Parece bastante claro que este despliegue de nombramientos de militantes en todos los niveles de la administración pública se ha transformado en una verdadera tentativa de defraudación al fisco

Creo que no hay ninguna provincia que no tenga algún problema en sus cuentas públicas. Posiblemente el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires tenga más en orden sus números, pero el resto está colapsado. Y están colapsados porque los estados provinciales y municipales se han transformado en generadores de falsos puestos de trabajo. Ya veníamos de décadas de un estado sobredimensionado, con infinidad de reparticiones públicas que no tenían ningún sentido de existir. Con el kirchnerismo llegamos a la saturación total del estado como lugar para nombrar “empleados” que no cumplen ninguna función y mucho menos alguna función útil para el contribuyente.

Esta explosión de “empleados” estatales en las provincias, que pasó de 1.766.600 en 2003 a 3.045.900 en 2015 fue posible gracias a diferentes mecanismos de financiamiento, pero, fundamentalmente, a la enorme presión impositiva que nos impuso el estado para financiar éste delirio. Si a los empleados públicos les agregamos aquellos que viven de planes “sociales”, buena parte de los habitantes de Argentina no trabaja y consume lo que producimos unos pocos.

Ahora bien, yendo al tema de las provincias en momentos en que se debate el tema de la coparticipación federal, queda claro que la mayoría de las provincias y municipalidades se llenaron de “noquis” porque los gobernadores e intendentes no tenían que hacer un gran esfuerzo de recaudar porque el estado nacional se encargaba y se encarga de asumir el costo político de recaudar y las provincias tienen el beneficio político de gastar. En rigor, el kirchnerismo tuvo la habilidad de hacer el gasto político de recaudar pero aprovechar para también tener el beneficio político de gastar, porque los gobernadores pasaron a ser simples aplaudidores en los monólogos de Cristina Fernández desde el atril cuando hablaba por cadena.

Lo cierto es que Juan Bautista Alberdi y su Constitución de 1853 no incluía la coparticipación federal. La nación se financiaba con los recursos de aduana y del correo, y de paso aclaro que tampoco la Constitución de 1853 hablaba de democracia sino que definía como forma de gobierno representativa republicana federal. Las provincias se financiaban con los impuestos que ellas imponían. Este esquema realmente federal de financiar los gastos de la nación y de las provincias le otorgaba un verdadero federalismo al país porque las provincias no dependían del gobierno central para financiar sus gastos.

El embrollo de la coparticipación federal de impuestos aparece incipientemente con la crisis de 1890 y toma mayor envergadura ya en el siglo XX en la década del 30. Pero termina de desbocarse con la ley de coparticipación federal de 1973 que pasa a ser redistributiva. Es decir, unas provincias empezaron a financiar a otras.

El problema fundamental del sistema de coparticipación federal es que separa la responsabilidad política de recaudar del beneficio político de gastar, con lo cual potencia el gasto de las provincias. Si no hubiese coparticipación, si una provincia gasta demasiado, no se lo financia un señor que vive en otra provincia, sino que es el gobernador de la misma provincia que aumentó el gasto público el que tiene que poner la cara ante sus contribuyentes, que son sus votantes, y decirles que les va a cobrar más impuestos. La ausencia de coparticipación federal lleva a ser más austeros a los gobernadores por una cuestión de conveniencia política.

Por supuesto que el gobernador puede desbordarse en el gasto, cobrarle más impuestos a los sectores de mayores ingresos de su provincia, pero al final del camino se encontraría con que perdería inversiones, puestos de trabajo y tendría un serio problema de desocupación.

En los últimos 12 años el kirchnerismo ha impulsado la cultura de la vagancia. De llenar el estado de inútiles militantes que cobran buen dinero por no hacer nada. Y esa estrategia la acentuó en los últimos meses de gestión cuando Cristina Fernández aceleró el nombramiento de empleados que son militantes de su corriente política al saber que perdía el poder. Por otro lado, hizo que echarlos de esos cargos le costará caro al contribuyente. Creo yo que cabría a Cristina Fernández una fulminante denuncia penal  por tentativa de defraudación al fisco. Obvio en este solo caso. Después seguirá el largo listado de descarados contratos, etc.

Volviendo al  tema de la coparticipación, me inclino por volver a un verdadero federalismo fiscal en que la nación se financia con los recursos de aduana y tal vez algún impuesto más, concentrando sus gastos solo en defensa, seguridad, justicia, legislación, relaciones exteriores y lo que tiene que ver con la administración del estado nacional.

Las provincias deberían asumir el mismo tipo de gasto a nivel provincial pero cobrando sus propios impuestos. Lo que digo es que deberíamos volver al espíritu de la Constitución Nacional de 1853 y terminar con  la coparticipación federal.

Imagine el lector el gran lío que puede haber para que sancionar una nueva ley de coparticipación federal. Habría que debatir dos niveles de reparto. Primero la coparticipación primaria, es decir, de la recaudación de los impuestos coparticipables, cuánto se queda la nación y cuánto las provincias. Una vez definido ese porcentaje vendría lo más complicado: de los impuestos coparticipables, cuánto correspondería a cada provincia. Qué porcentaje se llevaría cada una.

En el debate de la coparticipación secundaria, las provincias más chicas pretenderán ser financiadas por las provincias más ricas. Es decir, un sistema redistributivo. Un sistema que impulsa el populismo.

Se argumentará que provincias más pobres no podrían sostener su gasto público. Bien, ahí volvemos al debate de los 90 cuando se hablaba de regionalizar la administración del país. Es decir, que 3 o  4 provincias tuvieran una sola legislatura, un solo poder judicial y un solo ejecutivo. En ese momento ya se rechaza la idea porque, obviamente, los políticos querían usar el estado para acomodar a sus seguidores políticos en las reparticiones públicas estatales. Sin embargo, a mi juicio, sigue siendo una salida razonable.

En definitiva, no pretendo que el gobierno de Macri solucione un problema que tiene 80 años de existencia como es la coparticipación. Es más, no sé si el presidente  coincide con la idea de terminar con la coparticipación. De lo que sí estoy convencido es que la coparticipación lleva a la irresponsabilidad fiscal.

Por otro lado, mucho se ha llenado la boca el kirchnerismo contra el endeudamiento público del pasado, sin embargo ha dejado al país más endeudado que cuando fuimos al default en 2001 y, encima, parece bastante claro que este despliegue de nombramientos de militantes en todos los niveles de la administración pública se ha transformado en una verdadera tentativa de defraudación al fisco. Otro delito más por los que deberían responder Cristina Fernández, gobernadores y muchos intendentes.