Hace rato que se observa en la política nacional una rivalidad por algún cargo público y para alcanzarlo se ofrece todo tipo de planes sociales al votante

Hace rato que vengo insistiendo que la democracia en Argentina derivó en una competencia populista, en la que los políticos que compiten por algún cargo público ofrecen todo tipo de planes sociales. En nombre de la solidaridad social le quitan el fruto de su trabajo a los que se desloman todos los días con su trabajo y lo reparten entre millones. Digamos que “compran” votos con la plata del contribuyente. Si uno propone desarmar esa competencia populista, la respuesta inmediata es: te incendian el país. Mi respuesta es que el país va a terminar incendiado de todas maneras, si no salimos rápidamente de esta locura en que cada vez somos menos los que producimos y más los que consumen sin producir, utilizando al estado para que se apropie del trabajo de la gente que trabaja para que les transfiera una parte a ellos.

Establecer la relación entre la gente que todos los meses pasa por la ventanilla del estado a buscar algún cheque y cuántos aportamos para pagar esos cheques no es tarea sencilla. Los llamados programas sociales están distribuidos a lo largo de todo el presupuesto. Unos programas los maneja la ANSES, otros el Ministerio de Salud y Desarrollo Social, otros el Ministerio de Trabajo, otros reparticiones que dependen de algún ministerio pero están separadas de ese ministerio en el presupuesto. Una tarea titánica buscar todos los datos.

De todas maneras, recurriendo al informe del Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales y al Presupuesto Nacional, se puede tener una aproximación de cuántos pasan por las ventanillas del estado a cobrar un cheque todos los meses como puede verse en el cuadro 1

Cuadro 1

Sin haber incluido todos los planes sociales y tomando el total de empleados públicos nacionales, provinciales y municipales, casi 22 millones de personas pasan todos los meses por la ventanilla del estado para cobrar algún tipo de subsidio.

Me apuro a aclarar que incluyo a los jubilados porque en un sistema de reparto la gente no ahorra a lo largo de su vida laboral, se limita a pagar un impuesto para mantener a los que están jubilados. Es decir, trabajadores y empresas pagan un impuesto sobre la nómina salarial para financiar a los que actualmente están jubilados.

Cuadro 2

De acuerdo a los datos de la Secretaría de Trabajo correspondientes al mes de marzo pasado, tenemos en el sector privado trabajan 8,6 millones de personas incluyendo a asalariados de casas particulares. Los autónomos somos una especie en extensión y el grueso está entre los empleados privados en relación de dependencia y los monotributistas.

Si uno suma los jubilados y pensionados y los que entraron al sistema sin haber aportado, tenemos que hay, redondeando, 6,8 millones de jubilados y pensionados, pero ojo que un interesante trabajo de IDESA ha detectado que 1,2 millones de personas cobran doble beneficio previsional. Es como el caso de Cristina Fernández que viene cobrando su pensión como ex presidente y la pensión de Néstor Kirchner.

Ahora bien, si hay 8,6 millones de personas en el sector privado aportando, la relación de 1,26 personas en actividad por cada jubilado y pensionado. Si agregamos los empleados públicos, la relación queda en 1,7 personas en actividad por jubilado y pensionado. Como se necesitan 4 activos por cada pasivo, se entiende porque la mayoría de los jubilados cobran mendrugos. Gracias al kirchnerismo que metió 3,5 millones de jubilados sin que aportaron nada, decidió tener muchos jubilados, todos pobres.

Lo que surge de los dos cuadros 1 y 2 es que 8,6 millones de personas tenemos que aportar para financiar a los 22 millones de personas que todos los meses pasan por la ventanilla del estado a buscar su cheque, e insisto que no están todos los programas que figuran en el listado.

Uno de los datos más impactantes son las pensiones por invalidez laboral que suma poco más de un millón de beneficiarios.

Gráfico 1

El gráfico 1 muestra la evolución entre 2003 y 2019 de la cantidad de beneficiarios de pensiones por invalidez. Puede diferir en algo con los datos del cuadro 1 porque unos son tomados del Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales y los del gráfico del Presupuesto Nacional.

Lo cierto es que entre 2003 y 2019 la cantidad de inválidos (no confundir con discapacidad ya que quien tiene una discapacidad puede trabajar pero el inválido laboral no puede trabajar y además tiene que ser indigente y no tener ningún tipo de ingreso o familiares que puedan mantenerlo). En concreto, se estima que durante la Segunda Guerra Mundial participaron 12,2 millones de soldados de EE.UU. Murieron 407.000 y 671.000 fueron heridos. Total 1.078.000 entre muertos y heridos, ¿Y el kirchnerismo nos quiere hacer creer que nosotros tuvimos de golpe casi un millón de inválidos sin tener una guerra, un terremoto o un tsunami?

De la información que circula, sabemos que hay provincias en las que, por ejemplo, hay 15 personas con el mismo apellido, que no es el apellido García, González ni Fernández, que tienen pensiones por invalidez. Que en Tatané, Formosa, con una población de 1.056 habitantes, el 28% de la población tiene pensiones por invalidez. Que en San Francisco Laishí, también en Formosa, con una población de 4.628 habitantes, el 16% tiene pensiones por invalidez laboral.

Que hay fuertes sospechas que personas con pensiones por invalidez laboral aparecen en Facebook disfrutando de las playas de Brasil y de las cataratas.

Las provincias que tienen más porcentaje de beneficiarios de pensiones por invalidez respecto a su población son: Chaco con el 7,93%, Santiago del Estero con el 7,52%, Córdoba con el 6,97%. Misiones con el 6,92% y el resto del listado se concentra en el NOA y NEA argentinos. Es decir, aproximadamente el 56% de las pensiones por invalidez laboral están en el NOA y en el NEA.

Cuando uno ve que el empleo público en las provincias creció el 70% promedio entre 2003 y 2017, que los senadores tienen un promedio de 25 asesores cada uno y falta explicar 4.000 empleados más que figuran como planta transitoria y permanente del Senado y nadie sabe qué hacen. Que la Cámara de Diputados tiene 5.287 empleados para 257 diputados, lo cual da un promedio de 20 empleados por cada diputado. Cuando uno ve que la Legislatura de CABA tiene aproximadamente 2.500 empleados para 60 legisladores (casi 42 empleados por cada legislador), que en los municipios pasa lo mismo y le agregamos la infinidad de planes “sociales” y jubilados que cobran doble jubilación gracias a la moratoria que alegremente entregaron los Kirchner, llega a la conclusión que no es que el país estalla si uno quiere cambiar todo esto. La realidad es que es parte del negocio de la política en esta competencia populista que se convirtió la democracia en Argentina y que el miedo no es que estalle todo, sino que ellos pierdan parte de su negocio electoral.

Esta competencia populista por ahora funciona en base a explotar a unos pocos que producimos para repartir el fruto de nuestro trabajo entre legiones de empleados públicos, planes sociales, piqueteros que le hacen la vida imposible a aquellos que van a trabajar para justamente mantenerlos a ellos. El cálculo del político es: a estos 8,6 millones de contribuyentes los tengo cautivos y les saco cada vez más plata para repartir entre estos casi 22 millones de beneficiarios.

En definitiva, cuando me preguntan: ¿y qué hacemos con esos 22 millones de personas, los dejamos morir de hambre? Mi respuesta es que tarde o temprano, si seguimos con este festival populista, esos 22 millones se van a morir de hambre porque no va a quedar nadie dentro de los 8,6 millones que quieran trabajar para mantenerlos.

Con esta competencia populista, Argentina se está apagando como país, y lo más grave es que la dirigencia política Argentina no toma conciencia del país fallido que está haciendo con esta falsa solidaridad social y estado de bienestar.

ESTA NOTA FUE PUBLICADA ORIGINALMENTE EN http://www.infobae.com