El análisis político y económico de Vicente Massot

Sería exagerado decir que la suerte del gobierno dependerá, en buena medida, de cuanto decida en materia de paritarias y de subsidios en el curso de las próximas semanas. Pero no resulta descabellado, ni mucho menos, afirmar que, si el promedio de los aumentos salariales a punto de ser discutidos sobrepasara 35 % y la masa de subsidios —por las razones que fuese— no
comenzara a ser desarmada, el kirchnerismo tendría serias dificultades para llegar a diciembre del año 2015.

Sin duda, lo que resuelva la Corte Suprema norteamericana en el trajinado caso de los hold outs; la forma en que se encaminen o desmadren, definitivamente, las negociaciones abiertas con el Club de París y el Fondo Monetario Internacional; el resultado de las conversaciones extraoficiales con los fondos buitres, y la posibilidad de acceder al crédito de los organismos mundiales en algún momento del segundo semestre, no son temas menores. Pero llevan su tiempo y, en el mejor de los casos, se resolverán —favorable o desfavorablemente— no antes de fines del presente año o, quizá, a principios del próximo. De modo tal que, aun siendo decisivos en ciertos aspectos, no arrastran el grado de urgencia de los dos mencionados al comienzo de esta nota.

Todo hace suponer que el convenio al cual, tarde o temprano, le darán el visto bueno tanto de gobierno como los distintos sectores docentes en la provincia de Buenos Aires, será un punto de referencia. Si los maestros bonaerenses consiguen imponer un tope alto, difícilmente los otros sindicatos acepten firmar por menos. En este orden, la administración presidida por Cristina
Fernández no tiene, ni mucho menos, el mismo margen de maniobra de años anteriores. Se repetirá lo que es ya un clásico: posiciones en principio irreductibles de los bandos en pugna; declaraciones cruzadas en donde los unos amenazarán con no dar comienzo a las clases mientras los otros se escudarán —para no ceder— en elementales razones presupuestarias; reuniones
interminables, y postergación del ciclo lectivo. Para terminar suscribiendo un acuerdo cuyo punto excluyente será el porcentaje de aumento.

La Casa Rosada podría desentenderse del problema que, anualmente, representan los docentes. Es que son las provincias y no el gobierno central quien lleva, de lejos, la carga más pesada al respecto. Sólo que, si se desentendiese, correría el serio riesgo de ver cómo los estados provinciales, uno tras otro sin solución de continuidad, recurrirían luego al Tesoro custodiado por el ministro de hacienda nacional para enjugar sus déficits descomunales.

En otras épocas, cuando todo le sonreía al kirchnerismo, la presidente podía —muy suelta de cuerpo— referirse a la responsabilidad del gobernador bonaerense en punto a las paritarias docentes y, de paso, hacerle sentir a Daniel Scioli los rigores de Balcarce 50. Ahora, en cambio, esa estrategia sería suicida. Por lo tanto, el primer interesado en que los mandatarios provinciales —comenzando por el más importante, con asiento en La Plata— se atengan a las pautas y limites marcados desde el Poder Ejecutivo nacional, es Cristina Fernández.

La dificultad intrínseca de las paritarias radica en el hecho —sobre todo en circunstancias como las actuales, donde el gobierno luce débil— que no se pueden imponer topes por decreto ni existe, debido al proceso inflacionario desatado, la misma predisposición que antes, por parte de los diferentes gremios, de moderar sus reivindicaciones. Hay, pues, un final abierto no sólo con
los maestros sino también con los camioneros, para poner los dos ejemplos emblemáticos que corresponde señalar. La posibilidad de convocarlo a Hugo Moyano —como hizo alguna vez Néstor Kirchner— para fijar un porcentaje que, acto seguido, sería aceptado por todos, está fuera  del alcance de esta administración por tres razones: el santacruceño se murió; Moyano se cruzó a la vereda de enfrente, y la inflación no le deja espacio a los caciques sindicales para acatar mansamente los dictados de la presidencia.

Distinto pero no menos difícil es el tema de los subsidios. Es cierto que bastaría un ucase gubernamental a los efectos de hacerlos desaparecer de la noche a la mañana. Claro que si resultase así de fácil, el kirchnerismo ya lo habría hecho. Es conveniente recordar que un año y medio atrás, poco más o menos, este mismo gobierno —sin bajarse de su discurso— dispuso la baja de ciertos subsidios en amplias zonas de la Capital Federal y el Gran Buenos Aires. No había terminado de anunciar las medidas que ya estaba pensando en ponerle cortapisas, que fue lo que ocurrió. Con lo cual el efecto deseado se perdió en el camino.

¿Qué había sucedido? —Sencillo: en teoría parecía fácil eliminarlos, pero, en la práctica, a las elecciones por delante era necesario ganarlas. Producto del temor a las consecuencias y reacciones que tendría y generaría la nueva política, se la redujo a su mínima expresión, hasta hoy.

¿Cambió algo desde entonces? —Dos cosas fundamentales, que hacen pensar en una estrategia diferente esta vez: por un lado no hay comicios en el horizonte —el kirchnerismo sabe que en 2015 se va a su casa— y, por otro, que la situación económica es mucho peor. Conclusión: hay que meter el bisturí hasta el hueso.

Para quienes insisten con la teoría —cierta hasta antes de la derrota electoral— según la cual Cristina Fernández no va a cambiar de libreto porque prefiere morir abrazada a sus convicciones, conviene recordarles cuanto ha hecho la presidente en el curso de los últimos meses.

Es seguro que no modificará el discurso o, si se desea, el relato. También lo es que la devaluación, las negociaciones abiertas con el Club de París y otros virajes por el estilo demuestran que, le guste o no, tiene que hacer de la necesidad, virtud.

A principios de año decíamos que, de seguir en el camino de siempre, haciéndose el desentendido y negando la realidad, el gobierno no llegaba a 2015. Si deseaba —aun maltrecho y sin posibilidades de presentarse con chances en las presidenciales de ese año— salvar la ropa, debía cambiar el rumbo e implementar el ajuste que la viuda de Kirchner detestaba. Pues bien, en eso está. Hemos asistido al primer capítulo que, implementado de manera vergonzante y sin un plan del todo serio, sin embargo ha generado efectos deseados e indeseados por igual. En los días o semanas por venir veremos si la administración kirchnerista pone en ejecución la segunda parte, que —de más está recordarlo— no será la última. Sigue pendiente de resolución el flagelo inflacionario que amenaza transformarse, si no se le encuentra remedio, en un proceso en donde el alza generalizada del costo de vida se conjugue con la recesión que comienza a insinuarse.

En atención a la única prioridad del kirchnerismo —llegar a salvo a la otra orilla, es decir, completar en tiempo y forma el mandato presidencial— no cabe duda de que así como antes devaluó, luego arregló con Repsol y se sentó a la mesa del Club de París, tarde o temprano algo más hará respecto a la inflación. El programa de los “precios cuidados” sirve de poco.

Hacia adelante, en medio de tensiones sociales de distinto tipo, lo que se avizora es más ajuste. No tiene, Cristina Fernández, otra salida. Hasta la próxima semana.