El nuevo canon que quiere imponer Cultura divide a la prensa. La patronal pide que los medios decidan libremente si cobran o no dicha tasa

El proyecto de reforma de la Propiedad Intelectual, también conocida como Ley Lassalle -por el secretario de Estado de Cultura, José María Lassalle-, ha levantado un intensa polvareda no sólo en el mundo digital y las entidades de derechos de autor, sino también en el sector de la prensa e incluso la CEOE.

No en vano, una de las novedades que ha generado más revuelo es, sin duda, la tasa Google, el canon que pretenden imponer los grandes periódicos al buscador por enlazar sus noticias a través del servicio Google News. La citada tasa es obligatoria y, además, el Gobierno prohibirá a los medios llegar a acuerdos privados con el gigante de Internet.

La medida en cuestión no ha dejado indiferente a nadie, cosechandoopiniones a favor y en contra de su aplicación. En este sentido, una de las críticas más claras y contundentes sobre la tasa Google ha sido elaborada por la patronal empresarial. Su propuesta de enmiendasal proyecto de ley, remitido al Gobierno a principios de marzo, incluye un rechazo explícito a este particular canon por múltiples motivos, tanto jurídicos como económicos.

En primer lugar, porque incluir enlaces que «conducen a obras que pueden consultarse libremente en otra página de Internet no constituye un acto de explotación de propiedad intelectual», según el Tribunal de Justicia de la UE. Así pues, «los editores de periódicos no tendrían derecho a oponerse a que los agregadores de noticias enlacen a sus contenidos, por cuanto redireccionan a contenidos que son libremente accesibles». Prueba de ello es que los agregadores de noticias «han venido operando de forma pacífica en España durante los últimos años, sin que se hayan interpuesto acciones judiciales por parte de los editores», advierte el documento.

Pero es que, además, la citada remuneración, en caso de imponerse,no debería ser «en ningún caso irrenunciable». En este sentido, la citada tasa Google «colisiona con la libertad de empresa», según la patronal, porque «forma parte del contenido esencial de la libertad de empresa que el empresario pueda decidir sobre el precio de sus prestaciones».

Sin embargo, el cobro de dicho canon es obligatorio, quieran o no lo editores de periódicos. «La regulación propuesta está cercenando la libertad de empresa de los editores porque puede suceder que los editores obtengan un beneficio-tangible o intangible- con la decisión de renunciar a la compensación económica», añade el documento.

Así, por ejemplo, en Alemania, los editores decidieron no exigir una compensación económica a Google, teniendo en cuenta los beneficios que les reportaba Google News. En este sentido, «es importante destacar que operadores como Google ofrecen a los editores la opción de no estar en Google News. Luego, si no es obligatorio ser indexado por Google, ¿por qué ha de ser obligatorio para Google pagar? Además, el servicio de Google News es un servicio gratuito que no incluye publicidad. En consecuencia, impedir a los editores la renuncia a la compensación puede dañar su libertad de empresa», incide el informe.

Un lastre para la innovación

Asimismo, en cuanto a las razones económicas, la patronal aclara que el fundamento de la compensación equitativa es, en teoría, compensar las pérdidas sufridas por los editores a causa de los contenidos que ofrecen los agregadores, pero tal afirmación no se sustenta ya que, más bien, sucede los contrario.

«Los editores no sólo no sufren daño, sino que se pueden ver beneficiados del tráfico que les generan los agregadores. De hecho, puede ocurrir que mediante los beneficios de usar los agregadores (más tráfico, más clics, etc.), los editores ya se están viendo compensados. La compensación es el propio aumento del tráfico y el consiguiente aumento de visitas y de ganancias por publicidad. Por tanto, si ya están siendo compensados mediante tráfico y clics, ¿por qué deben ser compensados, además, económicamente por los agregadores?», advierten los expertos de la patronal. Y ello, sin contar «las ventajas que los agregadores ofrecen a los usuarios, ya quefacilitan el acceso a la información, derecho reconocido en el artículo 20 de la Constitución Española».

Por último, la propuesta de la CEOE alerta que la tasa Google podría afectar tanto a agregadores de noticias online como a otros muchos prestadores o cualquier usuario, empresa o plataforma que «agregue fragmentos de contenidos» y opere en internet (agregadores de RSS, blogueros de plataformas como WordPress, o redes sociales como Facebook, Twitter, etc.). «Esta amplitud puede disuadir a los emprendedores de crear nuevos negocios en Internet, frenando el desarrollo de nuevos modelos de negocios digitales».

Según la patronal, es la «primera vez en el mundo» que se introduce la obligación de pagar por el ofrecimiento de fragmentos de contenidos, y ello supondría «obstaculizar el desarrollo de internet»y un «grave daño al desarrollo de la sociedad de la información», ya que enlazar y ofrecer fragmentos de contenidos «forma parte de la naturaleza de internet».

En este contexto, «muchas empresas innovadoras y start-ups se verían obligadas a pagar por incluir fragmentos de noticias, lo que obviamente repercutirá en la creación de nuevos servicios o de servicios que mejoren sus productos de contenidos actuales, afectando a la inversión en España».

La prensa, dividida

De hecho, la prensa española está dividida al respecto. Los grandes medios tradicionales, pertenecientes a la Asociación de Editores de Diarios Españoles (AEDE), son los más fimrmes defensores de la tasa Google, mientras que otros muchos periódicos, como los que conforman la Asociación Española de Edioriales de Publicaciones Periódicas (AEEPP), lo rechazan frontalmente. El problema, sin embargo, es que, según el proyecto, nadie es libre de renunciar a la citada «compensación».

Las críticas lanzadas por CEOE a la tasa Google han recibido una respuesta contundente por parte de los socios de AEDE. Dicha asociación tilda de «inaceptable» la postura de la patronal, alegando que «el reconocimiento de los derechos que amparan a los editores sobre los contenidos que elaboran sus medios resulta hoy esencial», al tiempo que denuncian la «amenazante posición» de dominio en el mercado de Internet que, según ellos, ejerce el buscador.

Asimismo, afirman que no son libres de decidir si indexan o no sus contenidos en Google News porque si lo hacen «pondría en peligro la aparición de sus noticias en el buscador de Google, lo que es, prácticamente, decir adiós a Internet», admitiendo así de forma indirecta que, en realidad, les beneficia aparecer en Google.

Las duras críticas de los periódicos impresos obligaron a la patronal a matizar su postura. En un comunicado remitido el lunes, se vió obligada a aclarar que defiende «firmemente» la propiedad intelectual «en todas las circunstancias» y «también en internet», atribuyendo la responsabilidad del citado documento a su Comité de Propiedad Industrial e Intelectual, al de Nuevas Tecnologías y Economía Digital y a su Consejo de Turismo. Pese a ello, la CEOE insiste en su defensa de la «libertad de empresa y el derecho a decidir del propietario sobre quién, dónde y por cuánto se usan sus contenidos». Es decir, mantiene que cada periódico debe gozar de libertad para decidir si cobra o no la tasa.

Los miembros de AEEPP, por el contrario, agradecen la posición de la patronal de empresarios. Según esta asociación, «la transformación digital es para los editores una oportunidad y no una amenaza. Frente a modelos obsoletos, nuestros editores no pretenden detener la rueda de la historia sino adaptarse permanentemente a los cambios, convencidos de que su función de creadores y gestores de contenidos tiene un futuro brillante, también en el entorno digital».

Y añade que «pretender limitar ese mundo mediante tasas y cánones es, en nuestra opinión, inútil y hasta contraproducente», ya que puede hacer que «España pierda el tren de la innovación y el futuro, penalizando la creatividad y el acceso a la información».

Por último, indican que «la defensa de los derechos de autor es legítima, pero no debe extenderse a vulnerar el derecho de quienes eligen ejercer sus derechos de autor de manera diferente ni se debe obligar a ejercerse mediante gestión colectiva […] Compartir contenidos, si se hace respetando derechos de aquellos que deseen ejercerlos es beneficioso para todos: para los usuarios/lectores, para las herramientas que lo facilitan y para los medios de comunicación».

Fuente: www.libertaddigital.com