En los tiempos que corren, el Estado parece un colador por donde se escurren los fraudes más extravagantes y escandalosos.

El reciente caso de la valija venezolana, con miles de dólares de origen y destino desconocidos, significa un bochorno internacional imposible de reparar.

No sólo porque nos asocia con la grotesca tiranía bolivariana, sino porque forma parte de una larga secuencia de desfachateces en el manejo de la cosa pública. O, quizás mejor dicho, en la manipulación dolosa que los gobernantes hacen con el dinero de los contribuyentes.

La vulnerabilidad que exhibe el Estado es dramática y se produce por distintas razones. Una de ellas se relaciona con la incorporación a los planteles del gobierno de personajes incompetentes y oportunistas que parecen tener una predisposición genética para el latrocinio, la sumisión y el falseamiento.

También se genera por la desaprensión acerca de los principios básicos sobre control, ocasionada por la supina ignorancia que, acerca de la gestión, tienen los que ocupan altos cargos en la administración pública. Hoy en día, los controles no existen; si existen, no funcionan; y si funcionan, se encubre a los culpables.

Sin embargo, no todo está mal. La experiencia diaria nos indica que muchos individuos que ocupan cargos públicos son personas decentes y responsables.

Entre aquellos que tienen cierta relevancia funcional dentro de las estructuras del Estado, las cualidades morales se distribuyen según una frecuencia que indica que el 30% de ellos son plenamente honrados y, en cualquier momento o bajo cualquier tentación que se les presente, obran de acuerdo con principios éticos. Pero el 20% tiene un comportamiento abiertamente delictivo cuando las circunstancias se lo permiten. Y el grueso del 50% restante suelen ser tan probo como se lo permitan los controles y el funcionamiento de sistemas preventivos, que sirven para impedir que tales funcionarios caigan en el delito.

Hace ya un tiempo, en Estados Unidos se analizaron los tipos de delitos y fraudes cometidos en la administración pública de países avanzados y emergentes. Llegaron a determinar qué lugar de importancia ocupaba cada uno de los casos de corrupción detectados.

Si examinamos esos datos, podríamos asegurar empíricamente que ello está ocurriendo del mismo modo en nuestro país.

Tipos de delitos y fraudes en el Estado

La abrumadora ola de corrupción que nos rodea tiene, además, origen en diversas causas.

La más importante es que, al concentrarse todo el poder en cabeza del presidente, éste termina perdiendo el control de la situación y se hace responsable de todo lo que se haga por debajo de él. Cuando no se sabe organizar el Estado con delegación de autoridad, se produce una concentración explosiva de responsabilidad.

La segunda –aunque no menos grave– causa de corrupción radica en la propia y enfermiza idea de concentración de poder. Porque para llevarla a la práctica es necesario colocar en los cargos claves a monigotes que carecen de principios y de iniciativa personal, que se proclaman “soldados del presidente”. Los sistemas de controles preventivos y de controles directos imprescindiblemente deben estar a cargo de personas competentes, insobornables y que actúen con independencia respecto del superior.

Una de las áreas donde más se concentran los fraudes y delitos cometidos con el dinero de los contribuyentes son el sector de la generación, transporte y distribución de la energía; las redes de gas; los acueductos de agua potable; y la construcción de rutas y autopistas.

La corrupción se genera como consecuencia de la idea intervencionista que predomina en el Gobierno, donde el Estado no se conforma con regular, sino que también quiere participar en los negocios privados.

Sería importante que tanto la candidata oficial a la presidencia de la Nación, como todos los que aspiren a ser competidores suyos en la próxima contienda electoral, hablen claro a los habitantes de este país y propongan alternativas para impedir que la vergüenza de los últimos escándalos vuelva a repetirse.

Las alternativas a proponer pueden reducirse a tres conjuntos emblemáticos:
a. el intervencionismo estatal
b. la privatización por concesiones
c. el capitalismo de usuarios.

El intervencionismo estatal con participación de amigos es el esquema que ha venido imperando en estos cuatro años de gestión del kirchnerismo. En varias oportunidades se ha declarado públicamente el empeño en crear una nueva burguesía nacional, compuesta por amigos con quienes se comparten el poder y negocios. Ese intervencionismo comenzó a estructurarse en el momento en que se desconocieron los contratos de servicios públicos privatizados. Continuó con la sanción de la ley destinada a facturar “cargos específicos” a empresas privadas, lo cual significa cobrar inversiones como si fueran gastos, para que el Estado se apropie del capital instalado. El mismo intervencionismo proseguirá con un aumento de la tarifa domiciliaria sin reducir ni un ápice los impuestos cargados a la misma. Con tales fondos se constituyen fideicomisos para licitar la construcción de usinas, redes de transmisión y gasoductos, encargando a una empresa de amigos la administración política del servicio.

La privatización por concesiones consiste en convocar a inversores extranjeros y facilitarles la integración de capitales por reconocimiento de un mayor valor a los títulos públicos que posean. Luego, se licita la concesión por 25 años y se firma un contrato que prevé el funcionamiento de un ente regulador complaciente. Con este esquema, el inversor extranjero financia el mejoramiento del servicio con créditos internacionales que amortiza con las tarifas, incluyendo sus gastos operativos y una ganancia razonable. Al final de la concesión, si no hay prórroga del contrato, el Estado se queda gratuitamente con todas las instalaciones e inversiones realizadas en el período de concesión.

El capitalismo de usuarios es una tercera alternativa, jamás ensayada en nuestro país porque los políticos quieren meter la mano en cuanto negocio muestre signos de jugosa rentabilidad. Este sistema consiste en transferir al sector privado las operaciones monopolizadas por el sector público, bajo condiciones de competencia abierta. Ha tenido un formidable éxito en Canadá y Nueva Zelanda. Bajo este esquema, el Estado se despoja de sus acciones en empresas de servicios públicos y las devuelve a los usuarios en proporción a los consumos de los últimos años. Tales títulos son acciones virtuales que se convierten en acciones reales si los usuarios suscriben un aumento de capital en la proporción necesaria para brindar un buen servicio. Simultáneamente, el Estado elimina los excesivos impuestos aplicados sobre las tarifas, puesto que si su destino es realizar inversiones no existe mejor opción que dejar el importe a las propias empresas para que ellas lo capitalicen. A continuación, se licita un operador internacional con antecedentes en la gestión del servicio, quien sólo podrá cobrar sus gastos de operaciones más un “fee” u honorarios vinculados con la distribución de dividendos. En caso de que la actuación del operador no genere ganancias para ser repartidas en efectivo o en cupones para cancelación de insumos futuros, no cobrará el “fee” respectivo.

Como puede verse, en este último caso es imposible que ocurran casos de corrupción tan bochornosos como los que estamos presenciando. Y aun cuando sucedan, siempre será lo que el presidente Néstor Kirchner hubiera querido que fuera en la actualidad: se tratará de una cuestión entre privados que se soluciona con una adecuada denuncia penal por el delito cometido.

Sólo resta esperar que los candidatos al cargo presidencial dejen de lado la palabrería hueca de discursos sin sentido y nos expliquen qué piensan hacer para terminar con las valijas, las bolsas en los baños de ministerios, los sobreprecios y toda clase de malversaciones. © www.economiaparatodos.com.ar

Antonio Margariti es economista y autor del libro “Impuestos y pobreza. Un cambio copernicano en el sistema impositivo para que todos podamos vivir dignamente”, editado por la Fundación Libertad de Rosario.