La reciente renuncia del ministro de Economía de la provincia de Buenos Aires, Gerardo Otero, al manifestar la imposibilidad de la provincia de poder afrontar el aumento salarial a los docentes ordenado por el Gobierno Nacional, ha dado un golpe de gracia a la autonomía del distrito más grande del país. Recordemos que dicho aumento había sido anunciado por el Ministro de Educación, Daniel Filmus, con la intención de posicionarse ante el electorado porteño como candidato del oficialismo.

Otero fue reemplazado por Carlos Fernández, quien se desempeñaba como subsecretario de Relaciones con las Provincias del Ministerio de Economía de la Nación. La substitución de un funcionario provincial de importancia por uno proveniente del gobierno nacional evidencia el grado de intervención que éste tiene sobre los asuntos bonaerenses.

A priori, uno podría pensar que la creciente influencia del Estado Nacional con una provincia derivaría del hecho de registrarse enfrentamientos y cuestionamientos mutuos, que afectan la gobernabilidad de un determinado distrito. En este caso, en cambio, el gobierno provincial ha entregado con su propio consentimiento la administración y gestión de los asuntos de Buenos Aires al presidente de la Nación.

No es una novedad que, desde que asumió, el presidente Kirchner ha buscado tener la mayor influencia posible en la provincia de Buenos Aires, un distrito clave en términos electorales. Sus acciones así lo demuestran, ya que en 2005 embistió con dureza contra Eduardo Duhalde y forzó la candidatura de su esposa Cristina Fernández, por entonces senadora por la provincia de Santa Cruz, como la expresión y el símbolo de renovación que venía a reemplazar al viejo aparato clientelista dominado por el propio Duhalde. Más allá de ese escenario, lo cierto es que Cristina Kirchner resultó apoyada por la mayoría de aquellos intendentes identificados con el antiguo poder duhaldista.

Trascendiendo el fenómeno de la disputa meramente política, la decisión de apoyar a la Primera Dama como candidata por Buenos Aires implicaba, por parte del gobierno de Felipe Solá, una abdicación en la autonomía provincial. Cristina Fernández de Kirchner, quien siempre fue representante de los intereses de Santa Cruz, se convertía en la legisladora nacional más importante de la provincia de Buenos Aires.

Ello llevó a una mayor consolidación del poder central por sobre las provincias e implicó dejar definitivamente de lado el debate sobre cómo se reparten los impuestos nacionales entre el Estado Nacional y los gobierno provinciales. Ese debate gira en torno al tratamiento y aprobación de una nueva ley de Coparticipación Federal, que la propia Constitución Nacional estipula debió haber sido sancionada en 1996 como fecha límite.

Sabido es que las provincias más chicas por población y por nivel de actividad económica son beneficiadas en demasía por la ley de coparticipación actual –que data desde 1998-, en desmedro de provincias como Buenos Aires, Córdoba, Mendoza y Santa Fe. Estas últimas acaparan los más altos niveles de actividad económica como participación dentro del total nacional, pero reciben considerablemente menos recursos provenientes de la recaudación de impuestos nacionales.

Para darnos una idea sobre ello, según las cifras de 2005 proporcionadas por la Subsecretaría de Relaciones con las Provincias que depende del Ministerio de Economía, el total de transferencias federales por habitante fue de 520 pesos para la provincia de Buenos Aires y de 3.000 pesos para la provincia de Santa Cruz, nada menos que 6 veces má.

Veamos qué dice la ley de coparticipación federal sobre qué le corresponde a cada provincia por la distribución de impuestos nacionales:

Si sumamos lo que le corresponde por ley a Buenos Aires y a Santa Cruz, la primera recibe un total de 12,46 pesos cada 100 recaudados por impuestos nacionales, mientras que Santa Cruz percibe 0,893 pesos cada 100 recaudados por impuestos nacionales.

A simple vista, se observa una gran diferencia entre lo que reciben por coparticipación federal ambas provincias. Este indicador se vuelve más claro aún cuando traemos a colación lo que representan el Producto Bruto Geográfico de Buenos Aires y Santa Cruz como porcentaje del Producto Bruto Interno (PBI) argentino. En el caso de Buenos Aires dicha participación alcanza el 36% del total, mientras que para Santa Cruz es apenas del 1,7%.

Es decir, el gobierno bonaerense recibe en concepto de impuestos nacionales sólo un tercio de su contribución al total de la economía nacional, mientras que la administración santacruceña percibe un poco más de la mitad sobre su participación dentro del total del PBI.

Se torna evidente, entonces, que la senadora por Buenos Aires Cristina Kirchner tratará de sostener firmemente los criterios de distribución de la actual ley, sobre todo si el presidente de la Nación fue justamente gobernador de Santa Cruz. Vemos con datos concretos cómo la administración de Solá ya había decidido no dar el debate sobre la ley de coparticipación.

Pero este tema no concluyó con dicha elección. Hoy en día, la provincia de Buenos Aires se encuentra frente a una frágil posición fiscal, con un déficit creciente y fuertes compromisos de deuda con el gobierno nacional. Este mismo será entonces el que cubrirá el rojo del financiamiento provincial. Y una de las principales causas del déficit fiscal estructural de la provincia de Buenos Aires se debe a que tiene que mantener un aparato estatal de más de 400.000 empleados públicos, con una ley de coparticipación que le es completamente desfavorable.

O sea, una mejora en su situación fiscal depende de recibir mayores ingresos por distribución de impuestos federales. Sin embargo, su representante más importante, junto con el propio presidente de la Nación, se oponen a ello, porque significaría un perjuicio para Santa Cruz, extendido también a otras provincias con características similares.

Igualmente, cabe destacar que este deterioro relativo de la provincia de Buenos Aires data desde hace 20 años. Bajo el gobierno de Antonio Cafiero se consintió la aprobación de la actual Ley de Coparticipación en 1988. La administración de Eduardo Duhalde no propuso nunca un cambio en la distribución de los recursos por impuestos nacionales, ya que se vio beneficiada por el famoso “Fondo de Reparación Histórica del Conurbano”, que le aportaba un excedente de 650 millones de pesos por año desde 1991. Carlos Ruckauf siguió la misma línea y el gobierno de Solá terminó de plasmar el fin de lo que debiera ser uno de los reclamos cabecera de los bonaerenses.

La situación se agrava si, además, el presidente de la Nación ya ha prácticamente designado a dedo a quien va a ser el nuevo gobernador, en este caso el vicepresidente Daniel Scioli, quien prevemos tendrá muy limitada su capacidad de acción. Esta situación se asemeja a los viejos tiempos coloniales, en donde el rey de España decidía quién era el virrey en los territorios americanos bajo dominio de la Corona.

La provincia de Buenos Aires, señalada en muchas oportunidades como limitadora del desarrollo del resto del país y acusada de privilegiar sus propios intereses, ha dejado de ser autónoma. El presidente Kirchner ordena las políticas al gobernador, designa a su sucesor y también a uno de sus ministros. En los hechos, Buenos Aires ha pasado a ser entonces una colonia del gobierno nacional. © www.economiaparatodos.com.ar