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domingo 1 de julio de 2012

La República y los límites al Poder

Para que una Nación pueda crecer y desarrollarse, es necesario límites certeros y eficientes al poder. Es el Estado el que está al servicio de los individuos, y no el individuo el que debe estar al servicio del Estado. La idea de República busca imponer límites a los poderes estatales. Estos límites se han dejado de lado en Argentina. ¿Cómo funcionan y por qué son tan importantes? Seguir a @n_cachanosky Es claro que Argentina está manifestando serios problemas económicos resultado de una larga trayectoria de erróneas políticas económicas. Pero estos problemas que aquejan al país son a su vez el resultado de una grave deficiencia institucional de fondo. Me refiero a que son las instituciones base de una república lo que esta fallando, y no meramente la política económica. Por ello, actuar sobre los problemas económicos pero despreocuparse por el problema institucional es cómo tomar una pastilla para mitigar los síntomas del exceso de alcohol pero no ver en el alcoholismo el origen del problema. ¿Por qué el concepto de república es tan importante? ¿Qué le corresponde, y no le corresponde, hacer a cada poder y por qué entender estos límites es importante?

Una analogía puede ayudar a entender este problema. Supongamos que los 40 millones de habitantes que viven en Argentina lo hacen en un gran edificio de departamentos (o en un barrio privado), donde cada familia es dueña de su propiedad. Este gran edificio necesita, entre otras cosas, que los servicios públicos (electricidad, agua, etc.) funcionen así como seguridad para que no haya agresiones de terceros (defensa exterior) ni entre vecinos (policía). Hacer de este edificio un reino, por ejemplo, sería una posible forma de administración. Organizarse en una república, sería otra muy distinta.

Claramente es inviable que los 40 millones se pongan de acuerdo sobre cada tema a tratar. Es más fácil, en cambio, elegir un representante por piso que sea la opinión y voz de los vecinos a quienes representan. Estos representantes pueden tener su propia opinión, pero su trabajo es representar de manera fiel las opiniones de sus representados. De este modo, los 40 millones se ponen de acuerdo a través de sus representantes en cuántos recursos poner en una bolsa común y en qué van a ser gastados. Pero este acuerdo requiere de un administrador de consorcio que se encargue de que el edificio funcione correctamente y se lleven a cabo las mejoras acordadas por los dueños. Seguramente el administrador de consorcio podrá hacer sugerencias (por ejemplo, diagramar una propuesta inicial del presupuesto), pero no es su rol decidir sobre el destino de los fondos de los dueños dado que esos fondos no son de su propiedad. La analogía es clara, los dueños que actúan como representantes son el poder legislativo, y el administrador de consorcio es el poder ejecutivo (sobre la justicia diré algo breve más adelante). Este ejemplo permite extraer algunas conclusiones importantes:

El poder ejecutivo no está sobre el poder legislativo. Como su nombre indica, su rol consiste en ejecutar las decisiones de los habitantes del edificio acordadas a través de sus representantes, no en decidir por ellos. El poder legislativo no está sobre el poder ejecutivo. Su rol no es el de la ejecución, sino el de elegir los planes a ejecutar.

Ninguno de los dos poderes se encuentra sobre los soberanos, en nuestro ejemplo, los propietarios del edificio. No es tarea de ninguno de estos poderes planificar la vida ni dar indicaciones de qué hacer con su vida y propiedad. Salvo, por supuesto, que alguna actividad implique algún riesgo o viole derechos de terceros (existen reglas de convivencia como dejar los pasillos libres o no hacer ruidos molestos a altas horas de la noche, etc.)

Permite entender la lógica de ciertas principios republicanos. Por ejemplo, por qué legislar sobre temas impositivos es materia del legislativo y no del ejecutivo: por qué es el pueblo, a través de sus representantes, quien decide (1) cuánto contribuir impositivamente y (2) cómo utilizar esos recursos.

De allí que el ejecutivo deba rendir cuentas al congreso sobre al ejecución del presupuesto. Lo mismo hace un administrador de consorcio con los dueños de los departamentos del edificio; y también hace lo mismo el CEO de una empresa frente a sus inversores. Así como el administrador de consorcio no es dueño del edificio y el CEO no es dueño de la empresa, el ejecutivo no es dueño de la cosa pública, sino que es el gobierno de turno que administra la cosa pública. Ser dueño y ser administrador son dos cosas bien distintas. Así como ni el administrador ni el CEO poseen la facultad de elegir cómo utilizar los recursos que pertenecen a terceros, no es rol del poder ejecutivo dirigir la vida de los ciudadanos.

¿Y qué rol juega en todo esto la democracia? La democracia es un método de elección, pero no es en sí una forma de gobierno. Por ejemplo, un grupo de amigos que tiene que decidir que película ir a ver al cine lo puede hacer democráticamente. Una asamblea de accionistas puede elegir por voto que proyectos de inversión llevar a cabo y cuales no. En el caso de un gobierno presidencialista como el de Argentina, se elige mediante el voto tanto a los representantes como al ejecutivo. En un gobierno parlamentarista como el Inglés, se elige por medio del voto a los representantes, quienes luego entre ellos eligen quien va a ser el Primer Ministro. Volviendo a nuestro ejemplo, en el caso presidencialista todos los dueños eligen a los representantes por un lado y al adminsitrador de consorcio por el otro. En el caso parlamentarista todos los dueños eligen a los representantes, uno de los cuáles será el encagado de administrar el edificio.

Si los límites impuestos por una república se respetan, entonces es claro que la cantidad de votos recibidos no es una medida de qué tan holgados van a ser los límites del poder, sino que es un reflejo de la confianza recibida el día de la elección. El presidente que gana en primera vuelta con 54% de los votos no tiene más facultades ni más poder que aquel que gana con el 50%. Los legisladores son representantes de los ciudadanos y las provincias, no son representantes del ejecutivo en el congreso, por lo que su rol de contrapeso del ejecutivo debiera ser indistinto de los votos que recibió el presidente. Este es, quizás, el mayor desliz que parece sufrir la mayoría de la clase política. El olvido de estos roles y límites no es menor, es lo que hace que el rostro de una nación se desfigure en una democracia ilimitada y la república pase a ser el maquillaje que intenta tapar el verdadero rostro de un gobierno que se vuelve autoritario.

Tampoco es necesariamente correcto exigir al congreso que sesione todos los días. El congreso eficiente no es aquel que legisla las 24hs intentando batir records de leyes y resoluciones tratadas y aprobadas. Sino aquel que se reúne las veces necesarias y legisla lo menos posible, idealmente eliminando regulaciones innecesarias en lugar de intentar taparlas con nuevos parches. ¿Que opinión merecería un consorcio que se debe juntar todos los días intentando constantemente emitir nuevas regulaciones en lugar de hacerlo unas pocas veces al año para monitorear la situación y sólo requiera pequeños retoques en la adminsitración del edificio? Legislar bien no es sinónimo de legislar mucho.

¿Que rol le compete, entonces, a la justicia? En primer lugar, de haber un desacuerdo entre dos propietarios, es un tercero imparcial quien cumple el rol de juez (por ejemplo, algún dueño que viva en otro piso). Posiblemente recaiga en el ejecutivo la obligación de hacer cumplir el fallo. Por otra parte, la justicia evita que se el voto se utilizado como medio para "institucionalizar" injusticias sobre las minorías. La justicia no protege a las minorías menos que a las mayorías. La justicia evita que la mayoría legisle expropiar a la minoría. El 54% de los votos no da derecho a pasar por alto los derechos del otro 46%, que no posee menos derechos ni es menos ciudadano.

El tema institucional, a pesar de ser un tanto abstracto, no es menor y dista de ser una curiosidad intelectual. Sus efectos son bien reales, aunque no siempre sean evidentes. Supongamos que se encuentra con dos embajadores de dos edificios. Estos embajadores representan a dos comunidades que hablan el mismo idioma, tienen la misma historia y cultura, incluso hasta comparten su ascendencia. Estos embajadores intentan convencerlo de que invierta los ahorros del fruto de su trabajo, de lo cual también depende su jubilación, en sus respectivos edificios. Uno de los embajadores representa al Edificio Corea del Norte, el otro al Edificio Corea del Sur. ¿En qué edificio preferiría vivir y confiar su futuro? Toda decisión de inversión se ve afectada por el marco institucional, y si bien sus efectos pueden no ser inmediatos, no por ello son menos reales ni menos importantes.

¿Que mensaje se envía al mundo, y a los propios ciudadanos, cuando al expropiar una de las empresas más grandes del país, la oposición ni siquiera es capaz de oponerse dada la inconstitucionalidad de la medida? ¿Acaso el fin justifica los medios? En ese caso… ¿qué diferencia al Kirchnerismo del resto de los partidos políticos? El largo plazo de una nación depende en gran medida de sus instituciones.

Una última aclaración, pero no por ellos menos importante. El problema no es solamente tener instituciones que funcionan y permitan el desarrollo de un país. Sino tener las instituciones correctas y que además funcionen. De nada sirve tener las instituciones correctas si las mismas no son respetadas. Tampoco sirve tener instituciones fuertes que atentan contra el desarrollo. Ni Corea del Norte ni Cuba están flojas de instituciones, el problema es que sus instituciones no permiten el desarrollo de sus pueblos.

Nicolás Cachanosky (Suffolk University)

Punto de Vista Económico (Editor)