo nivel que la gente la hubiera deseado, no tendría razón de ser la intervención monetaria con el agregado que el único modo de saber la preferencia de la gente es dejarla que exprese sus valorizaciones.

 

El mencionado Hayek, en su Denationalization of Money (Londres, Institute for Economic Affairs, 1976)  ha demostrado la imperiosa necesidad de que los gobiernos se abstengan de entrometerse en el negocio monetario y crediticio. Es que preguntarse cual es el bien que debe utilizarse como dinero y que cantidad debe haber es equivalente a cuestionarse que cantidad de zanahorias debe ofrecerse en el mercado. La gente debiera ser libre de elegir los activos monetarios con que prefiere llevar a cabo sus transacciones con lo que se repetirá parte de la historia monetaria en la que se elegían ciertos bienes como dinero, competencia en la que predominó el oro y la plata. Fue la indisciplina monetaria la que dio lugar a las severas crisis mundiales acentuadas y prolongadas con regulaciones que trabaron los arreglos voluntarios.

 

Desde hace varias décadas asistimos a nuevas manifestaciones de desorden monetario y fiscal en el contexto de un Leviatán desbocado en base a promesas demagógicas de imposible cumplimiento. Esto ocurre tanto en Europa como en Estados Unidos que parecen haber engrosado la lista de países llamados del Tercer Mundo que son de ese modo no por razones étnicas, ni por climas diversos, ni por la dotación de recursos naturales, sino por medidas estatistas y empobrecedoras que destrozan el ahorro interno y ahuyentan el externo.

 

Hoy en Estados Unidos -el país que admiraba Alberdi y que era ponderado por todos los espíritus libres del orbe- de cada dólar gastado por el gobierno central, cuarenta y dos centavos son deuda, con un déficit fiscal del 13% del PBI y un gasto público que se ha duplicado en la última década en el contexto de inauditos “salvatajes” a empresas irresponsables, ineptas o ambas cosas a la vez, siempre con los recursos detraídos coactivamente del patrimonio de terceros. La escisión de los valiosos postulados de los Padres Fundadores surgió con fuerza durante las administraciones de W. Wilson y F. D. Roosevelt pero se acentuó grandemente a partir de las gestiones de G. W. Bush y ahora en la presidencia de Obama donde solamente las regulaciones contraproducentes del gobierno federal alcanzan a setenta mil páginas, mientras no se protegen derechos de propiedad, por ejemplo, a través del sistema bancario de reserva fraccional manipulado por la banca central que, frente a cambios en la demanda de dinero, provoca crisis superlativas.

 

Por otra parte, en nuestro país, la creciente inflación del 30% anual se intenta disimular con multas y castigos a consultoras privadas que revelan esos guarismos que, por ende, se apartan de las cifras oficiales. En la tierra de Alberdi se están destruyendo las bases de la República…se ha cruzado el Rubicón y, a menos que se reaccione a tiempo con las ideas, valores y principios liberales sustentados por el ilustre pensador al que nos venimos refiriendo, tendremos que proclamar alea iacta est. Muchas gracias.