Los líderes de América Latina aparentemente están de acuerdo con los gobiernos militares, siempre y cuando sean dictaduras comunistas

Mientras los gobiernos de América Latina corrieron a respaldar la supuesta elección de Nicolás Maduro, acólito de Hugo Chávez, como presidente de Venezuela la semana pasada, el espíritu de Augusto Pinochet seguramente se estaba arrepintiendo de no haber regido como estalinista. Los líderes de América Latina aparentemente están de acuerdo con los gobiernos militares, siempre y cuando sean dictaduras comunistas.

Incluso el Consejo Nacional Electoral de Venezuela, controlado por el gobierno, le dio a Maduro un margen de victoria de menos de 2% en los comicios llevados a cabo el domingo, 14 de abril. Para el jueves, dudas series sobre la veracidad de una victoria tan estrecha obligaron a Maduro a aceptar una revisión del conteo y de las irregularidades denunciadas por el candidato de la oposición, Henrique Capriles.

Brasil ahora sugiere que jugó un papel importante en la aceptación de la auditoría. Pero eso no detuvo a la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur) —que incluye a todos los gobiernos de América del Sur pero es dominada por Brasil, Argentina, Bolivia, Ecuador y Venezuela— para que reconociera a Maduro como el ganador el viernes en una reunión de emergencia y a puertas cerradas en Lima. México ya lo había hecho. Mientras tanto, en Caracas, el líder del congreso unicameral había anunciado que ningún miembro de la oposición podría hacer uso de la palabra hasta que reconocieran a Maduro como el nuevo presidente.

Se les puede perdonar a los venezolanos por dudar que el recuento producirá un resultado justo, o que a Unasur le interesa conseguirlo. Durante 14 años en el poder, Chávez privó a las personas de sus derechos de libre expresión y del debido proceso, y casi eliminó a los medios independientes. También puso a Cuba a cargo del sistema de inteligencia y de seguridad estatal. Decenas de miles fueron asesinados en el caos que inspiró, y hay bastante evidencia para sugerir que la intimidación del gobierno influyó en los últimos comicios.

En un mundo mejor tal represión habría provocado objeciones de la Organización de los Estados Americanos. Su Carta Democrática es un compromiso de todos los miembros a respaldar los principios democráticos en todo el hemisferio. Pero desde que la carta fue ratificada en 2001, la OEA no ha hecho nada para poner alto a la destrucción del equilibrio de poderes por parte de caudillos izquierdistas como Chávez. La organización ha empleado su poder, bajo el liderazgo del secretario general José Miguel Insulza (un socialista chileno) desde 2005, para golpear a países que se resisten a lo que Chávez llamó «el socialismo del siglo XXI».

Honduras, que retiró constitucionalmente a su presidente por un intento de acaparar más poder en 2009, es un buen ejemplo. En lugar de respetar la soberanía de la nación y su cumplimiento de la ley, la OEA suspendió la membresía de Honduras e intentó aislarla. El máximo traidor fue el entonces presidente de México, Felipe Calderón, quien invitó al depuesto Manuel Zelaya a México y lo agasajó como el legítimo jefe de estado.

Los líderes regionales también trabajan tiempo extra para alentar la dictadura cubana, uno de los infractores más notorios de los derechos humanos. En 2011, en Caracas, formaron su propio club de 33 naciones llamado Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños para poder excluir a Estados Unidos y Canadá. Celac nombró a Raúl Castro como su presidente en la reunión de enero en Santiago.

El presidente chileno Sebastián Piñera celebró esa decisión. Una ironía es que solo un mes antes, Castro le negó a Rosa María Payá —la hija del famoso disidente cubano Oswaldo Payá— el permiso para viajar a Chile para un seminario. Otra es que Piñera, un multimillonario, nunca habría disfrutado las oportunidades que ha tenido en Chile si las ambiciones de Castro se hubieran hecho realidad allí hace 40 años.

Ahora, los venezolanos luchan por su libertad, este triste conjunto de ideólogos izquierdistas están encantados con Maduro, y los pragmatistas de centro-derecha —principalmente en México, Colombia y Chile, a los que parece solo importarles cómo posicionarse mejor para otros seis años de chavismo— no aportan nada. Los venezolanos merecen algo mejor.

La contienda del 14 de abril no ofreció ni una transparencia mínima. El equipo de Capriles nunca pudo inspeccionar los resultados de la auditoría parcial realizada la noche de las elecciones. La oposición también dice que sus testigos electorales fueron expulsados de cientos de centros de votación, y que en muchos lugares los electores eran seguidos a las urnas por supervisores del gobierno.

Más de 100.00 venezolanos cumplieron 18 años en los últimos seis meses pero no recibieron la oportunidad de registrarse para votar. La oposición asegura que a más de 500.000 venezolanos que viven en el exilio también les fue negado el registro electoral al que tienen derecho por ley.

Maduro probablemente no cederá desde el Palacio de Miraflores. Su gobierno —y Cuba— tendrían mucho que perder. Pero aun así vale la pena encender una vela para desafiar la legitimidad del proceso en lugar de simplemente maldecir la oscuridad. En algún momento, el sistema actual colapsará y Venezuela intentará reconstruir una sociedad libre. Sería bueno si los vecinos de Venezuela conservan al menos una pizca de autoridad moral cuando llegue ese momento.

Fuente: http://www.eldiarioexterior.com/