Las próximas elecciones guatemaltecas giran en torno a la violencia. Cada vez es más frecuente. En México, Brasil, El Salvador, Honduras, Colombia, Argentina y Venezuela sucede lo mismo. La violencia callejera es la obsesión nacional. En el pobre país de Hugo Chávez, durante sus ocho años de caótico mandato, más de cien mil venezolanos han sido asesinados y apenas el tres por ciento de esos casos han sido sancionados por los tribunales. Caracas es Bagdad sin mezquitas y sin americanos. Cuando la inseguridad es excesiva, esta sensación de indefensión se coloca a la cabeza de las prioridades. Tener trabajo es importante, pero seguir respirando y no vivir aterrorizado son factores aún más valiosos. Es muy desagradable mirar constantemente hacia atrás con el temor de sufrir una agresión fatal. Es el momento, dicen las encuestas, de la «mano dura´´.

Puede ser, pero la ´´mano dura´´ es la prueba de que el Estado de Derecho no funciona y por ello se recurre a una policía feroz de palo y tentetieso. No se trata de que súbitamente se hayan multiplicado los malos. En el fondo es un problema sistémico. La legislación es inadecuada. En general, no abundan los buenos parlamentarios y dentro de ellos hay muy pocos expertos en derecho penal o procesal. Tampoco se cuenta con reflexiones solventes de especialistas en criminología. Cuando Rudy Giuliani decidió combatir el crimen en New York –y logró diezmar a los malhechores– comenzó por revisar las buenas teorías sociológicas que explicaban la proliferación de los delitos y las formas de atajarlos. Siempre hay que partir de un presupuesto teórico.

En América Latina los jueces, fiscales y defensores, con excepciones, padecen una formación deficiente porque la carrera de derecho ha ido devaluándose paulatinamente. El que no sirve para otra cosa –afirma el dicho popular– se hace abogado (o maestro). Los funcionarios del poder judicial suelen estar abrumados de tareas y no cuentan con los medios materiales necesarios para impartir justicia rápida y equitativamente. Trabajan en instalaciones destartaladas, muchas veces carentes hasta de buenos archivos. A la policía le sucede lo mismo: poca formación académica, recursos limitadísimos y un salario miserable. Con frecuencia, los delincuentes están mejor armados que ellos y son infinitamente más poderosos.

El problema radica en que tener un buen Estado de Derecho requiere tres elementos esenciales: la decisión colectiva de colocarse bajo la autoridad de la ley (el factor cultural), una clase dirigente capaz de hacer un diagnóstico profundo y de arbitrar soluciones (el factor intelectual), y enormes cantidades de recursos materiales (el factor económico). Un buen Estado de Derecho implica disponer de universidades exigentes, legisladores sagaces, jueces probos muy bien educados, rodeados de asistentes competentes, y policías razonablemente adiestrados y pagados. Todo eso cuesta mucho dinero.

¿Cómo se consigue esa plata? Sólo se conoce una manera: creando un denso tejido empresarial que genere suficientes excedentes. La riqueza sólo se produce en las empresas exitosas que obtienen beneficios, invierten, crecen y pagan impuestos. Fuera de ese mecanismo sólo queda pedir prestado o asaltar al prójimo. El Estado de Derecho británico, con su pintoresco parlamento, sus solemnes magistrados con peluca, su Scotland Yard y sus bobbies existen porque el aparato productivo del país es capaz de pagar la factura. Si producimos poco y, por lo tanto, apenas contamos con excedentes, la calidad del sector público necesariamente tiene que ser mediocre o mala.

Esa verdad de Perogrullo nos precipita a una deducción inevitable: aquí no existe el dilema del huevo o la gallina. El alivio de los problemas (jamás se solucionan del todo) comienza por la creación de una base material capaz de costear un Estado eficiente, y eso significa echar los cimientos de una sociedad hospitalaria con las inversiones y la creación de empresas. Un Estado de calidad requiere un tejido empresarial de calidad. Así de simple.

Fuente: El Diario Exterior.com