La gestión del presidente de Bolivia, Evo Morales, secundada por su vicepresidente, el algo más pensante Álvaro García Linera, ha llevado rápidamente a su país al desorden y la desorientación. Ex-profeso, por cierto. Como si eso fuera poco, ha desatado la violencia, cuyo último exponente ha sido el enfrentamiento de grupos de mineros, a dinamitazos, en el importante yacimiento de estaño de Huanini, en Oruro. Veintiún muertos y decenas de heridos fueron el trágico resultado de ese episodio. La cuestión de la “nacionalización” de los hidrocarburos, bandera política suprema de Morales, está sumida también en el más absoluto caos y sus primeros “abanderados” han tenido que abandonar los cargos de gobierno que detentaban, envueltos en acusaciones concretas de corrupción.

En ese ambiente, donde el poder público transmite una fea mezcla de arrogancia, resentimiento, autoritarismo, intolerancia e incompetencia, no es de extrañar que la Asamblea Constituyente, convocada por el presidente boliviano para presuntamente “refundar” a su país, esté también empantanada y sea objeto de manipulaciones groseras, de espaldas a la ley.

Por esto, Morales se ha estrellado, como cabía esperar, contra la Corte Suprema de Bolivia, que defiende, pese a las intimidaciones y presiones a las que está sujeta, la institucionalidad y el Estado de Derecho.

Con el coraje del caso, la Corte Suprema del país andino emitió un “pronunciamiento” en el que señala que, de acuerdo a la Constitución vigente en Bolivia y a la propia Ley de Convocatoria a la Asamblea Constituyente, todas las decisiones que se tomen en el seno de la Constituyente deben ser avaladas por los dos tercios de los votos, lo que cae de maduro.

El pronunciamiento de la Corte Suprema es no sólo valiente, sino oportuno. Porque el partido de Morales, esto es el Movimiento al Socialismo (MAS), intentó arbitrariamente resolver por mayoría nada menos que la cuestión que hace al carácter de la Asamblea Constituyente, calificándola así (por mayoría simple) de “originaria”, lo que para la Corte Suprema es un disparate.

El intento del MAS procura someter a todos los poderes del Estado a sus designios, desde la Asamblea Constituyente. Entre otras cosas, esto supone separar a aquellos jueces que, por independientes, no coincidan con la “visión” de Morales, García Linera y los suyos.

Hasta ahora esto no ha sido posible pero, ante el pronunciamiento de la Suprema Corte, Evo, con el desparpajo propio de los autoritarios, calificó a la Corte de “resabio del estado colonial”. Sus aliados, los líderes campesinos, lo acompañaron sugiriendo que el máximo órgano judicial de su país es “mafioso” y “forma parte de la logia de los neoliberales”. Esta conocida reacción, la del insulto, es propia del arbitrario y del que se sabe equivocado.

Morales, como cabía esperar, ha tenido toda suerte de problemas con el Poder Judicial de su país. Porque éste levantó las fronteras de la ley frente a sus intentos de avasallar las instituciones, a su gusto y paladar.

No sólo la Corte Suprema se animó a poner las cosas en su lugar, también el Tribunal Constitucional de Bolivia. El pasado mes de mayo, fundándose en una sentencia de diciembre de 2003 que convalidaba el modelo de “contrato de riesgo” compartido para el sector de los hidrocarburos, declaró la constitucionalidad de los convenios bilaterales de inversión de ese país, incluyendo el celebrado con la República Argentina, lo que bendijo -entre otras cosas- a los respectivos mecanismos arbitrales. Este mismo tribunal se animó, en idéntica fecha, a declarar la constitucionalidad de ocho artículos del Código de Minería cuya validez también había sido cuestionada.

La actitud del Poder Judicial boliviano pone de relevancia, una vez más, cuán importante es contar efectivamente con poderes judiciales independientes. Eso explica los esfuerzos de muchos por controlarlo, manipulando los respectivos Consejos de las Magistraturas, de modo que las designaciones, los asensos y hasta el poder disciplinario queden en manos de quienes detentan el poder político. Sin independencia e imparcialidad del Poder Judicial, las mayorías y las minorías, pero también las personas individualmente, quedan desarmadas frente a la arbitrariedad del poder. El ejemplo de Bolivia, en un forcejeo que aún no ha terminado, así lo demuestra.

En la llamada “Media Luna” que conforman Beni, Pando, Tarija y Santa Cruz se ha resuelto “no acatar” las decisiones que la Constituyente tome por mayoría simple y, cuidado, empezar el diseño de alternativas que más que de “autonomía” son de “secesión”, desde que incluyen otros diseños constitucionales. Si Evo Morales sigue empujando hacia la variante totalitaria que propone, esta alternativa puede convertirse en realidad, lo que sería penoso y peligroso, a la vez. © www.economiaparatodos.com.ar

Emilio Cárdenas se desempeñó como representante permanente de la Argentina ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU).