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Martes 22 de febrero de 2005

La “valentía” de los funcionarios

Mientras los funcionarios públicos utilizan las fuerzas de seguridad para protegerse cuando tienen miedo de ser atacados por los ciudadanos indignados, los habitantes no reciben ningún tipo de protección y andan por la ciudad a la buena de Dios.

Cuando a fines de enero de este año Aníbal Ibarra concurrió a la Legislatura porteña por el tema de Cromagnon, los diarios informaron de un fuerte operativo de seguridad a cargo de la Policía Federal. Obviamente, el Jefe de Gobierno debía tener miedo de que se desbordara la situación y se viera sumergido en un desborde de violencia.

También hubo otro fuerte operativo de seguridad cuando se hizo una marcha por el mismo tema a la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, marcha que terminó en corridas, heridos y otros incidentes. Es decir, cada vez que se presume que algún funcionario público puede correr riesgo físico, se hace un gran despliegue para protegerlos.

Esta actitud contrasta con lo que tiene que padecer el ciudadano común, ése que paga sus impuestos y tiene que transitar por la ciudad para poder ganarse el sustento diario y, además, sostener a la ineficiente burocracia estatal. ¿Por qué el contraste? Porque Juan Pérez tiene que arreglárselas solo frente a las hordas de piqueteros que, blandiendo sus garrotes, son capaces de romperle la cabeza y el auto a todo aquel que se le ocurra ejercer su derecho a transitar libremente.

Mientras los funcionarios públicos utilizan las fuerzas de seguridad para protegerse, el ciudadano común anda por la ciudad a la buena de Dios, en tanto que la Policía no sabe si tiene que reprimir o no. Si reprime, los medios progres los acusarán de ejercer indiscriminadamente la violencia. Si no reprimen, se los acusará de ausencia para prevenir. Si reprimen, la cúpula policial puede ser pasada a retiro por Néstor Kirchner que, en estos casi dos años de gobierno, ha demostrado que su deporte favorito parece ser el de descabezar a todas las organizaciones que tengan un uniforme. Por supuesto que si no reprimen las fuerzas policiales también corren el riesgo de ser descabezadas por no haber cumplido con su deber.

Mientras tanto, seguimos con la pavada de no judicializar la protesta social, una forma de decir que el gobierno no quiere asumir el riesgo político de cumplir con su deber constitucional de mantener el orden público. ¿A quién quieren hacerle creer que las marchas piqueteras son marchas de protesta social? El que va encapuchado y con un garrote en la mano, ¿lo hace en defensa propia o como forma de amedrentar a todo aquel que quiera pasar? ¡Terminemos con la pavada! ¡Los piqueteros no usan los garrotes para defenderse! Los usan para imponer por la fuerza su activismo político para establecer una dictadura de izquierda al estilo Fidel Castro. Y lo hacen ante la pasividad del Estado.

Pero lo más lamentable lo leí a los dos o tres días del ataque piquetero a una familia que transitaba por la Avenida 9 de Julio. El presidente Kirchner recibió a la familia, se sacó la foto para los medios y les dijo que el Estado (nosotros) iba a pagarle el arreglo del auto. Por su parte, la familia desistía de hacerle un juicio al Estado. Es decir, el problema es quien asume el costo de arreglar el auto, no el de reestablecer el orden público y terminar con esta historia de las marchas piqueteras.

La otra novedad es que ahora se le da la orden a la Policía para desarmar a los piqueteros. Típico de los que corren detrás de los acontecimientos. Siempre llegan tarde a todo. Primero tuvieron que morir casi 200 personas en Cromagnon para que al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires le agarrara el ataque de inspeccionar hasta el kiosco de la esquina y, por supuesto, en cada inspección iban con las cámaras de televisión para mostrarle a la gente cuán activo está el Gobierno de la ciudad.

Después saltó el tema de las valijas con droga en Ezeiza y, de nuevo, gran despliegue para que no vuelva a ocurrir lo mismo. Luego hubo que esperar a que le rompieran el auto a una familia para que se impartiera la orden de que los piqueteros ya no pueden hacer sus marchas con garrotes.

Si efectivamente las encuestas de opinión son serias y reflejan seriamente que esta forma de gobernar tiene el apoyo de una parte importante de la población, yo diría que, para explicar lo que está pasando en la Argentina, vamos a tener que dejar de lado el análisis económico y político y tendremos que dedicarnos a la psiquiatría para averiguar las causas de por qué un pueblo entero se volvió loco. © www.economiaparatodos.com.ar




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