Anoche, miércoles 18 de junio, el gobierno a través de un comunicado del Ministerio de Economía dijo que lamenta que la Cámara de Apelaciones del segundo circuito de Nueva York haya levantado el “stay” medida cautelar “pari passu” que había dictado el Juez Griesa.

Lo que debemos lamentar los argentinos es que durante el plazo de la medida cautelar no se haya analizado ni estudiado la posibilidad que la Corte de los EE.UU rechazara el “writ of certiorari” y quedara firme la sentencia que obligaba pagar a los “hold outs” el valor total de los títulos defolteados.

Ese lapso debió ser usado para negociar una forma de pago que no interfiriera el pago comprometido para fin de mes del cupón de los bonistas que aceptaron el canje de deuda, teniendo en cuenta el “pari passu”

Eso hubiera sido una negociación y una conducta de “buena fe”.

El comunicado al que hacemos referencia miente con una clara finalidad de política interna. Veamos: dice que las órdenes de pago “pari passu” le impiden a la Argentina cumplir con el pago del 30 de junio a los bonistas reestructurados a menos que se pague a los “fondos buitres” la totalidad de lo reclamado que podría Ascender a los u$s 15 mil millones.

Esta afirmación hecha por el gobierno es una lisa y llana mentira ya que de lo que se trata no solo es de cumplir con los “bonistas reestructurados” sino también de cumplir con el pago de una sentencia judicial que el gobierno en un escrito presentado ante la Corte dijo que respetaría (sic).

Como sabemos nadie intentaría discutir una sentencia judicial luego que quede firme, lo que si es posible negociar la forma de su pago que es lo que tiene que hacer el gobierno.

“El levantamiento del “stay” por parte del Segundo Circuito imposibilita así el pago en Nueva York del próximo vencimiento de la deuda reestructurada y muestra la inexistencia de voluntad de negociación en condiciones distintas a las obtenidas en la sentencia dictada por el Juez Griesa.

Cuesta entender este párrafo.

La ley 26017 prohibió cualquier tipo de negociación respecto a los bonos defolteados, esto significa que una ley le prohibió al gobierno todo tipo de negociación en el curso del proceso, es decir fue el gobierno quien tuvo “…inexistencia de voluntad de negociación…”

Una vez firme la sentencia no tiene sentido alguno pretender que se negocien condiciones inferiores o diferentes a lo resuelto, no obstante si es posible discutir la forma de pago y ofrecer alternativas alguna de las cuales podrían incluir algún tipo de quita.

El deudor debe ofrecer un menú de alternativas que resulten atractivas para el acreedor.

 

Concluye el comunicado diciendo que: “Por último, Argentina reitera la voluntad de pago a sus acreedores reestructurados, ya que siempre ha

ofrecido pagar bajo las mismas condiciones y en concordancia con la ley del país”

El pago debe hacerse según las condiciones convenidas y si se aceptó la jurisdicción de otro país deben respetarse las reglas de juego.

Lo que están demostrando los funcionarios argentinos es un desconocimiento total de lo que es una negociación de buena fe pensando que mil quinientos millones de dólares que sería el monto de la sentencia ya firme, pueden hacer temblar las finanzas del mundo y por tanto el mundo presionará al “buitre” para que renuncie al derecho que le fue reconocido.

La verdad es de un infantilismo tal que demuestra falta de idoneidad profesional.

Por ahora el tema es la sentencia del caso “ARGENTINA v. NML CAPITAL LTD” por lo tanto tampoco es cierto que habría que pagar lo adeudado a los fondos que aun no han iniciado acciones. Incluso en este caso debemos recordar que a fin de año vence la clausula “RUFO” y la negociación podría ser más amplia.

Por último y no menos importante que rol juega la oposición porque admitamos esta cuestión ya no es de este gobierno sino del que vendrá especialmente por las consecuencias que podría generar un nuevo “default”.

Un funcionario que no pude identificar dijo que “patear el tablero muchas veces es una estrategia razonable” lo que no es razonable en ningún país civilizado es menoscabar o incumplir una sentencia judicial, porque patear una procedimiento judicial, cuyo trámite además se consintió ya no es una estrategia, es un caso de “vías de hecho” que la ley de procedimiento administrativo prohíbe expresamente.