El gobierno busca quitarle al Grupo Clarín su principal fuente de ingreso

La última vez que Argentina perdió la independencia de su poder judicial fue durante el régimen militar que gobernó entre 1976 y 1983. No es coincidencia que los medios de comunicación independientes y la libertad de expresión estuvieran prohibidas.

Ahora, la presidenta Cristina Fernández de Kirchner quiere que esos días vuelvan, aunque bajo su propio sello de tiranía.

La semana pasada, la mandataria se sometió a una operación por un hematoma en el cráneo, una intervención que fue descrita por sus médicos como de bajo riesgo, y se está recuperando. La república, sin embargo, está en su lecho de muerte. Su supervivencia depende de si el presidente de la Corte Suprema, Ricardo Lorenzetti, puede soportar la presión del gobierno para que dé su brazo a torcer.

La Corte Suprema de Estados Unidos sabe de lo que estamos hablando. En su discurso sobre el Estado de la Unión de 2010, Barack Obama criticó duramente a los jueces del tribunal supremo que votaron por mayoría a favor de Citizens United (una decisión sobre el financiamiento de las campañas políticas) y los progresistas los atacaron sin cesar. Dos años después, el presidente de la Corte Suprema estadounidense, John Roberts, falló a favor de la reforma de salud de Obama.

Lo que está en juego en Argentina es una ley de 2009 diseñada para expandir los medios controlados por el Estado y contener a los privados. La legislación obligaría, entre otras cosas, al Grupo Clarín, la voz de televisión independiente más importante del país, a desprenderse de una parte significativa de su red de televisión por cable. Las ventas despojarían a Clarín de su principal fuente de ingresos.

La empresa también posee un periódico y un canal de televisión dedicado exclusivamente a las noticias. Su declive implicaría la desaparición de importantes fuentes de información acerca de las actividades del gobierno.

Un tribunal argentino determinó que artículos clave de la Ley de Medios de 2009, incluyendo la venta forzada de los activos de cable de Clarín y la cancelación de licencias sin compensación, son inconstitucionales.

La apelación del gobierno está pendiente y se especula ampliamente que Lorenzetti emitirá el voto decisivo. En las últimas semanas, Kirchner y su vicepresidente, Amado Boudou, han presionado, mediante declaraciones públicas, a la corte para que anuncie un fallo favorable antes de las elecciones del 27 de octubre. Algunos han señalado que los jueces de la Corte Suprema también han recibido mensajes privados de las altas esferas del gobierno. En junio, Lorenzetti manifestó que su familia era blanco de una investigación tributaria con el fin de influir sobre su decisión.

No es de extrañar que los Kirchner traten de interferir en las decisiones de la Justicia. En los primeros años de la presidencia de Néstor Kirchner (2003-2007), el gobierno forzó la renuncia de la mayoría de los nueve miembros de la Corte Suprema al acusarlos públicamente de tener vínculos con el impopular ex presidente Carlos Menem. Turbas de simpatizantes de los Kirchner los hostigaron e intimidaron en las calles.

Algunos de los puestos vacantes fueron llenados por nominados pro-Kirchner. Dos quedaron vacantes. En 2006, el Congreso controlado por el kirchnerismo aprobó una ley para reducir el número de magistrados a cinco al no sustituir a quienes se vayan retirando. Si todo sale como está planeado, los kirchneristas controlarán la mayoría una vez que los miembros de más edad se jubilen.

Hasta entonces, la presidenta tiene que arreglárselas como pueda. No es tan fácil. Las encuestas muestran que su alianza electoral, el Frente para la Victoria, sufrirá una derrota aplastante dentro de dos semanas. La economía está desfalleciendo, la inflación anualizada alcanza 30% e incluso en los sectores donde tradicionalmente ha sido fuerte se ha instalado una fatiga kirchnerista.

Pero la polémica en torno a la Ley de Medios podría ayudar. Algunos observadores señalan que un fallo favorable antes de las elecciones demostraría que la presidenta conserva la clase de poder de caudillo que ejercía su marido. Eso podría estrechar el margen de la derrota y permitirle armar una coalición. Su sueño de enmendar la ley electoral para postularse a un tercer período en la presidencia seguiría siendo factible.

Un beneficio adicional sería el fin del irritante cuarto poder, que perjudica su imagen con sus informes sobre la corrupción, la inseguridad y la economía. La prensa reveló, por ejemplo, que enviados del gobierno estaban calumniando al papa Francisco porque había criticado al gobierno.

Kirchner dice que el poder de Clarín en la televisión es excesivo. Pero el de ella es mucho mayor. La televisión estatal, que tradicionalmente ha sido neutral, se ha transformado en un vehículo de la propaganda del gobierno. Se han nacionalizado todas las transmisiones de los partidos de fútbol y las carreras de autos para poder saturar a los televidentes con los mensajes a favor del gobierno.

Tres de los cuatro canales de televisión privados en Buenos Aires son controlados por empresas con vínculos con el gobierno y dependen de algún grado de publicidad estatal. Sienten la presión de censurar su cobertura. En los medios impresos, en tanto, sólo queda un puñado de diarios de oposición líderes, incluyendo La Nación, que publica contenido de The Wall Street Journal.

Los patriotas argentinos no se rinden. Siete destacados periodistas han presentado reclamos ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, acusando al Estado de hostigamiento, intimidación y difamación. Un juez federal argentino encabeza una investigación penal del secretario de Comercio Interior, Guillermo Moreno, que es acusado de dar instrucciones a los departamentos de publicidad de las empresas para que boicoteen a los diarios que no son partidarios del gobierno.

«Raras veces la libertad de cualquier tipo se pierde de golpe», escribió el filósofo escocés del siglo XVIII David Hume. «La esclavitud tiene un aspecto tan horroroso para los hombres acostumbrados a la libertad que debe aproximarse poco a poco y disfrazarse de miles de formas para ser recibido». La Ley de Medios es uno de esos disfraces.

Fuente: http://online.wsj.com/